En ese contexto, Guerrero hizo una lectura de los avances obtenidos hasta el momento en la investigación, detallando que la misma se apoyó en 4 pilares, donde es preciso diferenciar en primera instancia la toma de la Jefatura Departamental, también la toma del Comando Radioeléctrico, el ingreso a la sala 221 en el primer piso y por último el mantenimiento de la toma.

“La fiscalía pudo conseguir las pruebas en estos 60 días” comenzó destacando el fiscal, añadiendo que entre quienes fueron citados a prestar declaración, “ninguno dijo que se ha hecho uso de las armas, pero sí que las portaban” y detalló que los testigos hablan de “una situación incontrolable” dentro de la Jefatura en la noche del 8 de diciembre cuando los efectivos se amotinaron y comenzaron en simultaneo los saqueos en diferentes puntos de la ciudad.

A entender de las pruebas conseguidas por Guerrero, “se cae de maduro que la toma estaba anunciada y organizada” y resaltó que el grupo que incitaba la protestar estaba integrado entre unas 30 y 40 personas.

La irrupción violenta en el Comando Radioeléctrico se produjo a las 21.27 y donde los agentes -que vestían de civil pero portaban sus armas reglamentarias- cortaron las comunicaciones, según detalló un informe de la empresa Telecom. También ingresó un grupo a la sala 221 que mantiene contacto con las distintas comisarías de las localidades vecinas. Allí desplazaron a los operadores de turno y convocaron a que se sumaran a la protesta.

“Ante los pedidos de ayuda por el inicio de los saqueos, Hugo Troncoso los insultaba y les decía desde el Comando tomado que no iba a ir nadie”, reveló el fiscal.

En la lectura de la declaración del jefe del comando, Rubén Vittori, se conoció que esa noche los agentes “ingresaron de manera masiva al recinto” y especificó que “uno de los imputados lo traía del cuello a el Subjefe (Nélson) Vega”. A ello, otro testigo aportó que le arrojaron gas pimienta en el rostro al Jefe Departamental, Lucio Villalba, y que “lo llevaban a los empujones y le pegaban”, desmintiendo que se tratase de un accidente producto de la revuelta.

Entre los datos que recabó Diario Río Uruguay, el fiscal habló de la dificultad de poder tomar testimonio a los compañeros de los imputados y apuntó que varios de ellos mencionan “un apriete en el ingreso al comando, para luego ser expulsados quienes estaban de guardia esa noche”.

La crítica de Guerrero hacia con los abogados defensores -Buteknica, Giorgio, Bacigalupe y Díaz Vélez- fue que ninguno pudo hacer algún aporte de filmaciones que contribuyeran a aclarar que no participaron sus defendidos.

“Cada uno cumplió un rol y los testimonios son claves”, subrayó Guerrero, ampliando que el nuevo imputado, el cabo Alfredo Imaz, “modulaba desde la radio del comando instando a que se sumen a la toma. Él era el único que estaba uniformado”.