Un ejemplo de lo expuesto, es la exclusión en la actual normativa de las cuestiones familiares, cuyo acceso al servicio de mediación está vedado, tal es el caso de los grupos familiares con escasos recursos económicos y en los que el diálogo resulta una imperiosa necesidad para organizar los vínculos y definir reponsabilidades, con excepción de aquellas situaciones que únicamente deben ser planteadas y resueltas en sede judicial.
La norma elevada a consideración del parlamento municipal, se encuentra a estudio de la comisión de Legislación, e incluye la atención de desavenencias en la convivencia, así como todas aquéllas situaciones de disputa potencial que involucren a múltiples actores o que repercutan en el ámbito público y otras en que las mismas partes o los mediadores consideren que pueden procesarse voluntariamente por el mecanismo de la mediación.
Según la iniciativa, la norma no será aplicable a cuestiones relativas al estado civil de las personas o a aquellas que atañen a derechos no disponibles por los particulares, asuntos laborales y en general todas las cuestiones que afecten el orden público.
Garantías del proceso de mediación
El proceso de mediación será voluntario, informal, confidencial, extrajudicial, gratuito y las partes deberán concurrir personalmente, y no a través de representantes.
En estos diez años de vigencia de la Defensoría del Pueblo y su Centro de Mediación Comunitaria, han sido numerosos los casos en que el Poder Judicial ha derivado al aludido Centro diversas causas ya que no está funcionando la mediación penal en la ciudad.
Además la constitución provincial establece en su artículo 65 la utilización de instancias no adversariales de resolución de conflictos, a través de la mediación, negociación, conciliación, facilitación y arbitraje, los cuales han arrojado resultados altamente satisfactorios.
En definitiva, lo que inspira el proyecto en análisis es definir un ámbito superador y que la actuación del Centro de Mediación no quede limitada únicamente a conflictos entre vecinos.
