La legisladora provincial indicó “cuando repasamos el diario de sesiones de la Convención, vemos que los constituyentes incorporaron este precepto motivados por la fuerte convicción de recuperar la banca pública como herramienta para el desarrollo económico y social de Entre Ríos”. Y añadió “no es casualidad que después de las vicisitudes que le ha tocado vivir a la emblemática institución bancaria a lo largo de la historia, se vuelva recurrentemente a la necesidad de contar con un instrumento financiero provincial de fomento con sentido de justicia social”.
El Banco Provincial sería el encargado de realizar todas las operaciones propias del giro bancario, así como promover el desarrollo de la actividad agropecuaria, industrial, comercial, turística, minera y de servicios para fomentar e incrementar el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social. Igualmente buscaría facilitar el acceso a la vivienda rural y urbana mediante préstamos hipotecarios, fomentando la colonización agraria y el desarrollo de granjas en Entre Ríos, asistiría preferencialmente a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, mutuales y toda otra institución asociativa de la provincia.
La diputada provincial señaló que “se trata de retomar una vieja tradición, de recuperar una herramienta al servicio de la producción y el trabajo, que sea distribuidora de riqueza y de oportunidades para todos los entrerrianos”.
En la iniciativa se establece que el Banco de la Provincia se constituirá como una sociedad anónima en la cual el Estado Provincial no podrá tener ni más ni menos del cincuenta y un por ciento del capital accionario el que no podrá ser transferido por ningún título. Además, el cuarenta y nueve por ciento restante se reserva para el capital privado que deberá estar suscripto en el inicio de las operaciones del banco.
El Estado priorizará tener como socios accionistas a instituciones de la provincia que representen a los sectores de la producción y el trabajo, colegios profesionales, cooperativas, sindicatos, asociaciones de pequeños y medianos empresarios, asociaciones agropecuarias, entre otras.
En el proyecto se consigna que el capital del Banco de la Provincia de Entre Ríos S. A. estará constituido por doscientos millones de pesos. Ese aporte del capital del Estado Provincial estará constituido por cuotas anuales, cuyo monto se preverá en el Presupuesto, formado con una pequeña parte de los aportes provenientes de los fondos excedentes derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande y el patrimonio propiedad del fisco en la sociedad SIDECREER, que se incorporará al Banco de la Provincia de Entre Ríos.
En tanto, el aporte del capital del sector privado se hará mediante la adquisición de acciones de cien pesos cuyas condiciones de emisión y pago serán fijadas por el Poder Ejecutivo en arreglo a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina y demás organismos nacionales y provinciales con injerencia en la materia.
En este orden, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, realice las modificaciones presupuestarias necesarias para comenzar a integrar el capital inicial del banco y lleve adelante las acciones conducentes hasta que el Banco pueda operar.
La Administración y Fiscalización del Banco de la Provincia de Entre Ríos S. A. estará a cargo de un Directorio compuesto por un Presidente, cuatro Directores y dos Síndicos. El Presidente, dos Directores y un Síndico representarán al Estado Provincial; dos Directores y un Síndico serán designados por los accionistas representantes del capital privado.
El Presidente, los Directores y el Síndico representantes de la Provincia, serán seleccionados por el Poder Ejecutivo por concurso público; luego se elevarán al Senado para su acuerdo y durarán tres ejercicios en sus cargos.
Para D´Angelo “es central la factibilidad de concretar la capitalización en cuatro años si se toma como condición para la recuperación de nuestro banco, que no prospere la renovación del contrato de Agente Financiero con el Nuevo BERSA que vence en septiembre de 2015”.
“La incorporación que hicieron los constituyentes de 2008 a la Carta Magna provincial de la autorización para la re creación del Banco de Entre Ríos, es una de las decisiones progresistas y osadas de la Convención, que debe ser acompañada por la Legislatura, iniciando el camino de la recuperación”, concluye el texto dedicado a fundamentar este proyecto de ley.