-La convocatoria. La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional fue contundente en cualquiera de las direcciones que se lo mire. Los 22 votos que le dieron cifras definitivas conformaron un colorido de pluralidad política que desde hace mucho tiempo no se tenía registro. Todo lo que se ha venido desuniendo en este último proceso de la vida política entrerriana se presentó unido en la decisión de dar aprobación al proyecto reformista presentado por el Poder Ejecutivo.
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-El escenario. En la Cámara de Senadores, la mayoría del oficialismo es absoluta, ya que solo tres senadores constituyen la oposición. Julio Majul (Gualeguaychú), disidente de la Concertación Entrerriana, ya manifestó su apoyo a la reforma; y en el mismo sentido se ha pronunciado Graciela Zambón (Federación), referente importante del radicalismo, que con esta posición entra a derrumbar el liderazgo inquisidor y persecutorio del presidente del Comité Provincial Raymundo Kisser; en tanto, Luis Luna (UCR-Federal) opta por abstenerse. Su posición moderada seguramente tiene que ver con cuidarse en no confrontar con la conducción partidaria y no entorpecer las aspiraciones del actual diputado Arturo Vera para ser el tercer senador nacional en las elecciones de octubre próximo. En una palabra, el dominio escénico del gobernador Jorge Busti en estos días es francamente abrumador. Incluso en el detalle de impulsar la iniciativa reformista con operadores de su propio riñón, como se dice. Esta vez dejó de lado operadores impresentables y apostó a la circunspección de Raúl Taleb y la bonhomía de José Carlos Halle. Los operadores del mandatario, sin descollar, hicieron buena tarea sabiendo sortear caminos sin salidas. Cuando se hizo necesario, los dos peregrinaron hasta la Casa del Partido radical en pos de concretar algún acuerdo de importancia, y lo mismo hicieron con los diferentes bloques legislativos de la oposición. De todas formas, Busti tuvo el pulso alerta como para no perderse en amagues y fue capaz de desarticular las pretensiones de la Concertación Entrerriana de sujetar la reforma constitucional a una previa aprobación de la reforma política. Tampoco contempló las pretensiones de los radicales para que se concedieran los tiempos en la presentación del proyecto reformista hasta que el congreso partidario levante el rechazo y el bloque legislativo quede habilitado para sumarse a la propuesta oficialista.
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-El poder de elegir. Como muchas veces ha sucedido en la historia reciente de la provincia, Busti acumula peso político como para definir cursos sociales y orientaciones de mucha duración. Todo hace suponer que el proceso de reforma constitucional también llevará el sello del gobernador. Pero en este diseño es importante ser puntilloso. Seguramente se irá armando una ensalada de tal manera que en las manos del mandatario entrerriano -en ese entonces casi seguro presidente de la Convención Constituyente-, quedará la puntada final de las definiciones claves. Para asegurar esa posición de privilegio, como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, pondrá su confianza en su cálculo duro. Como en el truco de seis, seguramente José Allende, que ya tiene el traje de constituyente puesto, jugará el pica-pica con Rosario Romero. El dirigente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tendrá afilada su vehemencia derechista y reaccionaria mientras Rosario Romero tratará de lucir su sapiencia progresista. Orlando Engelmann, como buen sacristán que ha sido, administrará sus silencios y su trabajo sigiloso.
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-Salud. El escándalo sigue en un sentido ascendente y cuesta determinar donde encontrará el techo. A los graves incidentes en el rubro de hemoterapia, aparece la quema de medicamentos vencidos. La cuestión dispara responsabilidades en diferentes direcciones. Imposible explicar nada, por cualquier costado que se lo tome salta la negligencia y la desaprensión. En un país y en una provincia que soportan carencias sociales lacerantes, la simple negligencia debiera tener un castigo ejemplificador. En esta Entre Ríos que se vive, es difícil que eso ocurra. Está muy cerca lo sucedido con el escándalo de la leche y alimentos vencidos, sin embargo nada sucedió con la entonces ministro de Salud y Acción Social, Graciela Degani. El incidente judicial que la tuvo comprometida en un posible procesamiento fue tan rápido como frustrante de tal forma que ahí anda ella, como se suele decir, vivita y coleando, como si nada. En esta ocasión son toneladas de medicamentos vencidos y quemados.
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-Salud pública e intereses privados. Situaciones de escándalos afectando al manejo de los medicamentos en el sector de la Salud Pública -tal como lo denunciara ANALISIS en su edición anterior- han existido en todos los gobiernos sin respetar las camisetas partidarias. Profesionales especialistas en el tema precisan que nunca hubo intervenciones judiciales que esclarecieran las situaciones y que castiguen a los responsables. A lo mejor la cuestión no pasa porque los funcionarios pongan dinero de su propio bolsillo, que es lo que en principio busca la justicia cuando quiere investigar. En todo caso, no es ese el objetivo principal. Para encontrar respuestas que permitan crear anticuerpos eficaces quizás haya que poner la mira en los objetivos políticos que persiguen los funcionarios responsables de las diferentes áreas de salud.
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-Ministro en el barro. El barro lo salpica al ministro de Salud y Acción Social Gustavo Bordet en un momento muy especial de su carrera política, más allá de que, desde un primer momento, marcó distancia de las actitudes del depuesto funcionario José María Legascue. Bordet es intendente electo de Concordia luego de haber doblegado a Juan Carlos Cresto, dueño de un apellido emblemático en el justicialismo entrerriano. Por el tipo de respuestas que ha ido dando en momentos en que se desató la denuncia de la quema de medicamentos, es evidente que el tema lo superó y sus colaboradores no lo informaron con atención y solvencia. Es que en todo el tema de la salud Bordet, como se dice, ha comido de prestado.
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