El fin de la buena vecindad

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Los problemas cotidianos que sufren quienes viven en departamentos

Ayelen Waigandt

No es necesario ser un experto para darse cuenta de que en Paraná algo está cambiando. Porque con sólo caminar por las calles céntricas se puede observar la forma en que las grandes construcciones se han adueñado de la geografía de la ciudad. El gran boom que experimentó el sector de la construcción en los últimos años también llegó a la capital entrerriana y pareciera, por ahora, no tener techo. Los edificios en torre se convierten en la mejor opción habitacional ante la falta de espacio en el microcentro y la ola creciente de inseguridad que se vive en el país. Sin embargo, muchas veces los moradores de departamentos se convierten en rehenes de la mala convivencia con sus vecinos y de las desastrosas administraciones de los consorcios. Una pelea por la bolsa de basura, los ruidos que molestan al de abajo, el ingreso de desconocidos al edificio que concitan reclamos de seguridad, la inacción de los administradores… Cualquier discusión -por más tonta que parezca- puede tornarse una batalla campal.

El impresionante crecimiento demográfico que vivió la capital de la provincia en los últimos años y la mejora económica del país, en especial de la construcción, favorecieron la instalación de numerosísimas torres de propiedad horizontal. Este aumento de “la vida en la altura” propició su regulación a través de la Ley Nacional de Propiedad Horizontal Número 13.512, pero sin embargo quienes habitan en estos edificios muchas veces se encuentran desprotegidos por su incumplimiento o por pautas que la norma no prevé.

Según la definición del diccionario, el consorcio es “participación de una misma suerte con otros. Unión o compañía de los que viven juntos”. Pero en la actualidad el término tiene otra acepción: es la asociación de propietarios de un inmueble, regido por el sistema de propiedad horizontal, cuyo fin es la administración unificada de un edificio que pertenece a distintos propietarios. Nada se habla de hacer causa común con otros, ni de compartir nada -ni siquiera la suerte-, ni de estar unido a nadie.

El consorcio nace cuando una empresa constructora o comercial decide construir el edificio y redacta un reglamento de copropiedad a su gusto e “interés”. Éste no puede ser modificado, salvo con el 100 por ciento de los integrantes, lo que en la práctica es imposible de reunir, en especial en edificios de 20, 30 o 50 años de antigüedad.

El segundo término de esta suma de elementos que interactúan en la vida de los consorcios son los administradores, que -en muchos casos- convierten a los edificios en sus pequeños “feudos”. Para desplazarlos, se requiere generalmente dos tercios del total de copropietarios, lo que también es muy difícil de lograr. Los reglamentos de propiedad y la Ley de Propiedad Horizontal 13.512 aclaran específicamente que el administrador es el representante legal del consorcio, pero no mencionan taxativamente su participación en paritarias, ya que al momento de votar la norma, en el país no se realizaban paritarias.

Ahora bien, las paritarias vienen ligadas a los porteros -y se suman a la infinidad de problemas que ellos acarrean a los habitantes del edificio- básicamente empleados domésticos, ahora también llamados encargados, y tercer término de nuestra ecuación.

Ante la gran cantidad de problemas que experimentan a diario, en Capital Federal los consorcistas resolvieron dar pelea al gremio que agrupa a los trabajadores encargados de edificios y a los administradores que controlan las finanzas de la propiedad horizontal. Y a tal punto se decidieron, que dos agrupaciones de propietarios-consorcistas, sin tener conocimiento entre ellos, se organizaron para formar la Asociación de Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal (APIPH), que tiene personería jurídica y -el 26 de junio de 2004- la Asociación Civil Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) a la que, ya en 2005, el Ministerio de Trabajo le otorgó la personería como asociación gremial de empleadores.

La impresionante convocatoria que tuvieron ambas entidades y la necesidad de fortalecerse llevó a que, en junio de 2006, se uniesen -pero conservando su independencia- para formar la Federación Argentina de Consorcios (FAC). El objetivo es representar directamente a los consorcios y en la práctica lo lograron, ya que cada vez son más las Asambleas de Copropietarios que eligen a un representante propietario para actuar por sí o por delegación en la Federación. Actualmente, la FAC representa a más de 10 millones de propietarios y consorcistas de la República Argentina.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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