Historias de muerte entre el ex agente chileno asesinado, Arancibia Clavel y el abogado Alberto Ottalagano

D. E.
(de ANALISIS DIGITAL)

Nunca se supo por qué, pese a su avanzada edad (falleció a los 72 años), Alberto Ottalagano puso tanto empeño en ocuparse de la defensa del chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), principal organismo represivo del régimen militar del país trasandino. Arancibia Clavel fue detenido el 18 de enero de 1996 y Ottalagano tuvo que ponerse a su disposición por expresa directiva del ex presidente chileno Augusto Pinochet Ugarte. Sabía que no se podía negar a un pedido del general. Ottalagano fue mencionado junto al mayor argentino Ernesto Barreiro, acusado de crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983, formando parte de un grupo de militares y civiles que fueron enlaces entre los aparatos de inteligencia de Chile y Argentina.

El abogado paranaense viajó por lo menos en tres oportunidades a Chile para reunirse con el ex dictador, a fin de determinar qué estrategia seguir, por la preocupación que le provocaba al viejo general, ya que podía quedar al descubierto el verdadero plan que el 30 de setiembre de 1974 llevó a la muerte al general Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert, tras la explosión de una bomba colocada en su automóvil.

Arancibia Clavel vivía sin preocupaciones en una residencia de su propiedad, en pleno Barrio Norte de Capital Federal y ni siquiera ocultó su verdadera identidad, por más que su captura estaba solicitada desde 1989. Las averiguaciones del paradero del ex agente de la DINA cobraron vigencia a partir de las acciones emprendidas por el fiscal italiano, Giovanni Salvi, en la indagación sobre un atentado ocurrido en la capital italiana en 1975. El ex director de la DINA, general Manuel Contreras, había sido encontrado culpable del asesinato del ex senador y dirigente democristiano chileno Bernardo Leighton, muerto en un atentado en Roma. Las revelaciones en el juicio italiano sobre la conspiración contra Prats obligaron a la jueza argentina María Servini de Cubría a reactivar la indagación del asesinato. La polémica jueza (conocida por su vergonzosa participación en el denominado Yomagate, que involucraba a familiares y amigos del presidente Carlos Menem) se trasladó a Italia, a pedido de las tres hijas de Prats, y después de recabar información y tomar declaración a algunos de los implicados en el caso Leighton, condujo las actuaciones que desembocaron en la captura de Arancibia Clavel.

Hermano de un general del Ejército y de un almirante de la Armada chilena, Enrique Arancibia Clavel ya había sido detenido en 1978 por los militares argentinos, acusado de realizar tareas de espionaje. Ninguno de los servicios de inteligencia argentinos desconocía que el chileno había sido pieza fundamental en el atentado a Prats. Arancibia (radicado en Buenos Aires como funcionario de la sucursal argentina del Banco de Chile) fue quien suministró al ciudadano estadounidense Michael Townley, el terrorrista preferido del general Contreras, los explosivos que destruyeron totalmente el auto del general Prats. Más aun, las investigaciones de los organismos de derechos humanos chilenos señalan que Arancibia fue el encargado de negociar, a nombre de la DINA, la participación de la Triple A, la organización paramilitar nacida durante la presidencia de Isabel Perón, con la que tenía directa vinculación Ottalagano, a partir de su amistad con el Brujo José López Rega, ya casado en esos días con una mujer oriunda de Paraná, cuya familia vivía en calle Echague. No en vano, el letrado entrerriano fue rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre el 3 de abril y el 9 de setiembre de 1974, designado por el octogenario dirigente de derecha Oscar Ivanisevich.

En el esquema chileno del despliegue del terrorismo de Estado trasnacional conocido como Operación Cóndor, los planes de ejecución de asesinatos fuera de fronteras contemplaban la colaboración nacional de las organizaciones de extrema derecha y los organismos de seguridad. Lo vivió Prats en Buenos Aires; lo padeció también el médico paraguayo Agustín Goiburú en Paraná, donde fue secuestrado y trasladado a Asunción -en febrero de 1977-, en un operativo conjunto entre miembros del Ejército y la Policía Federal, delegación local. Y tantos otros dirigentes y ex funcionarios opositores al régimen de turno, ya sea de origen chileno, uruguayo, boliviano, paraguayo o argentino.

Arancibia Clavel, ex agente de la central de inteligencia
trasandina DINA y condenado por el crimen del general del Ejército chileno Carlos Prats, fue asesinado con un "puñal o facón grande" por atrás e intentó evitar la agresión, ya que tiene "lesiones defensivas en sus manos", según, dijeron, reveló la autopsia. La investigación arrojó, además, que en la casa "faltaban 30 mil pesos, entre esa moneda y dólares", ya que su pareja, un joven de 21 años, declaró que Arancibia Clavel tenía ese dinero en la vivienda, añadieron los informantes.

Arancibia Clavel murió como vivió; rodeado de muerte y violencia. O sea, dos palabras que también rodearon buena parte de la vida de Ottalagano.

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