Los desaparecidos tuvieron a su hijo en España el 28 de agosto de 1979. Es decir que el juicio se iniciará justo un día después que el joven cumpla 32 años de edad, informó Telam

La pareja, regresó al país a principios de 1980, cuando se inició la denominada “Contraofensiva", pero fueron secuestrados y separados de su hijo y posiblemente asesinados en un centro clandestino de detención que podría ser la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en la Capital Federal o Las Cuevas en Mendoza.

La confirmación de la apropiación fue realizada en 2008 por el juez federal Miguel Lijo en Buenos Aires, quien ordenó restituir la identidad de Jorge Guillermo Martínez Aranda, como estaba inscripto en la embajada de México en España, donde nació y que en la Argentina había sido inscripto por sus apropiadores como Carlos Tejada.

El proceso será llevado adelante por los jueces Hugo Carlos Echegarayn de San Juan; Raúl Fourcaden de San Luis y Héctor Cortés, de Mendoza, y se realizará en San Juan porque los documentos apócrifos con que se le había dado una nueva identidad al niño secuestrado, habrían sido confeccionados en esta provincia.

En el juicio los fiscales serán Mateo Bermejo y Dante Vega de Mendoza y junto a ellos sostendrá la acusación Alan Iud, el abogado de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Según se informó oficialmente, el juicio tendrá 15 testigos, ya que aproximadamente otros 15 fueron desechados por las partes, con las particularidades de que la mayoría de ellos son de Buenos Aires y la provincia de Chaco, algunos de San Juan, un residente en Chile y una señora de edad avanzada, que declarará por teleconferencia.

Un dato curioso del caso, es que el imputado suboficial Tejada, adujo en el Tribunal que está afectado de una enfermedad que le impide hablar y por lo tanto se comunica con sus interlocutores a través de la escritura, lo que se estima que podría complicar el normal desarrollo de la audiencia.

En el comienzo del juicio a los apropiadores, que viven en libertad en San Juan, se leerán los tres requerimientos fiscales con las imputaciones que pesan sobre ellos.

Las imputaciones son la apropiación de menor, la falsificación de documentos públicos, ya que tanto el DNI como la partida de nacimiento y demás documentos del joven habrían sido falsificados, y por la sustitución de identidad, ya que el matrimonio lo inscribió como hijo propio.

En las jornadas posteriores serán recibidas las testimoniales en un juicio que en el Tribunal estiman que “será corto dado la poca cantidad de testigos”.

En tanto, los jueces deberán resolver un pedido de la defensa para que declare el joven apropiado y, según fuentes judiciales, “se decidirá sobre la marcha previa vista a la fiscalía y al querellante”.