El informe registra que en los últimos nueve años se dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos.

Sobre la cantidad de imputados detenidos, se contabilizan 970, con la mayoría (57 por ciento) alojada en unidades penitenciarias, el 40 por ciento en domicilios, el 1,5 por ciento en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales.

Según el registro, existen en el país 456 expedientes en trámite, excluyendo las acumuladas a una misma investigación, y 120 causas a las puertas del juicio oral, con 889 procesados.

En tanto, la cantidad de prófugos hasta el momento suman 45, 2 de ellos fugados luego de ser condenados, informó Télam.

El relevamiento realizado por la Procuraduría que encabeza el fiscal Jorge Auat, y coordina Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país se enmarca en la preocupación manifestada por fallos adversos que benefician a civiles imputados a los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado.

A propósito, la semana pasada, la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar a querellantes y organizaciones de derechos humanos para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del país.