La carta de porte es un documento indispensable que necesitan todos los productores para transportar sus granos. Hasta hace un tiempo el sistema de emisión de las mismas, era administrado por la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación de Acopiadores. No obstante, a partir de febrero de 2009 la AFIP implementó un sistema gratuito de tramitación de ese documento con el propósito de evitar que terceras personas, con documentación adulterada, adquiriesen las cartas de porte en nombre del verdadero productor.
Esta investigación de la AFIP, que desemboca en el descubrimiento de una evasión millonaria, se inició a partir de la denuncia realizada espontáneamente por un pequeño productor agropecuario, quien declaró que se compraron 350 cartas de porte a su nombre, una cantidad de documentos que no está relacionada con su capacidad económica y productiva.
También se logró detectar la intervención de profesionales, principalmente contadores públicos, tanto en los trámites como también en la creación de las empresas ficticias involucradas.
La operatoria tiene ramificaciones en numerosas provincias argentinas, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis y La Pampa.
En el marco de esta investigación, se realizaron allanamientos ordenados por el juez federal de Mercedes, Héctor Echave, según publicó Telam.
Inaplicable y evasor
Los productores agropecuarios hicieron notar desde un principio su disconformidad con la implementación del sistema de tramitación de cartas de porte on line, ya que presuponía que todos los productores, de todas las regiones del país, disponían de conectividad a Internet y estaban familiarizados con su uso, cosa alejada a la realidad.
En ese orden, advertían la tendencia del sistema a inducir a los productores a brindar su clave fiscal a terceros para que les presten el servicio de generación de cartas de porte, aumentando los riesgos derivados de estas prácticas.
A propósito de ello, los productores calificaban al nuevo modelo como promotor de evasión fiscal por no contener ningún sistema de seguridad en el instrumento, lo que facilitaría su duplicación o generación para amparar el transporte de granos en el circuito informal.