Antonio Tardelli
Carece de sustento la afirmación presidencial que, en otras palabras, declara que la vigencia efectiva del régimen federal (el regreso a históricos niveles de coparticipación) es incompatible con, por ejemplo, la llamada Asignación Universal por Hijo. Algo falla en los presupuestos gubernamentales si para sostener una medida elogiable es necesario aplicarle a las provincias la misma voracidad ajustadora que caracterizó al menemismo. El gobierno, que sin reparar en los efectos concretísimos de su política habla todo el tiempo de “redistribución”, no advierte que ha sido claramente regresiva su política “redistributiva” si la variable a considerar es la inmensidad de la geografía nacional. Por el contrario, como en los programas tatcherianos, se impone la modalidad del ajuste con costo final a pagar por el eslabón más vulnerable, las provincias.
Es un momento clave para observar el comportamiento de los legisladores nacionales. Será un instante decisivo para merituar la actitud de los diputados y de los senadores (particularmente) electos en representación de los diferentes distritos, en particular Entre Ríos. Ninguna adhesión a política cualquiera que ejecute un gobierno nacional –opción perfectamente respetable– podrá justificar el desaire a una iniciativa cuya necesidad se asienta en cifras tan contundentes como son las de la exacción centralista continuada. Si los jefes municipales habitualmente declaran estar en la primera línea de fuego, en la primera trinchera, llegado el caso los alineados con el poder central deberán explicar cómo es que sus votos han sacrificado a los soldados más expuestos, indefensos e insolventes. Votar en contra de la descentralización de los recursos es, sin más, preferir un modelo menos democrático, lo que no se conjuga bien con el catecismo progresista.
En ese caso, los legisladores kirchneristas pondrán en juego nada menos que su legitimidad. Está en cuestión la naturaleza de su representación. No es ni mucho menos una disputa entre malos y buenos, entre réprobos y elegidos, como pretenderá una oposición en buena medida salpicada de oportunismo, pero sí se trata de una encrucijada decisiva en términos de lealtades. El reparto de los fondos entre las diferentes jurisdicciones constituye un elemento clave en la distorsión institucional, de tal suerte que la discusión parlamentaria del sistema de coparticipación y la opción a favor o en contra del cambio en la distribución del Impuesto al Cheque se presentan como instancias determinantes. Como pocas voces, la mano alzada dirá a quién se defiende y a quién se ignora. Dirá qué modelo de Estado prefiere cada quien.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
