Silvio Méndez
Muy preocupado por la usurpación de propiedad pública, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, ha emprendido una cruzada para recuperar las tierras fiscales ocupadas en la zona insular del Delta entrerriano. En esta línea, ha avanzado en la posibilidad de pedir la anulación de los títulos de propiedad que, indebidamente, la Dirección de Catastro les habría otorgado a privados sobre lotes que totalizan unas 100.000 hectáreas. El fiscal argumenta que se trata de “bienes de dominio público”, por lo que solicita su restitución. Pero, paradójicamente, el esmero del funcionario para luchar por los intereses estatales no parece ser el mismo para con playa Los Arenales, un predio oficial al norte de la ciudad de Paraná tomado por un empresario ligado al poder. Rodríguez Signes, mediante presentación judicial, se ha empeñado en frenar un juicio que permitiría recuperar este solar para la utilidad pública.
En una iniciativa que lo ha colocado en primer plano de atención de la prensa y los medios de comunicación, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se ha lanzado en un plan para recuperar la potestad de unas 100.000 hectáreas ocupadas por arrendatarios agrícolas ganaderos en islas de los departamentos Gualeguay y Victoria.
La determinación es parte de una inesperada derivación por la investigación que se llevó adelante tras la controversia surgida por las quemas de pastizales en la zona insular en el sur del Delta del río Paraná. Gran parte de estas islas, aproximadamente 190.000 hectáreas, es territorio que pertenece a la provincia e históricamente se han alquilado para la actividad ganadera, apícola e incluso últimamente para la siembra de soja. Justamente, lo que se comprobó al intentar deslindar responsabilidades por los incendios intencionales producidos el año pasado, fue que una buena parte de los campos está registrada a nombre de privados.
Es más, algunos de los ocupantes, que en su mayoría son terratenientes de Buenos Aires y Santa Fe, habían iniciado los trámites para obtener posesión definitiva mediante juicios de usucapión (reclamo de propiedad por pertenencia en el tiempo), presentándose casos favorables a los hacendados en primera instancia.
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