La ilusión de no pagar

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El Poder Ejecutivo propició una ley de bonos que quedó jaqueada por críticas propias y ajenas

La ambiciosa pretensión del Poder Ejecutivo de que le den luz verde para emitir 200 millones de pesos en bonos, no resistió los embates ni del propio oficialismo legislativo ni de la oposición. Con el aval del gobernador, el ministro de Economía, Diego Valiero, salió a decir que las letras serían para pagar juicios perdidos por el Estado. Sin embargo, no hay claridad sobre el monto al que ascienden las sentencias adversas, a pesar de lo cual el proyecto intenta delegar amplias facultades al Ejecutivo para el uso de las letras.

Jorge Riani

A no ser que el gobernador Jorge Busti tenga en mente volver a ocupar el principal despacho de la Casa de Gobierno dentro de cuatro gestiones, la abultada masa de dinero que el Estado provincial tendría que pagar a quienes litigaron en su contra por diversas causas, será un dolor de cabeza para otro futuro y lejano mandatario. Esa es, al menos, la ilusión que el Ministerio de Economía ha expresado por medio de un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Senadores.

Fue bautizado con el nombre de Proyecto de Ley para la Cancelación de las Deudas del Estado Provincial, sus Entes Descentralizados, Autárquicos y Sociedades o Empresas del Estado, aunque de entrecasa la llaman ley de bonos.

A lo largo de 16 artículos, la cartera económica despliega el ambicioso deseo de tirar para adelante lo que hoy es una brasa caliente que esta gestión de gobierno intenta quitarse de las manos antes de sentir el ardor de las llagas. Desde la cartera a cargo del ministro Diego Valiero, se ha explicado que el proyecto “se fundamenta en la necesidad de prever un instrumento para afrontar la atención de las numerosas resoluciones judiciales que condenan al Estado provincial a afrontar sumas de dinero de gran cuantía, las que producen desequilibrios financieros en el Tesoro, ya que se trata de erogaciones derivadas de cuestiones contingentes y que no se encuentran contempladas presupuestariamente”.

Entonces, como al pasar, en el artículo 9 el texto con pretensiones de ley se despacha con una llamativa autorización. “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a emitir títulos de la deuda por hasta la suma de pesos doscientos millones ($ 200.000.000) para afrontar los pasivos alcanzados por la presente ley. Se podrán emitir en varias veces”, dice el texto girado a la Cámara Alta.

El proyecto oficial –que obviamente cuenta con el aval y el impulso del gobernador Busti– ha sido blanco de críticas incluso desde el seno del oficialismo, desde donde ven en la iniciativa la convivencia de imprecisiones inadmisibles con la exactitud de un pedido que no se queda corto: letras por 200 millones.

En un mesurado tono de voz con que se formulan las críticas a iniciativas propias y en frases no pensadas para la prensa, desde el bloque de senadores justicialistas se ha dicho que con el proyecto “se le delegan muchas facultades al Gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con acuerdos extrajudiciales (sin sentencia firme)”. Una fuente de la bancada oficial le dijo a este semanario que lo primero que salta en modo de interrogante es “con qué pautas se manejan los montos para emitir esa cifra en bonos”.

Quien sí hizo públicas sus dudas e inquietudes fue la senadora radical Graciela Zambón, que en diálogo con ANALISIS se preguntaba “cuál es la razón por la cual el Poder Ejecutivo pide autorización para emitir bonos por 200 millones de pesos, si en el mismo proyecto se plantean dudas sobre cuál es el monto necesario”.

“¿Cuál es el monto de la deuda que se debe afrontar? Hasta el propio ministro de Economía dijo desconocerlo, y es por eso que se termina redactando un artículo donde se le otorgan atribuciones muy amplias al Ejecutivo”, dice la legisladora. Se refiere así al tramo donde se faculta al gobernador a utilizar los bonos autorizados para garantizar, negociar o renegociar pasivos de la deuda pública y, en general, para atender todos los pasivos públicos contingentes que permitan por este medio una mejor financiación en plaza y/o costos de atención de los servicios de la deuda, según dice el artículo 14.

La industria de juicio

En nota de ANALISIS publicada el 21 de octubre del año pasado, se aludía tempranamente a lo que hoy es una certeza: el interés del Gobierno por responder a las deudas por sentencias y reclamos extrajudiciales con bonos de cancelación a largo plazo.

Se reveló allí el primer encuentro en el que el ministro Valiero intentó convencer a los legisladores oficialistas de aprobar el proyecto. “Un legislador justicialista que participó de la reunión donde el mandatario dio a conocer su decisión de sacar una letra de cambio confió a este cronista que el gobernador aseguró que la magnitud de la suma que la Provincia debe pagar no presenta otra alternativa que la emisión de bonos. Y pese a que el ministro de Economía, Diego Valiero, no supo contestar cuál es el monto a pagar, desde los lugares ocupados por funcionarios del Ejecutivo hicieron todo intento por dejar aclarado que es mucho dinero”, se decía en el artículo publicado hace cinco meses. Hoy, a la luz de las críticas de propios y ajenos, el Gobierno sigue sin dar a conocer efectivamente cuál es la deuda por los juicios perdidos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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