En una serie de procedimientos se incautaron más de mil películas apócrifas y hasta las computadoras y equipamiento que eran utilizadas para realizar las copias truchas, algo que fue certificado luego por las pericias encargadas a Gendarmería Nacional.
Durante la instrucción también se libraron oficios al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial porque no solo las películas eran truchas, sino que se habían falsificado las marcas para darles apariencia de verdaderas.

Estas pautas fueron sugeridas por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, que recomendó solicitar informes para determinar si las marcas supuestamente afectadas por el fraude estaban registradas, porque de otra manera no se podría acreditar la violación de la ley.

Los cinco imputados fueron acusados por la reproducción, con fines de lucro, de un fonograma sin autorización, y por almacenar o exhibir copias ilícitas, en lo que constituye una violación a la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723; y uno de ellos también fue acusado por la falsificación de una marca registrada y por vender o comercializar productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, una infracción prevista en la Ley de Marcas Nº 22.362.

Por estos delitos, los acusados podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, aunque el tribunal debe resolver también un pedido de probation –suspensión del juicio a prueba– efectuado por uno de los acusados durante la instrucción.

El hecho podría sentar un precedente en la región, dado que no se trata de hechos relacionados con la venta callejera y/o ambulante sino de negocios establecidos como multirrubros, por lo que ni siquiera fueron clausurados sino que se les permitió continuar la actividad comercial en el resto de las ramas que desarrollaba cada uno.
De hecho, la banda realizaba todo el proceso de falsificación de las películas: en el mismo lugar se hacían las copias en DVD y se plagiaban las carátulas y el envoltorio para dar a las películas una apariencia de verdaderas.

“Había locales que se dedicaban a esta actividad, en una abierta competencia desleal respecto de quienes tienen negocios en regla y compran las películas en el mercado legal. De manera que no son simples vendedores ambulantes, son comerciantes truchos”, indicó uno de los investigadores a El Diario.

Desde la Cámara Argentina de Videoclubes, que presentó la denuncia e individualizó cada uno de los locales en infracción, celebraron los resultados de la investigación, dado que no hay muchos antecedentes en el país y hacía bastante tiempo que no se producía un decomiso tan importante de películas truchas.

Desde la entidad vienen alertando sobre el avance de la piratería, especialmente en la última década, lo que ha generado importantes perjuicios al circuito legal de exhibición, distribución y venta de películas en todo el país. Los empresarios explican que el circuito tradicional comienza con la producción de una película, su exhibición en cines, la comercialización y finalmente su proyección en televisión. Pero la piratería rompe con esta cadena y pone el DVD en manos del consumir a través de un mercado ilegal.
En Paraná es común ver en la Peatonal, en ferias y hasta en kioscos de revistas a puesteros que comercializan copias de películas truchas. El impacto sobre el negocio legal es tal que la cantidad de negocios se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años en todo el país, según los datos que maneja la Cámara Argentina de Videoclubes. Para peor, los propietarios advierten sobre las dificultades para reconvertir la oferta y reclaman un mayor compromiso de las autoridades en la lucha contra la piratería, ya que se estima que más del 80% de las copias de DVD en circulación son truchas.