El título de la nota resume la notable desidia judicial que se expresa cuando de dirigentes políticos y seres desconocidos se trata. Muchas veces la sección Judiciales de un medio puede convertirse en un indeseable almanaque con altas posibilidades de repetirse cada año.

El nuevo misionero

Unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2007 saltó la novedad de que en la Justicia se había archivado la causa iniciada por presunta malversación de fondos contra quien fuera vicegobernador de la segunda gestión de Jorge Busti y dos de sus ex colaboradores en la Legislatura: Cristian Treppo, que desempeñaba tareas en la Vicegobernación; y José Crettón Pereyra, quien fuera encargado de la Dirección de Administración del Senado.

Si bien pueden ser más de tres los que queden salpicados, la atención en esta causa siempre la concentró Crettón Pereyra, a quien este semanario le dedicó suficientes notas para establecer, por ejemplo, qué derivación tuvo la situación de vaciamiento de recursos legislativos. Su vida de nuevo rico en la provincia de Misiones y las inversiones millonarias con fondos sobre los que la Justicia nada se había preguntado, son el motor de esta historia de corrupción que rema contra viento y marea para ser dilucidada.

La presunta sustracción de fondos de la Legislatura se produjo entre 1995 y 1999. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 6 a cargo en ese entonces de Héctor Toloy, quien fue asesor del bloque de senadores del PJ entre 1987 y 1991. En su momento se esperó que el juez se excusara, cosa que nunca ocurrió. Según la denuncia formulada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) el 20 de diciembre de 2000, en ese lapso se gastaron 11 millones de pesos/dólares sin justificación alguna, pero la desaparición de documentos administrativos conjuró contra la investigación.

La causa tramita en el mismo juzgado, hoy a cargo de Gustavo Maldonado. El juez dejó el expediente en estado de “reserva”, lo que comúnmente se entiende como el paso previo a la prescripción. “Archivo encubierto” lo rotuló un trabajador de años. El expediente prescribía en diciembre de 2008, pero a principios de ese año el Ministerio Público Fiscal decidió que se continúe con la investigación y sugirió al Juzgado seguir adelante con el caso. Han pasado 10 años.

(La información completa en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)