La declaración de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, duró menos de una hora, entre su exposición inicial y las escasas preguntas que le formularon algunos pocos legisladores provinciales acerca de las tres denuncias que pesan sobre la magistrada por diferentes irregularidades. Medina insistió en que sus viajes fueron por “capacitación”, explicó los vuelos de lujo invitada por el empresario “amigo, casi un padre” Eduardo Eurnekián (al tiempo que hablaba de estar al servicio “de los más vulnerables”), afirmó que no tiene morosidad en las causas, aunque dijo que las demoras se deben a cuestiones “estructurales” del sistema judicial, entre otros aspectos. En la deliberación posterior, quedó claro que muchos de los diputados no la acusarán, así como el apuro de algunos de ellos en resolver el archivo de las denuncias lo antes posible. Una legisladora de la oposición habló de “presiones en el plano mediático”, aunque está claro que el único medio que denunció y publica en detalle las pruebas es ANÁLISIS. Una gran cantidad de evidencia quedó afuera del interrogatorio.
Luego de unos 15 minutos en que Medina trazó su biografía sin modestia alguna, la diputada Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Juicio Político, le dijo: “Me gustaría saber si durante ese periodo de las ausencias se pudo garantizar la continuidad del servicio judicial a través de los mecanismos que los reglamentos prevén dentro del Superior Tribunal de Justicia”.
La vocal del STJ respondió: “Sí, absolutamente. Nunca se interrumpió el servicio. Durante mis ausencias, durante mis licencias, jamás se interrumpió el servicio de justicia. Están a la vista las estadísticas. La ausencia de un vocal por menos de 30 días no suspende ni altera los plazos para resolver, porque el plazo que tenemos para resolver las causas es común. Si nos encontramos con comisión de servicio fuera o dentro de la provincia, tenemos firma remota, el trámite no se suspende, no se alteran los plazos para resolver y se firman las sentencias y resoluciones en el plazo acordado. Cada proceso cuenta con un registro público donde se consigna la fecha de ingreso y egreso. En mi vocalía no he registrado morosidad. Puedo afirmar categóricamente que las ausencias no implicaron abandono de funciones ni incumplimiento de deberes funcionales, de ninguna manera. No hubo abandono de cargo. La ausencia no puede constituir mal desempeño. Todas las licencias fueron autorizadas y provinieron del órgano competente. Es importante que desde el Poder Judicial podamos explicar mejor a la ciudadanía para evitar confusiones. Ausencia física y ejercicio efectivo de la función no hay incompatibilidad”.
Lena preguntó nuevamente: “¿Habría en el marco actual alguna confusión respecto a lo que es la ausencia física y el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional?”.
“No lo es”, dijo Medina, y agregó: “Hay confusión, sí. La gente cree que porque no estamos en el despacho no estamos trabajando. Eso es una falacia. Los jueces tenemos que salir de nuestros despachos y ver la vida y hablar con la gente y recuperar la confianza perdida en el sistema que tiene la gente (…). Hay gente que ha perdido todo y pone en nuestras manos sus más elementales derechos humanos, el nombre, la propiedad, la identidad de género, la familia, el trabajo, el presente y el futuro de su familia. Tenemos que ser conscientes que nuestras decisiones afectan a una familia, a una comunidad, a un pueblo. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestras decisiones”.
“¿Usted nos puede contextualizar la carga de trabajo que tiene el Superior Tribunal y la incidencia en los tiempos de la resolución y si existen en el Superior Tribunal de Justicia parámetros objetivos o plazos legales cuyo incumplimiento automático configure una posible causal de juicio político?”, volvió a preguntar la diputada y escribana.
Medina contestó: “Evidentemente cuando se habla de una posible morosidad en el dictado de una sentencia, deberíamos saber la cantidad y la diversidad de trabajo que tiene el Superior Tribunal de Justicia. Tenemos múltiples funciones, además de la jurisdiccional (…) También cumple funciones de gobierno, funciones protocolares, administrativas, de representación institucional, lo que la vuelve una función verdaderamente compleja y diversa. En materia laboral, en este momento estamos sacando sentencias en un plazo de ocho o nueve meses. Tratamos de sacar en tiempo y forma nuestras sentencias porque sabemos que detrás de esto está la gente y no puede esperar (…). La morosidad, sí, en algunos casos se da; hay casos complejos, no todos los casos son iguales. Hay que estudiarlos, leerlos, releerlos, repensarlos, buscar antecedentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también buscar precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los viajes que hice a la Corte el año pasado, ir a Bogotá lo hice por Avianca, y de ahí a Costa Rica, fui a firmar un convenio con la Corte de Costa Rica para que nuestros jueces y juezas puedan participar de cursos gratuitos de jurisprudencia de la CIDH. Muchas de mis ausencias fueron por capacitación porque entiendo que es para crecimiento individual y de fortalecimiento institucional y garantía para la democracia. Es un deber”.
La última pregunta de la presidenta de la Comisión fue: “¿Usted podía afirmarnos que no hubo una intención deliberada en dilatar causas ni direccionar resultados mediante la demora en el dictado de algunas sentencias? ¿Comparte que esto de la mora judicial debe analizarse como un problema estructural del sistema y no presumirse como una falta individual dolosa?”
“Absolutamente”, dijo la vocal, y prosiguió: “Comparto lo que usted dice, creo que hay que hacer un estudio profundo de una modernización del sistema judicial con procesos más ágiles. No crear tantos organismos ni nombrar tanta gente, eso ya no es necesario; lo que sí es necesario es modernizar, agilizar los procesos (…) No es fácil para la gente, la gente no entiende. Hay que hacerle la vida más fácil a la gente (…) Ese es un tema estructural, no es un tema personal ni individual de cada uno de los magistrados y funcionarios. He participado de muchos viajes, no los voy a negar... pero ninguno de sus viajes afectó el servicio de justicia. Jamás una sola de mis actividades académicas institucionales generó afectación, demora, perjuicio o alguna irregularidad en el ejercicio de mi función jurisdiccional. No tengo un solo expediente atrasado o un solo señalamiento funcional que verifique demora”.
Luego tomó la palabra el diputado de La Libertad Avanza, Roque Fleitas: “Según información oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, usted tiene 60 viajes al exterior entre 2016 y 2025. Tiene tres traslados internacionales realizados ida y vuelta en aviones privados identificados con matrícula N380S, con un costo de mercado de entre 240.000 y 400.000 dólares, una cifra exorbitante. ¿Estos viajes fueron costeados en forma personal, en el marco de alguna actividad institucional y quién habría afrontado estos gastos?”
“Mire diputado -comenzó la jueza. todos los viajes por capacitación y los viajes que he realizado para visitar a mi familia, los he solventado de mi propio peculio personal, excepto esos viajes que usted menciona. Esos viajes fueron invitación de un amigo de la familia como es Eduardo Eurnekián, que es amigo personal de mi esposo y mío y en las tres oportunidades él nos invitó en ese vuelo para acompañarlo. Usted sabe que Eduardo es un hombre grande, tiene 93 años, es prácticamente como mi padre, un hombre mayor, y siempre necesita ir rodeado de gente conocida y amiga. He podido acompañarlo en esa función”.
“En caso de haber recibido invitaciones de esta naturaleza, ¿informó esta situación conforme a la normativa de ética pública?”, insistió Fleitas, y Medina lo cortó: “¿A quién tenía que informar?”. Entonces, Fleita retrocedió y aclaró: “Por el costo es que se la está cuestionando. Todo lo que hemos leído en la Comisión está todo a derecho, eso no significa que sea motivo de destitución. Pero me parece que uno tiene que informar, cuando uno está en la justicia, tan cuestionada, estos viajes que uno hace y más si es funcionario del STJ, para evitar esto. Estamos interpelándola a usted por comentarios que han surgido a través de los medios públicos”.
Susana Medina contestó: “Los medios públicos tergiversan la información, o porque desconocen. Estos viajes no fueron solventados por el erario público, fueron solventados por un particular que goza de la amistad de la familia. El señor Eurnekián no tiene ningún interés en la provincia y mucho menos tiene expedientes o causas en trámites en el Superior Tribunal de la provincia.
En seguida, habló el diputado radical Fabián Rogel, cual defensor de la jueza: “No tenemos denuncia formal sobre sus inasistencias, quería saber si usted se había quedado con algún inconveniente y lo quería explicar”. “No, nunca nadie hizo ninguna denuncia por alguna inasistencia mía (…)”, le respondió la magistrada.
Otra diputada que no se presentó por lo que no quedó registro en el audio de la audiencia al que accedió ANÁLISIS, le hizo una pregunta equivocada en cuanto a una situación que no era la denunciada. Luego le tiró otro centro: “¿Usted ratifica que todas sus conductas se envolvieron siempre dentro del marco de la legalidad y no afectó el normal funcionamiento ni la credibilidad del Poder Judicial?”.
“Absolutamente”, dijo Medina, cada vez más cómoda en el lugar de una acusada que no parecía tal. “Niego enfáticamente todos los cargos que se me hacen. He cumplido acabadamente la función. He trabajado con absoluta responsabilidad, no solo por el legado que me tocó gracias a la formación que me dieron. Yo estudié con mucho sacrificio, mis padres fueron de trabajo, mi papá era suboficial del Ejército (se quiebra), mi mamá era modista. En cinco años de la profesión viajé a dedo a Santa Fe, porque no tenía para tomar un café. En esos años difíciles de la Argentina (…). Este fue un proceso difícil, doloroso, jamás pensé que iba a pasar por esta situación. Pero bueno, aquí estoy dando la cara cumpliendo con el juramento que hice por Dios, por la Patria y por mi honor. Y bueno, mi honor estuvo en juego”, destacó.
Gabriela Lena puso fin a la audiencia “si no hay ninguna otra pregunta”, ya que no la hubo.
Salvando a Susana Medina
Una vez que finalizó la declaración de Susana Medina, se dispuso realizar la deliberación final este martes. El diputado Rogel dijo que no podía asistir a este nuevo encuentro, por lo cual sentó posición al respecto: “Creo sinceramente que más allá de las pormenores que cada uno puede tener, la mala fama que se le había hecho, que algún periodista, que mejor no voy a nombrar, ha hecho sobre la doctora Medina, creo que ha sido una buena funcionaria, y deberíamos tener una reunión importante para hablar de la Justicia en la provincia de Entre Ríos, de Busti, Moine y de ahí en adelante, porque hacer leña del árbol caído no corresponde”.
Posteriormente el diputado Fleitas también dijo que iba a faltar a la reunión de este martes porque tiene una reunión en Buenos Aires y adelantó su apoyo a Medina: “Nosotros no venimos a hacer juicio de valor, es obligación nuestra preguntar. Estoy de acuerdo con que las pruebas se han pedido, los oficios se libraron. No hay pruebas concretas para hacer un juicio político a la jueza. Estoy en la misma situación que el diputado Rogel”.
Luego, Lena informó acerca de una prueba que estaba faltando recibir, aunque ya sabe que no va a comprometer a Medina: “Nos falta que nos conteste un oficio el Tribunal de Cuentas. Me comuniqué con Diego Lara, me adelantó que todos los gastos habían sido bien”.
Además, también habló la diputada de la oposición, Andrea Zoff, quien manifestó: “Respecto a las denuncias vamos a hablar en el bloque, me parece lo más saludable. No nos prendemos de ninguna de las presiones que se han dado en el plano mediático, somos un cuerpo colegiado y temenos un bloque, donde debatimos la posición que llevamos sobre todo en los temas complejos”.
