De ANALISIS DIGITAL

Corría el año 2010 cuando la información comenzó a circular. Sergio Lifschitz, empresario de renombre en la ciudad de Paraná, había construido un muro de concreto en lo que en su momento fue el balneario Los Arenales de la capital entrerriana. Con dicha construcción se pusieron en el centro de la discusión dos cuestiones: por un lado la realización del mismo que va contra lo establecido en el Código Urbano del Municipio y por el otro presuntas irregularidades en la compra de los terrenos en durante los `90 en un acuerdo entre el empresario y el Municipio de entonces.

“La Defensoría toma intervención en diciembre del 2010 y hacemos una recomendación a pedido de vecinos del barrio Los Arenales, aduciendo obviamente que no se estaba cumpliendo con la normativa vigente en el Código Urbano. La normativa, que en el artículo 125 de la ordenanza dice que: ‘Cualquier cerramiento perimetral tiene que ser con alambre y cesto vivo’, es decir, no puede tener otro material como es en este caso que es de ladrillo”, señaló a ANALISIS DIGITAL el Defensor del Pueblo de Paraná Luis Garay.

En ese sentido, la Defensoría realizó una recomendación de que el muro se destruya por ser ilegal según lo establecido por la Ordenanza Nº 7717. Una vez realizada dicha recomendación fue el Municipio, entonces a cargo de José Carlos Halle, quién tomó el caso y llegó a un acuerdo con el empresario para que se derribe el muro, sólo dejando en pie los cimientos, para realizar la separación con malla sima y un cesto vivo.

Pasaron los años y cambió el Municipio, lo que no cambió fue el muro que sigue dividiendo con ladrillos a los ciudadanos que hasta el momento de su levantamiento tenían acceso al río y el empresario que haciendo abuso de poder realiza un emprendimiento personal. Incluso el caso tuvo repercusión nacional en un informe del programa Caiga Quien Caiga donde dichas irregularidades fueron expuestas para toda la ciudadanía del país.

“Entendemos que esto –el acuerdo entre el Municipio y Lifschitz- no se terminó de cumplir, nosotros pasamos en diciembre del año pasado y vimos que no había cambiado nada”, afirmó Garay. De hecho, lejos de ser un barrio privado, en la actualidad lo que antes era un balneario al cual tenía acceso la totalidad de la ciudadanía, hoy forma parte de un emprendimiento que posee una mansión y dos casas más pequeñas que están en construcción. “No se cumplió con lo que nosotros pedimos en su momento en la recomendación a que el Ejecutivo haga cumplir la norma que establece la ordenanza 7717”, sentenció el Defensor del Pueblo.

Las irregularidades en la compra de los terrenos

El 7 de noviembre de 2005, el Ejecutivo emitió el decreto 7560, instruyendo a la entonces Fiscal de Estado Claudia Mizawak –actual presidente del Superior Tribunal de Justicia- de que desista de la demanda contra el Municipio por la disputa de dichos terrenos (vale aclarar que Mizawak se excusó de la causa Arenales hace más de un año). De esta manera, dejaba el terreno en propiedad del municipio, y abría las puertas a que sea lícito el traspaso a manos de Lisfchitz del inmueble. Esta norma fue cuestionada a través de un par de acciones judiciales por las vecinas Irma Barriento y Adriana González, quienes contaron con el patrocinio letrado de, entre otros, María Emma Bargagna.

La primera fue pedir la inconstitucionalidad del decreto, mientras que por otro lado interpuso una medida cautelar para frenar el trámite de desistimiento en el expediente en el que litigan la provincia y el municipio, según publicó ANALISIS DIGITAL en su edición del cuatro de octubre de 2010. Este trámite, que se inició en febrero de 2006, tuvo, cinco años después, una resolución negativa al reclamo de las vecinas. En ese tiempo, el titular del juzgado Civil y Comercial Nº 4, Eduardo Federico Planas, rechazó el planteo de Barriento y González.

La Justicia avanzó en dicho sentido con el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial que abrió la puerta para que el Estado pueda desistir, si así lo decide, de un litigio que tenga como botín un espacio público. En noviembre del 2013 se conoció el fallo por el cual se avala dicho decreto del Ejecutivo que le permite dar un paso al costado en el caso del balneario Los Arenales, ubicado en la zona del Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis. El terreno fue entregado al empresario Gregorio Lifschitz, donde se desarrolla, hasta la actualidad, la obra del supuesto barrio privado Amarras del Sol.

Hasta el momento no ha habido novedad alguna sobre el fallo del STJ. Cabe mencionar que Claudia Mizawak, fiscal de Estado entonces y actual presidenta del STJ, ya re recusó de formar parte del fallo por haber sido parte del decreto de la polémica. Si el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se pronuncia en la misma dirección que las instancias judiciales anteriores, se estaría ante una jurisprudencia con una alta dosis de polémica contra la defensa de los espacios públicos a favor de un empresario ligado a la década de los ´90 y en detrimento de toda la ciudadanía.

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