Exhortaron a los legisladores a no “crear instrumentos que servirán para la criminalización de la protesta”

“A poco de asumido su segundo mandato y luego de prometer que no sería presionada por las corporaciones, la Presidenta (Cristina Fernández) envía al Parlamento un proyecto de ley requerido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo exige como requisito para que Argentina sea declarada ‘país confiable’”, cuestionó Insgenar.

Al respecto, reflexionó: “¿Por qué querrían las multinacionales que se dicte esa ley? Es evidente que para impedir reclamos laborales, sociales, medioambientales y otros muchos que podrían surgir. A las corporaciones les conviene una ciudadanía domesticada”.

“El proyecto, agrava las reformas anteriores que introducían estas figuras en el Código Penal, por la Ley 26.268, duplicaría las penas para cualquier delito contenido si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de ‘obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla’”, detalló en el Instituto, en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL.

Si bien apuntó que la iniciativa aclara que el agravante no se aplicará “en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional”, remarcó que “esto no garantiza que no se persiga, amenace o encarcele a activistas, lo que desanimaría la protesta”.

“Debido a la forma en que está redactada la ley, se invierte la carga de la prueba y serán las personas acusadas las que deberán probar en juicio que no son terroristas”, enfatizó en ese sentido. Y agregó: “Desde el movimiento de mujeres hemos realizado, a nivel individual o a través de grupos, numerosas acciones destinadas a ‘obligar al gobierno a adoptar una decisión - para prevenir la violencia de género, para garantizar nuestros derechos reproductivos y sexuales- o abstenerse de tomarla’. O sea, podríamos, con una interpretación rígida de la ley, ser consideradas terroristas, al igual que cientos y miles de militantes sociales que reclaman por sus derechos”.

En base a estos argumentos, la organización exhortó a los legisladores a que “dicten leyes que garanticen los derechos”, al tiempo que alertó a los movimientos sociales para que “rechacen enérgicamente la sanción de este proyecto”.

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