La diputada provincial Lucy Grimalt (la Red-Paraná) acusó al gobernador de la provincia, Jorge Busti (PJ) de no “dar una respuesta seria al tema de la seguridad”, porque consideró que el “necesario equipamiento de la policía como respuestas excluyente al tema” indica que no “hay disposición” para resolver el conflicto. Asimismo denunció que el gobierno provincial minimiza las denuncias de los ciudadanos, y que debería “implementar una firme política de estado que le apunte a la corrupción, a las mafias, al financiamiento ilegal y al delito organizado”, ya que “nada de esto se soluciona simplemente comprando chalecos y patrulleros”.

En comunicado de prensa enviado a ANALISIS DIGITAL, Grimalt acusó a Busti de no dar una “respuesta seria” al problema de la inseguridad en la provincia, y agregó: “La respuesta del gobernador a la movilización de Gualeguay y a la compleja problemática de seguridad no pudo haber sido más formal e insustancial”.

En tal sentido, precisó: “En primer lugar, acerca del nuevo juzgado de instrucción en Gualeguay hay que decir que el mismo fue creado por una ley aprobada el 10 de marzo pasado, que por otra parte ya tenía media sanción del Senado del período anterior”.

Asimismo, consideró que “el anunciar el necesario equipamiento de la policía, como respuesta casi excluyente al tema de la seguridad indica que no hay disposición a responder a la complejidad del problema”, y que “en lugar de prestarle atención, se opta por minimizar la denuncia de los ciudadanos de Gualeguay que señalan la convivencia entre los delincuentes que asesinaron al joven -Nicolás- Carboni y el poder político del municipio, cuando los hechos ocurrieron en el barrio El Molino, controlado íntegramente por punteros del intendente y al que no puede ingresar nadie que no esté ligado a su poder político”.

En el mismo sentido, la diputada provincial señaló que “en lugar de intentar disimular la situación el gobierno debería hacerse cargo de que en la ciudades de la provincia se liberan zonas para que actúen narcotraficantes y delincuentes, con evidente convivencia de la policía o amparo notorio del poder político, que existen aguantaderos conocidos que funcionan a luz del día con despliegue de armas sin que nadie haga nada, o que cerca del puerto de Diamante funciona un atracadero clandestino para narcos y contrabandistas, denunciado por los vecinos de la zona que ven despliegues de camionetas custodiadas por civiles con armas largas”.

Finalmente, Grimalt afirmó que “nada de esto se soluciona simplemente comprando chalecos y patrulleros, sino que se requiere consensuar e implementar una firme política de estado que le apunte a la corrupción, a las mafias, al financiamiento ilegal y al delito organizado”.