Para el avance de ambos expedientes es de fundamental importancia el resultado de las pericias encargadas por el Juzgado a Gendarmería Nacional, cuando dispuso el apartamiento de la Policía provincial de la investigación.

Principalmente, el análisis del plomo que ingresó en el abdomen de Roxana Leguizamón y rozó al feto, obligando a los médicos del hospital San Martín a someterla a una cesárea y extraer al niño. También se ordenó el secuestro de la camioneta Ford Ranger, móvil 819 de la comisaría 9ª.

Fuentes policiales consultadas por El Diario manifestaron que las autoridades de la Jefatura están “tranquilas”, porque “tienen claro que el procedimiento policial del domingo a la madrugada se realizó dentro del marco de la ley”. Las mismas fuentes indicaron que ayer no hubo una comunicación oficial sobre el tema “para no entorpecer el trabajo del Juzgado”.

El comisario consultado aseguró que “el procedimiento fue el que corresponde, y hay al menos siete testigos del barrio que lo pueden corroborar”, y acotó que “para no dejar ninguna duda se dispuso que la instrucción de las actuaciones policiales se le encargaron al director de Asuntos Internos. De todos modos, la línea de la Jefatura de Policía es clara: si alguien actuó fuera de la ley deberá responder, pero en este caso hay muchos elementos que hacen pensar que se intervino como correspondía”.

A pesar de los intensos esfuerzos realizados por personal del Hospital San Roque de Paraná para salvarle la vida, en la tarde del martes falleció el bebé prematuro que debió nacer por cesárea luego de que su madre fuera baleada.

El deceso fue confirmado por el jefe departamental de la fuerza, Luis Albarracín.