Denuncia pública respecto del voto optativo a los 16 años

En ese sentido, y a modo de resumen, me permito reproducir textualmente resolución dictada por la Cámara Nacional Electoral en causa: “Vázquez, Juan Antonio s/formula peticiones” (Expediente número 4.634/2009 CNE) -Buenos Aires- Fallo número 4.727/2011 ///Buenos Aires, 18 de octubre de 2011-. Y vistos: los autos “Vázquez, Juan Antonio s/formula peticiones” (Expediente número 4.634/09 CNE), venidos del juzgado federal con competencia electoral de Buenos Aires, en virtud de los recursos de apelación interpuestos y fundados a fojas110/111, fojas 112/114 vta. y fojas 115/116, contra la resolución de fojas 109/vta., obrando el dictamen del señor fiscal electoral actuante en la instancia a fojas 125, y”.

Considerando: informando el dictamen de mayoría que impulsaba el sufragio obligatorio, se expresó que “implícitamente el voto es un derecho, desde que siendo el pueblo la fuente de toda soberanía, residiendo en él la facultad, la potestad generadora de los poderes públicos, es evidente que al pueblo no se le puede privar de ese derecho, (ni al) ciudadano (como) componente de ese pueblo. Entonces, la comisión ha creído que debía pasar por alto esta parte y optar sólo por la segunda, es decir, declarar que el voto es una obligación” (cf. intervención del miembro informante diputado Fonrouge, op. cit., p. 116). Se aludía allí, en sustento de tal posición, a “la necesidad de que por todos los medios posibles el pueblo elector argentino salga de la apatía cívica en que vive, que se le provoque por todos los medios a la actividad cívica. No basta, pues, que se haya puesto al ciudadano en posesión de su derecho electoral por medio de la papeleta de enrolamiento; es necesario que la ley obligue al ciudadano a ir al comicio a cumplir con ese deber, estableciendo penalidades”.

“También en sentido favorable a la referida previsión legal, expuso otro legislador que no debía entenderse “el voto obligatorio sólo desde el punto de vista de remedio contra el abstencionismo, sino (desde) la conciencia clara de que el voto en (el ciudadano) no es sino una función que cumple como miembro del cuerpo electoral” (cf. intervención del diputado Zambrano, op. cit., p. 351). Añadía que “el voto obligatorio es de la esencia misma del régimen electoral, y la consecuencia principal que se deriva de haber concebido el voto como una función es que el ciudadano está obligado a votar, como todo funcionario está obligado a desempeñar las funciones de que se encuentra investido, siendo la del elector una carga a la cual no puede substraerse definitivamente”.

Vale advertir que -sin perjuicio de las otras razones expuestas por nuestros constituyentes- tal perspectiva no fue desconocida en el seno de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Por el contrario, allí se expresó sobre la obligatoriedad del voto que “es importante reafirmar este principio que obra como mecanismo igualador de la sociedad para poder elegir sus representantes, que son quienes toman las decisiones que deben estar siempre encaminadas hacia el bien general” (cf. intervención del convencional Prieto, Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994 cita, páginas 6.054 y 6055). Añadió el mismo convencional que, en caso de prescindirse de la obligatoriedad, se verifica que hay sectores sociales -“especialmente en los sectores desposeídos”-, que “quedan discriminados del sistema político, porque justamente perciben que con el voto no pueden incidir en la modificación de su realidad”.

Concluyó allí que, “en la medida en que en la Argentina quede cristalizado para los tiempos el voto obligatorio, todos los sectores políticos y sociales van a seguir teniendo incidencia en los mecanismos de elección para, de esa forma, contribuir a la solución de sus problemas”.

10º) Que, como es sabido, el carácter obligatorio del sufragio fue incorporado expresamente al artículo 37 de la ley fundamental en el año 1994. “Al respecto, es importante destacar que la Constitución es la norma superior de un estado, que lo organiza política y jurídicamente y a través de ella la sociedad puede integrar los diferentes elementos que componen su sistema político, puesto que son las normas constitucionales las que garantizan el principio de la libertad y su permanencia. Así, en el marco de las normas fundamentales, se asegura que la vida social y política de una Nación transite por dicho cauce generando las condiciones de legitimidad del sistema, dentro del proceso de la democracia. En este sentido, la ley fundamental está llamada a contemporizar y a complacer hasta cierto grado, las exigencias contradictorias de la sociedad, para combinarlas con prudencia y del modo posible con los intereses del progreso general del país (cf. Alberdi, Juan B., Bases, Plus Ultra, Bs. As., 1994, p. 118)”.

En otras palabras, “llamamos a nuestro documento una Constitución porque le adjudicamos el poder de constituir o construir la sociedad en que vivimos” (Carter, Lief H., Derecho Constitucional. Además, toda organización política se estructura en torno a un determinado proyecto en común y para su realización se requiere que los ciudadanos se movilicen en forma conjunta. La mayor amenaza de la vida social en nuestros días “no lo constituye el despotismo, sino la fragmentación,[y ella] aparece cuando la gente comienza a considerarse de forma cada vez más atomista, dicho de otra manera, cada vez menos ligada a sus conciudadanos en proyectos y lealtades comunes (cf. Taylor, Charles, La ética de la autencidad, Paidós, Barcelona, 1994 cit. en Santiago (h), Alfonso, En las fronteras entre el Derecho Constitucional y la Filosofía del Derecho, Marcial Pons, Bs. As., 2010, p. 99)”.

“También se consideró conveniente “tomar partido en la Constitución y definir que el voto será obligatorio”, como una forma de dirimir -de conformidad con “nuestra tradición (que) se opone al voto facultativo”- la moderna discusión al respecto (cf. intervención del convencional Ortiz Pellegrini, op. cit., p. 6081)”.

Asimismo, se sostuvo que “la obligatoriedad del voto es el reaseguro de la democracia, (y) va a permitir la más genuina de las representaciones políticas” (cf. intervención del convencional Cullen, op. cit., pág. 6045).-....Se resaltó que “la igualdad, el secreto y la obligatoriedad son piezas fundamentales para el ejercicio de [la democracia, y] la obligatoriedad hace a la necesidad de asegurar a través del voto la posibilidad del ejercicio de la soberanía popular” (cf. intervención del convencional Lorenzo, op. cit., pág. 6092).-

Se remarcó que “el voto obligatorio en la Argentina se vincula a la democracia y a la historia de las reivindicaciones populares, (y) ese salto cualitativo que representa la incorporación, no sólo en la ley sino también en la Constitución, del voto obligatorio está vinculado con la creación de los sujetos políticos que han brindado en otra época una ampliación de la participación, que han permitido una verdadera movilidad social y la incorporación a la vida política de los inmigrantes, de los trabajadores y de las mujeres” (cf. intervención del convencional Rosatti, op. cit., pág. 6115)”.

“En tales condiciones, la obligatoriedad del sufragio, al hallarse incorporado en la Constitución y el Código Electoral Nacional; estar -como ha quedado expuesto en los considerandos que anteceden- orientada a finalidades legítimas de nuestro sistema democrático, respondiendo a una necesidad social o interés público imperativo; y ser proporcional -como medio idóneo menos restrictivo de los derechos políticos- y adecuado al logro de los objetivos legítimos mencionados, satisface en nuestro país el estándar establecido (cfr. parágrafos 174 a 204 del fallo citado)”.

“Por lo demás, ya en el año 1933 la Corte Suprema tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la materia. En esa ocasión, el Alto Tribunal enfatizó que “el medio esencial de poner en ejercicio (la) soberanía es el voto de los ciudadanos a efecto de constituir, directa o indirectamente, las autoridades de la Nación” (Fallos 168:130), razón por la cual -según afirmó- “esta prerrogativa preciosa del ciudadano es irrenunciable, por cuanto constituye el fundamento del gobierno, sin el cual no es posible la existencia del Estado” (Fallos cit.). Añadió, además, que “la facultad de compeler a los ciudadanos al ejercicio del voto, sea éste, derecho, deber o función política, es inherente a [...] la vida misma de la República” (Fallos cit.)”.

“Por todo lo expuesto, oído el señor fiscal actuante en la instancia, la Cámara Nacional Electoral Resuelve:

1º) Declarar carente de interés jurídico actual pronunciarse respecto del recurso de fojas 115/116; y

2º) Confirmar la sentencia apelada.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen. Rodolfo E. Munné - Santiago H. Corcuera – Alberto R. Dalla Via - Ante mí: Hernán Gonçalves Figueiredo (secretario de Actuación Judicial)”

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