Los productores maiceros que sean considerados como afectados, accederán a una prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-rural hasta el 31 de julio de 2012.

Por otra parte, mediante la tramitación de la provincia ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, los damnificados podrán ser incluidos en los alcances de la Ley 26.509 de emergencia Agropecuaria Nacional. De esta forma, se verán beneficiados con refinanciaciones, nuevas líneas de crédito y prórroga en los vencimientos impositivos contenidos en la norma, así como cualquier otro beneficio que este organismo disponga en ese marco.

Línea de crédito

El ministro de Producción entrerriano, Roberto Schunk, resaltó que los datos que se solicitan a los productores en esta oportunidad, “se distinguen del resto de las emergencias. Se pretende de esta forma, transparentar mucho más para llegar a quien realmente lo necesita".

Otro de los puntos que destacó, es que el Ministerio de Agricultura de la Nación “lanzó una línea de financiamiento del Banco Nación para estos productores, con tasa fija subsidiada al ocho por ciento”. Informó que el monto total de los fondos destinados a esta medida es de 1.500 millones de pesos y comentó que desde Entre Ríos “sugerimos que se establezca un sistema similar al de 2008. Esto sería otorgarle a los productores, fundamentalmente aquellos que no tienen carpeta con el banco, la posibilidad de hacerlo a través de las cooperativas”.

Requisitos

Para ser beneficiados por la norma, los productores deberán presentar una declaración jurada con los datos que requiera el gobierno provincial para tal fin, adjuntando la georreferencia de los lotes afectados y un informe técnico donde se estimen los daños causados por la sequía, el cual deberá ser confeccionado por un ingeniero agrónomo con título habilitante. Además, la documentación deberá contar con el aval del Municipio o una entidad provincial representativa o vinculada al sector agropecuario.

Las declaraciones juradas serán recepcionadas por el Ministerio de Producción hasta el 29 de febrero, procediendo luego a la verificación de los datos y daños producidos y emitiendo los certificados en los casos que corresponda. Se aclara igualmente, que el organismo asistirá a los pequeños productores de maíz que no cuenten con la posibilidad de contratar un asesoramiento profesional para evaluar el daño.

Los argumentos

Entre los argumentos que se esgrimen en el decreto para declarar la emergencia, se hace hincapié en que se analizó información suministrada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Sistema de información Agrícola para el Seguimiento y Estimación de Producciones de Cereales y Oleaginosos (Siber) de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. En ese marco, el texto indica que los bajos niveles de reservas hídricas se han mantenido constantes en los dos últimos meses.

También se esgrime que se corroboró la afectación de plantaciones de maíz por la escasez de precipitaciones de manera irreversible en algunas zonas y que se estima una pérdida superior al 50 por ciento de la actual producción. Se considera a su vez, que la producción de la campaña venidera se encuentra en riesgo, ya que recuperación de las pérdidas económicas demandará esfuerzos económicos importantes.

En ese sentido, el Estado realiza un esfuerzo solidario para asistir a las explotaciones afectadas, teniendo en cuanta que, en la mayoría de los casos, se trata de pequeños y medianos productores, publicó APF.