Frigerio presentó el proyecto de ley en febrero de 2024 con un acto en el CPC.
La semana que viene se retomará el debate del proyecto de ley de Ética Pública y Ficha Limpia que está estancado hace 20 meses. El gobernador Rogelio Frigerio reconoció que “no es fácil de lograr”, pero aseguró que será aprobado. ANALISIS repasa los principales puntos, el periplo legislativo y quiénes podrían ser los políticos perjudicados.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en febrero de 2024 y tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Reglamenta los artículos 37º y 40º de la Constitución provincial y establece directrices en materia de declaraciones juradas, incompatibilidades, conflictos de intereses y antecedentes penales. Es aplicable a magistrados, funcionarios y empleados del Estado de los tres poderes, incluyendo entes autárquicos, municipios y comunas.
Ficha limpia: a quiénes afecta
Una de las disposiciones centrales de la iniciativa es la denominada “ficha limpia” que prohíbe que sean candidatos quienes tengan condena con doble conforme por homicidio, trata de personas y delitos financieros, contra la integridad sexual y contra la administración pública, entre otros.
Este articulado podría modificar el mapa político entrerriano excluyendo de la contienda electoral a distintas figuras del oficialismo y de la oposición, tanto a nivel provincial como en los territorios.
En Concordia, por ejemplo, no podría volver a ser candidato Eduardo Cristina (JxER) y en Concepción del Uruguay, si se confirma su condena en segunda instancia, quedaría excluido Juan Ruiz Orrico (JxER).
La normativa alcanzaría también al ex gobernador Sergio Urribarri (PJ) y al ex intendente de Santa Elena, Domingo Rossi (PJ), ambos con condenas con doble conforme.
La exigencia proyectaría, además, una sombra sobre dirigentes con causas judiciales en curso, como el ex gobernador Gustavo Bordet (PJ), el ex senador nacional Edgardo Kueider (PJ), el secretario general de UPCN y ex diputado José Allende (PJ) o el ex funcionario Juan Domingo Zacarías (JxER).
En el caso de los ex vicegobernadores peronistas Adán Bahl, José Lauritto, José Cáceres y Pedro Guastavino, un resultado adverso en la causa denominada “Contratos II” podría complicarlos para eventuales candidaturas futuras.
DDJJ, dobles sueldos y regalos
Otro aspecto relevante del proyecto es la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, que serán de acceso público.
La ley también establece un régimen de incompatibilidades que prohíbe que los funcionarios tengan vínculos con proveedores del organismo en el que se desempeñan hasta dos años después de haber dejado el cargo.
Además, se prohíbe la acumulación de cargos en distintos poderes o jurisdicciones -con excepciones para la docencia y algunas situaciones particulares- y la percepción simultánea de salario estatal y jubilación.
Este punto específico podría afectar a dos funcionarios del gabinete de Rogelio Frigerio: el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.
A inicios de la gestión, Roncaglia optó por cobrar su haber de retiro de la Policía Federal y desempeñarse ad honorem como ministro, pero en febrero del año pasado un dictamen de Fiscalía de Estado lo autorizó a percibir ambos haberes. Con la nueva ley, tendría que optar por uno de los dos ingresos.
Vazón, por su parte, fue denunciado por cobrar su sueldo y, a la vez, un contrato en el Consejo de la Magistratura de la Nación y el expediente fue archivado al considerarse que no había incompatibilidad. Pero con la nueva ley, tendría que elegir uno de los dos cargos.
La iniciativa también prohíbe expresamente a los funcionarios recibir regalos, donaciones o servicios de personas o empresas vinculadas a la jurisdicción donde se desempeñan.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas, la autoridad de aplicación podrá disponer multas de entre el 10 y el 25 por ciento de la remuneración bruta mensual del gobernador, con posibilidad de duplicar la escala ante reincidencia.
Nuevos cargos y organismos
Para la implementación de la ley se prevé la creación de dos organismos: un Observatorio Asesor dependiente de la Cámara de Diputados, con funciones consultivas y de formación institucional, y una Oficina de Ética Pública en el ámbito del Ministerio de Gobierno, que reemplazará a la actual Oficina Anticorrupción creada en 2003 y cuyo titular será elegido por concurso, durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido una sola vez.
Los poderes Legislativo y Judicial deberán, por su parte, establecer sus propias autoridades de aplicación, al igual que los municipios y comunas.
El periplo legislativo
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2024 y tomó estado parlamentario en la sesión de la semana siguiente.
Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se debatió en sucesivas reuniones, con el aporte de distintos funcionarios y representantes de universidades y gremios.
A principios de agosto de 2024, se logró dictamen de comisión con modificaciones en más de 10 artículos, en un trabajo articulado entre oficialismo y oposición. Dos aportes del peronismo fueron la creación de un observatorio y que se elija por concurso al titular del organismo de aplicación.
La presidenta del bloque del PJ, Laura Stratta, calificó en el recinto a la tarea realizada como “una construcción colectiva” e incluso agradeció a los presidentes de las comisiones, los radicales Gabriela Lena y Marcelo López, por “la apertura y la escucha”.
El proyecto obtuvo media sanción el 29 agosto en una sesión recordada por otro proyecto que se trató ese día: la creación del RINI y la adhesión al RIGI que motivaron un fuerte debate entre las bancadas, con el aditamento de la presencia de representantes de distintas organizaciones que se oponían a esa normativa.
La votación fue por unanimidad en general y en particular, salvo una excepción del bloque de La Libertad Avanza, que acompañó el proyecto, pero no votó el artículo que obliga a los funcionarios públicos a abstenerse de reivindicar el terrorismo de Estado. “Hay un hilo muy fino en cuanto a la libertad de expresión”, justificó el presidente de la bancada, Roque Fleitas.
El 4 de septiembre el proyecto tomó estado parlamentario en el Senado y fue girado a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, ambas presididas por los peronistas Nancy Miranda (Federal) y Juan Pablo Cosso (Villaguay) respectivamente. Desde entonces, nunca más avanzó.
Esta semana, consultado en el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el gobernador Rogelio Frigerio, aseguró que se retomaría el debate legislativo y reconoció las dificultades para impulsar una norma de esta naturaleza.
“Voy a pelear para que no vuelvan los gastos reservados y para que salga el proyecto de Ficha Limpia y Ética Pública. No son cosas fáciles de lograr, pero voy a trabajar para que este norte no cambie”, comprometió.
La iniciativa está incluida en la agenda de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales programada para el martes a las 11. Está invitado a exponer el secretario de Justicia, Julián Maneiro.
