En la causa se dio por acreditado que todos fueron llevados a Argentina porque la dictadura quería presentarlos como refugiados en el país con pedido de asilo político, para mejorar su imagen en el exterior en medio del campeonato mundial de fútbol de 1978.

Las detenciones ocurrieron el 25 de mayo de 1978 y los ciudadanos peruanos fueron trasladados en avión hasta el país, mantenidos secuestrados en varios lugares para que firmaran lo que quería la dictadura que encabezaba Videla, y finalmente enviados de nuevo a Perú como “expulsados”.

Oyarbide consideró que se trató de un delito de “lesa humanidad”, imprescriptible, y ordenó indagar a Videla y Harguindeguy, el 22 y 23 de febrero, publicó Télam.

Ambos ya están detenidos a su disposición en otras causas por delitos de lesa humanidad, por lo cual en esas fechas serán trasladados a los tribunales federales de Retiro.

En cuanto a Morales Bermúdez, el juez Oyarbide solicitó a ese país la “detención provisoria y o preventiva con fines de extradición”, y paralelamente ordenó su captura internacional.

La causa es por privación ilegal de la libertad a raíz de uno de los ciudadanos peruanos, Ricardo Napuri Schapiro, secuestrado en la madrugada del 25 de mayo de 1978 en Lima junto a José Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Galdos, Humberto Larrain, Ricardo Díaz Chávez, Javier Canseco Cisneros, Genaro Inquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco y Guillermo Faura Gay.

Todos eran opositores a la dictadura peruana, cuya cabeza era el entonces general Francisco Morales Bermúdez, según la resolución a la que accedió Télam, en una causa en la que el abogado querellante es Pablo Llonto.

El grupo fue acusado de supuestas “actividades subversivas” y trasladado a una base aérea donde sufrió golpes y tormentos.

Posteriormente un avión Hércules los trasladó esposados y vigilados al aeropuerto El Cadillal, en Jujuy, donde quedaron secuestrados en el regimiento de Infantería de Montaña 20.

Allí, según la denuncia, funcionarios de Cancillería Argentina, del Ejército y del Ministerio del Interior los “presionaron” para que aceptaran presentarse como “refugiados bajo el control directo de las Fuerzas Armadas”.

Ante su negativa, se los instó a firmar un documento para presentarse como beneficiarios de asilo político y luego se los trasladó al sótano del departamento Central de Policía en Buenos Aires donde se hicieron tareas de “ablande” para que firmaran la solicitud de “asilo voluntario dirigido al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas”.

El juez dio por acreditado que como lo ocurrido coincidía con el Mundial de Fútbol que se jugaba en el país, la dictadura quiso presentar a los ciudadanos peruanos como asilados para mejorar su imagen en el exterior y finalmente fueron llevados al aeropuerto de Ezeiza en calidad de “expulsados” del país.

Por su parte, Morales Bermúdez -quien gobernó el Perú entre 1975 y 1980- aseguró hoy en Lima que su gobierno no participó del denominado Plan Cóndor.

El ex dictador peruano, de 90 años en la actualidad, aseguró lo que hubo “fue una deportación a Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos que el gobierno militar preparaba la transición a la democracia”, señaló un despacho de la agencia Andina de Perú.

“Quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que presidí en el Plan Cóndor, al cual no entró nunca el Perú”, aseveró Morales Bermúdez, al indicar que su país “no tenía motivos para ser parte de esa operación, porque -dijo- estaba camino a la transición” democrática.

En tanto, el ex constituyente Ricardo Napurí Schapiro, denunciante de Morales Bermúdez, dijo que el hecho no fue una simple “deportación”, pues las personas enviadas a Argentina recibieron una golpiza previamente, y luego, fueron llevadas en un avión militar, amarradas a sus asientos, hasta una base militar en Jujuy.

Napurí Schapiro indicó que la justicia argentina no investigó una deportación, sino una acción que formó parte del llamado Plan Cóndor, vigente en las dictaduras latinoamericanas del pasado.

Por su parte, el titular del Congreso, Daniel Abugattás, sostuvo hoy que Morales Bermúdez deberá responder ante la justicia argentina por presuntamente haber participado del plagio dentro del Plan Cóndor, aunque indicó que le parece “exagerado” pedir la detención y extradición “de un hombre de casi 90 años”.

“Es un hecho gravísimo. Si efectivamente ha estado vinculado, Morales Bermúdez tendrá que ser procesado como cualquiera que ha cometido un delito. Ese es un delito de lesa humanidad y no prescribe”, agregó en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento.