Por Lisandro Viale*

La Carta Magna provincial pone entre las obligaciones del Estado “alentar el desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa, domiciliada y radicada en la provincia” (artículo 67 inciso b); e “impulsar las condiciones esenciales para la diversificación, industrialización y participación equitativa en toda la cadena de valor de la producción, posibilitando el incremento de su rendimiento de manera sustentable” (artículo 68).

Del mismo modo, ordena “resguardar al pequeño y mediano productor, y garantizar su participación en el Consejo Económico y Social” (ídem). Por si fuera poco, impone al Estado “procurar para la población rural el acceso a la propiedad de la tierra y promover su defensa” (artículo 68). Pocos días atrás, sin una previa deliberación en condiciones razonables, el Poder Ejecutivo entrerriano impuso, con su mayoría absoluta y junto a otras diez iniciativas que tampoco figuraban en la orden del día, la creación de una Sociedad Anónima para la “administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial” de tierras fiscales.

Desde el Partido Socialista solicitamos abstenernos a votar una ley tan importante sin haber podido estudiarla (ya que fue presentada en esa misma sesión) y, posteriormente, con los elementos necesarios hicimos público nuestro rechazo y preocupación ante esta iniciativa, por varias razones que resumimos a continuación:

Se crea una Sociedad Anónima en la que el Estado será minoritario, y que por 99 años va a manejar con criterios (hasta el momento) poco claros los arrendamientos de tierras fiscales que, si bien no van a ser vendidas, van a ser explotadas por privados. Un negocio redondo para pocos: trabajar la tierra sin comprar y, además, recibiendo soporte económico del Estado.

La SA será manejada (en un 60 por ciento según establece la ley) por empresarios privados que no necesariamente tienen que ser productores de la provincia y que tendrán amplia mayoría en su directorio. Se especifica que esa mayoría accionaria está compuesta de títulos que serán “libremente transferibles y se adjudicarán en concurso público nacional”. Cualquier pool o grupo concentrador (de los cuales ya hay demasiada presencia en Entre Ríos) podrá ser parte o dominar la SA. No hay ninguna especificación que lo impida.

Del 20 por ciento pensado para que quede en manos de productores locales, se prevé que “se distribuirá, en proporciones idénticas entre los diez productores radicados en la provincia que registren el mayor volumen de producción”. Es decir que también esa porción accionaria va a quedar en manos de los más grandes.

Nuevamente se aprueban proyectos para los grandes productores, mientras los pequeños y medianos de la provincia siguen sin respuesta. Por si fuera poco, el Estado renuncia a manejar sus tierras fiscales y entrega a una sociedad anónima que de modo inexorable estará en manos de los grandes, por un siglo, la posibilidad de explotar las tierras fiscales de la provincia y además la concesión y explotación de los puertos.

Algunas de las improvisadas respuestas oficiales ante nuestras primeras objeciones, se limitaron a marcar que el Estado no se desprende “de un solo centímetro de tierra” como si fuera un logro. Ocurre que el capital concentrado no quiere invertir en tierra, sino limitarse a acceder a su uso de modo tal que pueda explotar el recurso o abandonar la producción conforme soplen los vientos económicos. Nuevamente cuestionamos la inexistencia de políticas transformadoras en relación con la estructura del agro entrerriano por parte de quienes se ufanan de “progresistas”.

Da la sensación que esta medida ni siquiera es recaudatoria. Dado que no es posible saber a quiénes tienen en mente como inversores en los términos ya explicados, queremos señalar el riesgo de que esta Sociedad Anónima sea un traje a medida que favorezca a unos pocos promovidos por quienes hoy manejan el Estado provincial.

Los socialistas compartimos la necesidad de una provincia productiva y desarrollada, pero no sólo en los números de las cuentas fiscales, sino también y fundamentalmente en lo social y en lo ambiental. Queremos producir más, pero con un actor fundamental que es el pequeño y mediano productor. Como lo venimos sosteniendo desde hace tiempo, una vez más marcamos que también en esta cuestión, el centro del problema de la tierra no pasa por quiénes son los propietarios, sino por quiénes las explotan. El peor comienzo de una nueva gestión que ya desnuda la continuidad metodológica de la imposición, es tomar decisiones como éstas sin siquiera debatirlas como constitucionalmente corresponde.

El debate parlamentario ha sido anulado en el tratamiento de esta normativa al esconder el texto de la misma. Los actores sociales directamente afectados como los productores y sus instituciones, las facultades especializadas o las organizaciones medioambientales (por tratarse del destino de buena parte de los humedales); tampoco han tenido la oportunidad de expresarse. Una vez más, la participación solo aparece en su faceta declamativa, la lógica de construcción se reproduce y la “profundización del modelo en la provincia” se traduce en más de lo mismo.

*Diputado provincial socialista por Paraná.