Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL

Tanto se ha venido jugando con la reforma constitucional desde 1983, que los tires y aflojes entre capas dirigentes, cargados de elementos especulativos y atravesados por intereses sectoriales según el rol que las circunstancias les asignaban, terminaron por aislar el debate y acotarlo a un terreno en el que la sociedad en su conjunto no tuvo cabida. A esta altura de la historia, nadie duda que si desde entonces y durante cualquiera de las distintas gestiones de gobierno (incluyendo la actual) se hubieran puesto de acuerdo los dos tercios de cada una de las cámaras legislativas para sancionar la ley de convocatoria, hoy tendríamos una carta provincial reformada pero a espaldas de la mayoría de los entrerrianos.

En muchos casos ha sido el fracaso entre los alternadores del poder lo que motorizó el llamado participativo a los distintos sectores buscando en el tinglado social el consenso que no se obtenía entre la clase política.
El congreso radical celebrado en Villaguay el primer sábado de marzo, no puede ciertamente ufanarse demasiado: su decisión fue trascendente pero no inteligente. Su costo podría resultar mayor que el sí, e incluso que el ni.

Quizás muchos boinas blancas la consideren una jugada hábil, casi como una bofetada en el rostro del bustismo al terminar birlándole su pretendida reforma. O como una vendetta contra la hegemonía del PJ sin advertír que ese poder tan desmedido surgido de noviembre de 2003, tuvo como aliada la pésima gestión montielista que los órganos partidarios no supieron o no quisieron frenar.

Hay quienes juzgan que sin reforma, o con reforma pero sin cláusula reeleccionista, el justicialismo tenderá a fragmentarse habida cuenta de que hoy por hoy Jorge Busti constituye un elemento muy fuerte para galvanizar las corrientes internas. Sin un Busti nuevamente candidato es lógico que la lucha por sus hijuelas políticas será empecinada.

La forma en que la dimensión y profundidad del no de Villaguay caló en el ánimo del oficialismo, se podrá ir traduciendo en la cantidad de portazos que sobrevendrán a las ideas y proyectos que los radicales intenten instalar en nuestra legislatura. Porque a la desazón de aquélla negativa, se suma la insólita prohibición a sostener la consulta popular y, más grave aún, a dialogar con la plana gobernante. La imprudente moción de Fabián Rogel de no darle a Busti el sí hasta el último día de gestión, lo convirtió en un converso sin doctrina que observa el futuro a través de un vidrio opaco. ¿Qué rol y qué margen se le reserva entonces al Comité Provincial?

Aquí cabe preguntar si entre las promesas del juramento que prestan los legisladores tiene cabida, por ejemplo, "cumplir y observar las órdenes que emanen de eventuales congresos partidarios", cuando el mandato excluyente no es otro que el que proviene del voto popular sin diferencia alguna y el compromiso es para con toda la ciudadanía.

En un juego imaginativo, podemos avizorar que sin reelección la interna justicialista se convulsionaría, pero esa lucha por el sillón vacante se vería atemperada si, por ejemplo, Busti accediera a la titularidad del Consejo Provincial. Aunque no candidato, podría timonear un proceso que igualmente le daría al peronismo la contunidad tan temida por sus viejos adversarios.

Pero no es aventurado pensar que si el barbado mandatario se adelantase a desistir de la conflictiva cláusula, el radicalismo tampoco accedería porque ello significaría reconocer que ese era el gran cuco-pánico y que era el espanto y no el amor lo que motivaba sus rechazos. Inventar otros pretextos para el no o negociar nuevas garantías para el sí, podrían ser salidas airosas pero nada gratuítas por cierto.

La UCR y el Nuevo Espacio Entrerriano saben que aún sumados sus caudales respectivos, no sería fácil malograrle al PJ el triunfo en elecciones para constituyentes. Ello no significa desconocer que cuentan con figuras lúcidas y talentosas para ocupar una banca en una futura Convención.

Cualquier nuevo proyecto que debiera votarse, no aparejaría trastornos para el oficialismo en el Senado: su mayoría especial propia está asegurada. Pero en Diputados la cosa es muy complicada. Allí el arbitraje final puede estar en manos de cuatro radicales, cuatro del NEE e incluso la posibilidad de que sea Lucy Grimalt la adherente Nº19 que desnivele la balanza a favor del reformismo si las adhesiones sólo llegasen a dieciocho. Pero es sabido que si el gobierno vuelve a la carga será porque ya selló acuerdos inamovibles libres de sorpresas desagradables.

La cámara baja es un territorio donde el radicalismo ya utilizó sus trampas para evitar el juicio político contra Sergio Montiel, paradójicamente quién conduciría el partido hacia las dos más grandes debacles electorales que se recuerden en la provincia y que con su no a la reforma reivindica un contrato social que violentó reiteradamente.

Pero a la hora de la verdad, Antonio Mainez y Oscar Grilli (NEE) no vacilaron en cortarse solos a favor del no, dejando a los concurrentes a su inminente congreso con visibles ataduras y condicionantes a la hora de acordar una resolución orgánica.

Atribuír a Montiel la jugada del no, sería concederle restos de poder que no tiene y por su significado en niveles de térmica política, sólo serviría para que los apóstoles de esa postura se condenen a soportar compartidamente el embate de actitudes que desde el oficialismo buscará inexorablemente ajustar viejas cuentas pendientes.

Hoy las versiones son muy enredadas porque mentalidades fértiles es lo que sobra. Si las altas cúpulas dirigenciales optaran subrepticiamente por dar el gran salto negociador incluyendo un traslado hacia una casa-quinta de La Picada -cosa que más temprano que tarde se sabría hasta en detalles-, la reforma ya no tendría mayor sentido porque sus bases morales se verían resquebrajadas. Y en tal caso, serían muchísimos más los que le terminen dando la espalda.