Por Luis María Serroels

Las últimas sentencias que involucraron a ladrones públicos, donde se exhibe una inconcebible benignidad, da soporte a la creencia generalizada sobre presuntos arreglos poco edificantes. El silencio como respuesta, es la peor respuesta. Hablamos de magistrados que perciben bonificación por antigüedad desde el día de su graduación como letrados (¿sucede en otras áreas estatales?) y que además, mediante una Acordada y asumiendo inconstitucionalmente facultades legislativas, modificaron la ley de creación del IOSPER y se autoeximieron de los aportes solidarios y obligatorios que rigen para activos y pasivos provinciales.

La caída por prescripción de la causa iniciada a raíz de una defraudación con 25 mil cajas de alimentos que en versión de modernos Papá Noel regalaron varios legisladores oficialistas, fue la muestra de que con los funcionarios políticos no había que meterse. Los jueces perdieron una inmejorable oportunidad de demostrar independencia republicana y se pasaron por el trasero al Tribunal de Cuentas. Pero semanas atrás también aludimos a la prescripción de la causa por el asesinato de Ana Alipio, ocurrido en octubre de 1995 y sobre el cual los familiares habían aportado valiosos elementos.

Y poco después, el fallo patético que rehabilitó al ex vicegobernador de la provincia, Domingo Daniel Rossi, para volver al ruedo electoral. Rossi había manejado en cuentas en el exterior, cerca de 50 millones de dólares y mantuvo algunas de ellas a nombre de su madre y su ex esposa en la República Oriental del Uruguay. Fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito y condenado a la irrisoria pena de tres años de prisión condicional (sin pisar cárcel alguna), la inhabilitación para ocupar cargos públicos por ocho años, el pago de una multa de 90 mil pesos (que abonó en cuotas con su jubilación) y el cumplimiento de tareas comunitarias. Los probos camaristas entrerrianos consideraron que no había razones para no reducirle a la mitad su inhabilitación y al darla por extinguida resolvieron que podía volver a los mismos lugares de los que se aprovechó para hacer de las suyas.

Qué contradictorios los jueces: en el caso de la empleada de Enersa, Susana Firpo, imputada de haber cobrado indebidamente en su favor varios cheques, conformando una maniobra fraudulenta por un monto que oscilaba en los 400 mil pesos, se la declaró culpable condenándosela a la inhabilitación perpetua para cargos públicos (tampoco fue tras las rejas). La diferencia estribaría en que el coqueteo de Rossi frente a los jeques políticos de su partido para darle sus acciones electoralistas al mejor postor, exigían el indulto judicial.

El injustamente maltratado ex Fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira, le dijo a Fiorotto que “tanto Rossi como todos los demás, condenados o no, deben devolver con el mismo espíritu de saqueo el doble de lo que robaron”. Cuando habla de “todos los demás”, seguramente estará refiriéndose a Oscar Mori, Liliana Castoldi y Gabriel Sola (Caso ACISER- Aportes del Tesoro Nacional que se destinaron a la campaña electoral de PJ) y el ex senador Mario Yedro (culpable de enriquecimiento ilícito), ninguno de los cuales cumplió un solo día en la gayola. Pero asimismo la defraudación en asociación ilícita de los hermanos Félix y Carlos Pacayut con terceros en una asociación ilícita (y fructífera en lo personal) también con varios millones provenientes de ATN. Esta causa está vergonzosamente demorada y lleva varios años aguardando que los magistrados se desentumezcan, pese a estar concluida la instrucción y con pedido de elevación a juicio. Esto lleva a presumir que en las bases tribunalicias se trabaja en una dirección y en los estrados superiores en otra. Así se maneja la justicia entrerriana con quienes fueron funcionarios y en virtud de ello se aprovecharon para cometer delitos.

Esta indulgencia no es extraña. También se demostró con el ex legislador devenido en vocal del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, quien en pleno ejercicio de sus funciones tomó un micrófono en mano durante una jornada electoral, liberando su entusiasmo de “compañero” a través de una emisora radial, con exultante alegría de justicialista nato. La corporación judicial miró para otro lado y no pasó nada.

Recordemos que el año pasado se reveló una encuesta encomendada por la Seccional Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, donde se descalificaba la gestión tribunalicia (el 70 por ciento de los consultados la consideraba regular y el 26 por ciento decididamente mala). Aunque se aclaraba que hay jueces, funcionarios y empleados que desarrollan con esfuerzo y responsabilidad su quehacer diario, existía morosidad judicial, campeaba en ciertos pliegues la falta de capacitación, la designación de jueces y secretarios se hacía en forma antidemocrática y el servicio de justicia se encontraba muy politizado.

Y resta más todavía. Se acaba de conocer que una Sala del STJ dio por tierra por tercera vez con la intención del ex Juez de Instrucción, Héctor Toloy (hoy ya jubilado), que en un alarde de híper susceptibilidad había demandado al Estado por daños y perjuicios, a raíz de haber tenido que enfrentar un jurado de enjuiciamiento luego de dejar prescribir la ya mencionada causa de las cajas de alimentos. Toloy habría argumentado que el daño consistió en “el destrato que padeció por parte de la prensa escrita, radial y televisiva, que le endilgó la responsabilidad por la prescripción operada en la investigación aludida”. Explicó que ello lo perturbaba “en la esfera emocional” y lo afectaba en “el crédito social como en su autoestima” (se supone que esto quedó superado con su absolución y fue suficientemente reparatorio ante la opinión pública).

La indemnización reclamada ascendería a 500.000 pesos, basándose en “la magnitud de la ofensa” y los sueldos que habría dejado de percibir si lo hubieran destituido, según consignó un medio. Lo cierto es que no lo destituyeron y continuó en funciones, por lo que su reclamo apuntaría a percibir un doble ingreso por la misma tarea. A modo de ejemplo sirve recordar que cuando se produjo el crimen de la funcionaria judicial Dalma Otero, hubo personas privadas injustamente de su libertad durante 19 meses, que terminaron absueltas por una Cámara por hallarlas inocentes. Esas personas nunca pudieron obtener resarcimiento alguno por los daños de una pésima instrucción que dio fe de los dichos de una testigo mendaz y contradictoria y donde un par de funcionarios policiales fueron procesados. La honra de los falsamente acusados, se arrastró por el suelo y sabemos que las plumas arrojadas desde un campanario jamás se vuelven a juntar todas.

El caso Toloy, de prosperar en un eventual recurso extremo ante la Corte Suprema, puede resultar peligroso. Es que constituiría un grave precedente, porque el Estado no puede hacerse responsable por el supuesto destrato de los medios de comunicación hacia un funcionario público en ejercicio de la libertad de prensa que el propio Estado debe garantizar por imperio constitucional. El ahora ex juez, había sido secretario del bloque cuyos legisladores quedaron incursos en la causa por cajas falsamente adquiridas y debió haberse excusado pero no lo hizo. No menos controvertida fue su intervención en el caso del crimen del abogado paranaense Lucio Dato, hasta ahora sin aclararse después de 17 años.

Ampliada la lupa sobre los tribunales, ¿alguien cree que el caso Otero y el del escribano Rubén Calero fueron realmente aclarados? ¿Y qué pasó con el homicidio del empresario Gamboa? Agreguemos el secuestro de Fernanda Aguirre que además se cobró la muerte de su madre María Inés Cabrol, sumida en una inenarrable tristeza e impotencia. La menor nunca apareció y nadie explicó el origen de falsas informaciones sobre presuntos paraderos. Así está funcionando nuestro Poder Judicial, con demasiados déficits. Tan lejos de lo que la sociedad demanda y tan cerca de la Casa Gris y de los intereses que suelen ventilarse entre sus paredes.

Plus navideño sin continuidad

En la misma sintonía que eligiera Cristina Fernández pero con aspectos diferenciales en su estructuración, Sergio Urribarri –un buen discípulo K-, decidió regalarle a activos y pasivos del Estado provincial la suma por única vez de 500 pesos. No es un pago proporcional a la tarea porque no particulariza prestación alguna y destina igual suma para todas las categorías. Se trata de un obsequio que reconoce la inflación (fenómeno que se acentúa con los groseramente remarcados productos típicos de estas fiestas tradicionales) y que apunta a que el mes próximo, como ocurre con todos los eneros, no se torne tan largo y problemático para el bolsillo familiar.

Sería necio no reconocerle alguna ventaja a esta medida, como ingenuo pensar que los gremios quedarán satisfechos y tranquilos ante este regalo de Papá Noel a liquidarse entre el 10 y el 20 de enero, porque el eje de la discusión salarial apenas se aplaca con los pitos, los descorches y la pirotecnia para reaparecer en febrero.

Desde luego que los grandes beneficiarios serán los comerciantes, que ven en estas celebraciones una tabla más o menos salvadora de las penurias sufridas a lo largo del año. Pero resulta curioso que el gobierno se niegue a permitir la aprobación de un proyecto que prevé destinar 30 de los 400 millones que se presuntamente se ahorraría el Estado por el denominado Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, al incremento de haberes de activos y pasivos, mientras en esta operación se volcarán 55 millones, es decir, casi el doble. La sensibilidad de que debe imbuirse el gobierno, tendría que extenderse a los restantes meses de 2011, porque las necesidades continuarán luego de desarmarse el arbolito.

Si no se puede extraer menos de un diez por ciento de la cifra apuntada, para mejorar salarios, la “buena salud de las finanzas públicas”, al decir del gobernador, no sería tal. Entre los datos proporcionados por los entes oficiales y los que provienen de la oposición y de economistas independientes, hay brechas muy visibles. Pero la realidad palpable que se exhibe a la hora de recomponer el valor del salario real, es todo un discurso. No existe experto más idóneo al momento de determinar cómo marcha la canasta familiar, que el ama de casa cuando visita góndolas y mostradores. El propio (y ahora prácticamente innombrado) líder fundador del movimiento justicialista, lo señaló con justeza: “La única verdad es la realidad”.

El INDEC del FMI

Cuando uno recuerda los dardos venenosos que Néstor Kirchner le lanzaba en encendidos discursos al Fondo Monetario Internacional desde cuanta tribuna se le ofrecía y observa que hoy funcionarios del organismo de crédito han desembarcado en nuestro país a pedido de nuestro gobierno para señalarle al INDEC qué sistema de medición de precio debe aplicar, no puede menos que dejar escapar una sonrisa que seguro el ex presidente no dibujaría en su rostro ante semejante recule.

Esta virtual bajada de pantalones, colocará al gobierno frente a una encrucijada, porque se sabe –el Fondo más que nadie- que cada punto de inflación en Argentina aumenta en unos 400 millones de dólares nuestra deuda con los bancos extranjeros y bonistas, en virtud del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Por lo tanto, el FMI jamás incurriría en métodos que maquillen la inflación porque iría en perjuicio de los intereses financieros que busca proteger.

El oficialismo descree de las empresas nacionales que se dedican a medir la evolución de los precios y sincerar el costo de la canasta alimentaria y general, porque cuentan la verdad. Extrañamente opta por acudir al FMI cuyas intenciones no deben confundirse. Nada harán sus enviados que perjudique a los acreedores extranjeros y poco le interesa falsear los informes como obsequio a nuestro gobierno, salvo que se trate de algún manejo diplomático para logar que algunos pagos de la deuda externa se aceleren.

Pregunta básica: ¿cómo se reaccionará cuando los índices elaborados en las provincias marquen guarismos por encima de las cifras del gobierno central? ¿Se atreverá Guillermo Moreno a negarles rigor y veracidad?

Muy poca gracia les debe hacer a los honestos y capaces técnicos argentinos del INDEC, que vengan de afuera a manejar una tarea que hasta la llegada de los Kirchner nos ubicaba orgullosamente entre los más confiables del mundo. Eso se terminó abruptamente. Con la mentira se puede llegar muy lejos, pero sin ninguna posibilidad de volver. Hasta la semana que viene.