El ex gerente del IAPSER Martín Fernández, fue denunciado por ANÁLISIS en diciembre de 2015 por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública. Ahora, la revista revela un contrato millonario durante su gestión, y los vínculos por los cuales el Instituto desembolsó más de 31 millones de pesos a la empresa Pirámide Technologies SA. Se hizo a través de la contratación, mediante la Licitación N° 3 de 2014, para la realización de un nuevo Sistema de Gestión Vertical de Seguros Generales, ART y Capital Humano para uso interno de la entidad con aplicación en ramas automotor, siniestro, vida, juicio, reaseguro y administrativo-contable.

Aguilera sigue haciendo negocios, otro de los informes que este jueves da a conocer ANALISIS. El cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri no deja de hacer negocios. Está visto que le preocupa poco y nada a Juan Pablo Aguilera el lento avance de la justicia por causas de corrupción que lo involucran y seguramente se habrá envalentonado con el okey que le dio Cristina Fernández a la candidatura del marido de su hermana. Por un lado, se metió de lleno en el negocio del transporte de carga -con un testaferro que no podría justificar su crecimiento patrimonial en la empresa SIA, en su explosión comercial desde fines de 2014-, como así también en la construcción de viviendas.

El número 1.082 de la revista ya está en la calle con un informe de análisis político sobre los dos mandatos del ex gobernador Urribarri, que ahora le da vueltas a la Constitución para intentar un tercer turno. Urribarri está acosado por causas penales que lo comprometen y huye hacia adelante. Redobla la apuesta. Esta semana dejó trascender que está dispuesto a jugar una candidatura a gobernador que, para prosperar, debe sortear numerosos obstáculos políticos y jurídicos. Alineado con el kirchnerismo y apostando a un escenario nacional que refuerce sus aspiraciones, el presidente de la Cámara de Diputados ya mandó a estudiar, incluso con abogados porteños, la disposición constitucional que, a primera vista y según se consideraba cosa juzgada, le veda la posibilidad de convertirse nuevamente en el primer mandatario de Entre Ríos.

ANÁLISIS contiene también una entrevista con el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto. Ara el funcionario, hay una decisión por parte de la administración de Mauricio Macri de “practicar un ajuste tremendo en política de viviendas, pero sin expresarlo”. Para explicar esta visión, cuenta cómo la provincia se hace cargo desde hace meses de poner recursos que debería enviar la Nación para que no se paralicen obras en toda la provincia. El cobro de esa deuda de unos 420 millones de pesos es una de las metas de su gestión, a la par del desarrollo de tres operatorias financiadas íntegramente con recursos provinciales, ya que por primera vez en 60 años de historia del IAPV dejaron de llegar fondos nacionales para construir viviendas. A la par, piensa en la posibilidad de ser candidato a intendente de Paraná, donde asegura que falta capacidad de gestión. No le preocupa competir contra quienes “ya han cumplido una etapa” y opina que no hay una victoria asegurada ni en la ciudad ni en la provincia “si se hace lo mismo, con la misma gente”.

Un informe sobre los datos de los barrios populares de Paraná y su extensión a la provincia, una problemática alarmante. El piso de tierra, los techos con filtraciones, baños y cloacas a cielo abierto son tan sólo algunos de los indicadores que dan muestra de la cruel realidad de gran parte del pueblo entrerriano ante la ausencia del Estado. Un relevamiento de organizaciones sociales puso en números esta realidad para explicar por qué es necesaria la discusión y aprobación de un proyecto de ley que urbanice las villas de la provincia. La iniciativa incluye la creación de puestos de trabajo y la garantía de mejorar las condiciones de vida de las personas que el sistema castiga a diario.

Cisma legislativo con el glifosato en el banquillo, un informe sobre la frustración en la Cámara Baja provincial del tratamiento de una Ley de Agroquímicos para Entre Ríos. La judicialización de una ordenanza que en la ciudad de Gualeguaychú destierra el uso del famoso herbicida desarrollado por Monsanto desató una polémica de consecuencias inusitadas. Apelando al derecho ambiental y de la salud, una normativa de rango municipal avanzó sobre una carencia regulatoria provincial. Si bien el desarrollo sustentable y la preservación ambiental fueron consagrados en la reformada Constitución de Entre Ríos de 2008, impera la orfandad en materia legislativa. Se ha hecho evidente asimismo la ausencia de reglamentaciones nacionales en torno a las consecuencias negativas derivadas de la utilización de agrotóxicos. ANÁLISIS consultó a letrados ambientales quienes trazaron un panorama sobre cuál es el trasfondo que comenzó a discutirse con el trascendente caso.

“Quiero recuperar la vista y la dignidad”, la historia de Manuel Elsesser que ingresó a trabajar para la firma Econde SRL, de modo clandestino, como obrero de la construcción. El joven albañil de 26 años perdió gran parte de la visión de su ojo izquierdo en un accidente laboral mientras se desempeñaba como empleado. Pese a intentar que la ART se hiciera cargo de la cobertura médica, no logró que la empresa aceptara la relación laboral e inició una demanda judicial que salió desfavorable. “Obviamente los empresarios tienen llegada en Tribunales o pusieron plata, y así era obvio que la justicia no me respaldara”, denunció en diálogo con ANÁLISIS. Según la causa judicial, el arquitecto Fernando Raiteries, socio gerente de la empresa que se dedica al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y proyectos constructivos, “no por su calidad de arquitecto, sino por su profesionalidad al estar capacitado para los negocios”, y –casualidad o no- la dirección de la constructora es la misma donde funciona el estudio jurídico Raiteri – Ormaechea. Desde este estudio de abogados, Pedro Antonio Raiteri es quien patrocinó a Econde SRL y ganó la pulseada.

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