Así prosigue el texto: “En este plano, el artículo 40° de la Constitución Nacional de 1949 es profundamente y fundamentalmente revolucionaria ya que establece que "la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del Pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la Justicia Social. Y en este mismo artículo establece claramente que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son de propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación con correspondiente participación en su producto en convenio con las provincias.

Además establece que el Estado mediante una ley podrá intervenir la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguarda de los intereses generales dentro de los límites oficiados por los derechos fundamentales regulados en esta Constitución; salvo la importación y exportación que está a cargo del Estado. En consecuencia, la única reforma constitucional profundamente revolucionaria que tuvo este país, sancionada y promulgada por el General Perón e inspirada en el entrerriano constitucionalista Arturo Sampay fue la de 1949.

Por último, debemos destacar que nos parece muy bien que la Presidente actual haya promovido hoy en su discurso el tema de la limitación de extranjeros a la tenencia de la tierra en Argentina, para lo cual proponemos que un motivo de inspiración tiene que ser la reforma de la Constitución Provincial de 2008, la cual en su artículo 86° dice que: "La Provincia promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estimulo de la tenencia de la tierra por sus residentes.

La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante régimen tributario, alícuotas progresivos u otras políticas activas. Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional".