
Además, el Ejecutivo solicitó a las autoridades uruguayas que retiren la inmunidad diplomática a Bustillo para que sea investigado en una causa por presuntas irregularidades en la importación de automóviles extranjeros y que según el embajador uruguayo ya fue archivada.
La jueza de segundo turno Adriana de los Santos es quien estará a cargo del caso, publicó el diario uruguayo El Observador. Y precisaron que la decisión de recurrir a la Justicia de Almagro había sido anticipada el viernes pasado.
Mientras, en una comparecencia ante el Parlamento del país vecino, Bustillo denunció una conversación con el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán en la que supuestamente se habló de la posibilidad de repartir el dinero a cambio de apoyar a Riovía.
Por su parte, García Moritán negó ayer esa acusación y la consideró "temeraria y absurda" además de "una calumnia". Y señaló que “de haber existido el supuesto soborno, lo lógico y elemental hubiera sido que (Bustillo) no quiera tener relación alguna con la empresa involucrada".
Por el contrario, sostuvo Moritán, Bustillo continuó reuniéndose con la cúpula de Riovía. Y afirmó que “de haber existido el episodio, lo que debió haber hecho Bustillo era efectuar la denuncia correspondiente ante la Justicia en tiempo oportuno".
La reunión entre García Moritán y Bustillo, reconocida por ambas partes y también por fuentes de Riovía, se celebró a finales de 2010, pero el diplomático uruguayo no mencionó el intento de coima hasta el pasado mayo, lo que propició la apertura de una causa judicial para investigar el episodio en la Argentina.