Masacre de Margarita Belén: ex presos de la dictadura reconocieron un centro clandestino de detención

Por Gabriel Darío Zarco
(desde Primera Línea de Resistencia, especial para ANALISIS DIGITAL)

El juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, tomó declaración en el mismo lugar en el que estuvieron cautivos a un grupo de militantes que estuvieron presos en un lugar que reconocieron como centro clandestino de detención de la capital chaqueña. A pesar de algunas modificaciones edilicias, los ex presos políticos pudieron describir cada lugar y sus actividades, al tiempo que también dieron nombres de otros detenidos -hoy desaparecidos- y de los policías y militares que aplicaban las torturas. En el lugar habrían estado detenido algunos de los fusilados en la masacre de Margarita Belén.

En la mañana de ayer, y en el marco de la investigación de la masacre de Margarita Belén, una comisión judicial encabezada por el juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, el secretario penal Ricardo Boschetti, y el fiscal Carlos Auat, junto a ex presos políticos de la dictadura, y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, realizaron una inspección ocular en el edificio donde ahora funciona la Administración Provincial del Agua (APA) y que entre 1976 y 1980 albergara a la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco.

Durante esos años, según numerosos testimonios y los resultados de la investigación, funcionó allí un centro clandestino de detención y se pudo conocer que varios de los fusilados en Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976, se encontraban detenidos ahí.

Los ex presos de la dictadura, y testigos de la causa, Carlos Erasmo Aguirre, Julio Niveiro y los hermanos Carlos y Julio Aranda, además de otros ex prisioneros de la dictadura, guiaron a los funcionarios judiciales y testigos de la inspección, en una visita secuencial que recorrió todos los ambientes en los que permanecieron detenidos y fueron torturados. En cada lugar, recordaron una infinidad de anécdotas que ampliaron sus declaraciones testimoniales y que fueron incorporadas a la causa de inmediato. Todos los espacios, empezando por lo que fueran los calabozos, en el fondo del edificio, fueron reconocidos por los cuatro testigos como por los otros ex detenidos que testimoniaron espontáneamente. Una gran cantidad de policías fueron acusados de aplicar tormentos a los detenidos.

Torturaron mujeres

La lista de detenidos de la entonces Brigada de Investigaciones, también contaba con varias mujeres, algunas de ellas embarazadas. Silvia Robles, actual dirigente de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) -fue una de ellas-, identificó sitios en los que sufrió el cautiverio y describió los tormentos vividos durante el mismo. También, como los otros, dio los nombres de quienes reconoció en el encierro. Muy cerca del acceso del edificio, en el primer piso, identificó una de las celdas que dijo que estaba dividida en dos por un ropero que los policías dijeron haberle robado a Parodi Ocampo, uno de los fusilados en Margarita Belén.

Junto al lugar en el que estaban alojados los hombres, puerta de por medio, todos los testigos coincidieron en ubicar una sala de torturas, donde eran obligados a pararse sobre una chapa, mojados, y luego les aplicaban descargas eléctricas. En ese mismo lugar, relataron, eran torturadas y violadas muchas de las mujeres detenidas allí.

Pidieron abrir un sótano

El abogado querellante, Mario Bosch, solicitó al juez Skidelsky, la apertura del sótano que se encuentra vedado por las modificaciones que se hicieron en el edificio.

Sobre este sótano, donde Carlos Aranda recordó haber sido confinado, un antiguo empleado del edificio dijo no tener conocimiento si en algún momento pudo accederse a él, ya que recuerda que la mayor parte del tiempo estaba inundado.

El pedido fue aceptado por el juez por lo que en pocos días habrá otra inspección, ya con los accesos francos a ese sitio.

Un sótano detrás de un armario

Cuando la comisión ya había dejado atrás el lugar de las celdas, y se disponía a inspeccionar lo que fuera el despacho de Carlos Thomas, jefe de Investigaciones durante la dictadura, una empleada de la APA, informó sobre una abertura en una pared, oculta detrás de un armario abandonado. El armario fue retirado, dejando al descubierto el acceso directo a un sótano, debajo de lo que fuera un “calabozo para perejiles”, de unos cinco por cinco metros y con unos cuarenta centímetros de agua.

Al ingresar, un ex detenido que no había reconocido el sótano que todos mencionaban, sí reconoció este como el lugar en el que había sido torturado.

Entre las características del lugar, se observaron varias reparaciones en las paredes, pero lo más destacado fue una suerte de ventana que había sido tapada con mampostería, lo que llama poderosamente la atención, por tratarse de un sótano.

Este lugar será desagotado en los próximos días para una nueva inspección.

Quejas del defensor de los militares

Todo esto se dio ante el defensor oficial Carlos Pujol, que representa a todos los militares imputados por la masacre. El abogado, en algunas oportunidades, le recriminó al juez lo desprolijo del procedimiento, debido a la gran cantidad de personas que siguieron las instancias de la recorrida. Por esto, Pujol recomendó primero y reclamó después, que sólo los testigos, y las partes, con la comisión judicial, cumplan el itinerario. Sin embargo todo siguió con la presencia de ex detenidos, familiares, periodistas y representantes de organizaciones de derechos humanos, hasta el final.

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