Según voceros policiales, la causa se inició a mediados de 2010 a partir de una investigación de la justicia de Alemania que tenía en la mira a una red de pedófilos a nivel global que abarcaba alrededor de 58 países de Europa, Asia y América del Sur.

En ese marco, fueron detectados unos mil usuarios, entre los cuales se encontraban varios de nacionalidad argentina, publicó Télam.

Es por eso que Interpol de Alemania notificó a su par de Argentina sobre la situación y tras las pesquisas de rigor, el Juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción 10, a cargo de Fernando Caunedo, ordenó este domingo por la noche una decena de allanamientos.

Los procedimientos fueron realizados por detectives de la División Delitos en Tecnologías y Análisis Criminal, junto a Interpol Argentina, en domicilios de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, en los barrios porteños de Floresta, Recoleta, Belgrano y Flores y en el conurbano bonaerense.

En total se secuestraron más de 10.000 imágenes de pornografía infantil y videos, y también gran cantidad de computadoras de última generación aptas para transmitir y almacenar importantes volúmenes de imágenes digitalizadas donde se ven escenas de alto contenido sexual en las que aparecen menores e incluso bebés.

También en Mar del Plata hubo un allanamiento en el marco de la misma causa, en la capital correntina, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Santa Fe.

Todo el material incautado fue trasladado a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones, en Villa Lugano.

El segundo jefe de la delegación Paraná, Julio Schiaffino, había confirmado los allanamientos en los domicilios entrerrianos. El funcionario policial había dicho además que el procedimiento se llevó adelante “a raíz de tareas investigativas iniciadas en su momento por esta dependencia y tras un exhorto librado por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 10 de capital Federal y avalado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Paraná por infracción al artículo 128 del Código Penal relacionado con pornografía infantil”.

Asimismo, señaló que “se elevará la mayor cantidad de elementos probatorios al Juzgado. Como se trata de un delito contra la integridad sexual de personas menores, se deben guardar las reservas del caso, pero todo lo que sea material informático relacionado será puesto a disposición de la Justicia, que evaluará la situación procesal de las personas que estuvieran involucradas”.

Los habitantes de la casa en Paraná fueron “debidamente identificados”, acotó Schiaffino.