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Como sigue el escándalo por la quema de medicamentos en la Secretaría de Salud tras la renuncia de Legascue

Sandra Miguez

Las repercusiones por la denuncia de Análisis no se hicieron esperar. La investigación periodística reveló las maniobras de un operativo en la madrugada del 11 de mayo, por el cual se mandaron a incinerar las cargas completas de dos camiones con remedios que estaban guardados en un sótano de la cartera sanitaria. El primero en aparecer públicamente fue el dimitido José María Legascue, quien no desmintió el operativo, aún cuando desestimó las irregularidades que se fueron poniendo en evidencia. El ex funcionario involucró al propio ministro Gustavo Bordet, como así también a funcionarios de menor jerarquía, intentando no quedar solo en la jugada. Por su parte, la diputada Lucy Grimalt presentó una denuncia penal contra Legascue por incumplimiento en los deberes de funcionario público.

“Acordamos con Bordet eliminar los medicamentos, pues teníamos dudas sobre si podrían usarse con la población”, fue la primera frase que el renunciado secretario de Salud esgrimió como defensa ante aquello que se avizoraba como un nuevo escándalo. Pero José María Legascue no se conformó con eso y también agregó que “estas acciones se coordinaron con el director del Hospital Masvernat, de Concordia”, en referencia al doctor Mario Imaz.

Sin embargo, tanto el ministro de Salud y Acción Social, como el director del hospital de Concordia, marcaron sus diferencias. Gustavo Bordet aclaró que sólo se le había notificado del tema cuando ya se habían mandado a incinerar los medicamentos estropeados, aunque intentó minimizar el tema, aludiendo a los operativos de rutina. Por su parte, Imaz señaló que “las declaraciones de Legascue me sorprendieron en mi buena fe”, manifestando así su visible molestia por las declaraciones del ex funcionario que pretendía involucrarlo en el tema. Por ello, agregó que su participación en el procedimiento se limitó a realizar los contactos solicitados por el entonces secretario y subrayó que su función como director reviste un rango menor, sin participación en este tipo de decisiones. “Él me llamó en varias oportunidades para solicitarme que me contacte con la empresa pirolítica Horizonte Gas”, explicó Mario Imaz.

La investigación periodística realizada por ANALISIS permitió sacar a la luz la maniobra por la cual se habían enviado a incinerar 12 toneladas de medicamentos e insumos médicos que se hallaban en un subsuelo de la Secretaría de Salud. En la madrugada del viernes 11 de mayo, sigilosamente y en el más estricto hermetismo, se montó un operativo para deshacerse de los medicamentos, intentando evitar el escándalo público. Pero la presencia de este medio en el lugar, posibilitó poner en evidencia el operativo dispuesto para deshacerse de material sumamente requerido por las distintas unidades de atención de la salud, algo que de otra manera no se hubiera conocido.

ANALISIS tuvo acceso con posterioridad al depósito que se ubica por debajo del garage donde se amontonaban en el suelo, con vestigios de anegamiento, miles de frascos, jeringas, aplicadores de broncodilatadores, sachets de suero y blisters con pastillas de todo tipo, color y forma.

La publicación de este informe periodístico desató el escándalo y la ira de varios dirigentes políticos que por esas horas pretendían disfrutar del hecho histórico que fue haber aprobado la reforma de la Constitución Provincial. Sin embargo, un nuevo episodio en salud, empañaba la escena política dando lugar hasta una presentación judicial con demanda penal incluida.

La diputada provincial Lucy Grimalt (La Red-Paraná) se presentó apenas 24 horas después de la publicación del informe periodístico en este semanario ante el Ministerio Público Fiscal de turno para realizar una denuncia penal contra José María Legascue por la comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público, tras conocerse la destrucción de las 12 toneladas de medicamentos.

Inmediatamente la causa -que recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1 a cargo de Patricia Yedro- tomó impulso, ya que un día después de radicada la denuncia, el sábado 19, se dispuso el allanamiento en el sótano -que funcionaba como depósito debajo de las oficinas de la Secretaría de Salud- para establecer cómo se encontraba el lugar, y qué elementos quedaban aún en el sitio, que permitiesen revelar información respecto de lotes, vencimientos y otras datos técnicos necesarios para la investigación.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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