El escrito de la elevación a juicio del expolio a desaparecidos, cita elementos documentales y testimoniales reunidos en el expediente, anunciando que los propietarios de los bienes objeto de investigación, fueron los desaparecidos Victorio Cerutti, Omar Raúl Masera Pincolini y Horacio Mario Palma, secuestrados entre el 11 y 12 de enero de 1977 y vistos después en la ESMA, luego definitivamente desaparecidos. Estas tres personas eran dueñas de tierras en Mendoza por un valor que ascendería a 20 millones de dólares, cuya titularidad ostentaba la sociedad Cerro Largo SA.

La resolución del juez de Instrucción Federal manifiesta que Victorio Cerutti tenía el cargo de vicepresidente de la firma hasta el 31 de diciembre de 1976, pocos días antes de su desaparición; agrega que Masera Pincolini era gerente de la misma y que su esposa, María Beatriz Cerutti (hija de Cerutti), fue obligada por los secuestradores “a entregar la documentación obrante en su poder que tuviera relación con la mencionada sociedad”; y por último el magistrado cita que Palma era “accionista” de Cerro Largo SA, y su presidente.

El juez termina los considerandos de su pronunciamiento advirtiendo que desde la ESMA, los apropiadores de Cerro Largo S.A, le cambiaron el nombre por el del Will Ri S.A, pasando a ser propietarios “oficiales de la Armada”, utilizando nombres falsos. Con posterioridad, Will Ri S.A “fue traspasada a la sociedad Misa Chico S.A, cuyos accionistas eran -entre otros- Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijo de Emilio Eduardo Massera)”.

De acuerdo a lo que consigna el informe periodístico de Gasparini, con esto el juez concluye que los secuestros de Palma, Masera Pincolini y Cerutti, permitieron a los represores de la ESMA apropiarse de tierras en Chacras de Coria, Mendoza, de las que era titular Cerro Largo S.A; y a continuación el magistrado introduce el caso de Conrado Gómez “sin fundamento objetivo alguno”, equiparándolo a Palma, Masera Pincolini y Cerutti.

“Sin ofrecer prueba material, documental o testimonial, el juez le adjudicaría inesperadamente a Gómez el carácter de socio de Cerutti, y le concedería de inmediato una participación accionaria en Cerro Largo SA, relacionándolo abruptamente también con Palma y Masera Pincolini. Con este recurso de redacción el juez alteraría la verdad”, manifiesta el periodista y testigo de cargo en la megacausa ESMA. “Parecería que a través de una causa judicial penal se estarían dispensando derechos de propiedad a quien no los habría tenido”, reflexiona en el escrito.

Al respecto, el sobreviviente de la ESMA advierte: “La asignación al hijo de Conrado Gómez de bienes que no estaría probado que pertenecieran a su padre, contamina toda la causa. Lo grave es que, con toda seguridad, los abogados defensores de los represores detectarán esta anomalía, resultando evidente el riesgo que pedirán la anulación de todas las actuaciones, no sólo las relativas a la irrupción de Gómez en los bienes de otras tres personas”.

Y continúa: “Al plegarse sin razón ni prueba a la demanda de un hijo de un desaparecido, el juez y el fiscal convalidarían declaraciones presuntamente falsas en una causa de violación de los derechos humanos. Con este acto se pondría en tela de juicio la conducta irreprochable de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, quienes siempre han testimoniado a la luz de la verdad. También se empañaría la incansable lucha de la Organización No Gubernamental HIJOS por depurar lo acontecido con sus progenitores asesinados o desaparecidos, un combate por la verdad y por la justicia, sin nexo con disputas o codicias materiales”.

“Todo apuntaría a que, como se ha dicho, por conducto de una causa judicial penal se le estarían reconociendo derechos de propiedad a quien no los tuvo nunca. Sin embargo, nada de lo expuesto en esta crónica esencialmente motivada por el derecho a la verdad, exculpa a la horda de torturadores y asesinos de las Fuerzas Armadas y de seguridad que reprimieran desde y en la ESMA, y que son responsables de las desapariciones del conjunto de personas enumeradas en los escritos judiciales que se comentan en esta narración periodística, y de miles de otros, masacrados todos junto a sus bienes materiales y espirituales. Eso no está en discusión”, concluye Gasparini.