D. E.

El negocio del juego en Entre Ríos mueve fortunas y cada gobierno que pasa termina cediendo a la seducción de esos dineros. “Siempre hay buenos gestos desde los empresarios”, reconocen algunos funcionarios, que optan por el anonimato y que nunca hablan de números. Muchos de esos funcionarios, que estuvieron en las cúpulas del IAFAS en los últimos 25 años, después que se fueron de los cargos siguieron viviendo con un alto nivel económico, pese a que, a varios de ellos, ni siquiera se les conocían trabajos estables. En la mayoría de los casos de provincias se maneja “un código”: aquél funcionario que renueva un contrato del juego por varios años, por más que ya no esté en el cargo, seguirá cobrando un monto mensual equivalente al sueldo que tenía -con su respectiva actualización-, durante el tiempo que dure ese acuerdo que alguna vez firmó. Obviamente, nunca lo percibirán en bancos de plaza, sino, directamente, en la República Oriental del Uruguay. “Es cómo funciona el esquema; acá y en cualquier provincia. No hay otra manera”, acota un conocedor de los manejos contractuales del juego.

El gobierno decidió, en los últimos días, renovar los contratos con las empresas de juegos instaladas en Entre Ríos. Hace unos meses había adoptado una decisión similar con el grupo Mautone, que maneja el juego en el casino de Victoria, por casi 50 años, según las estimaciones gremiales, porque nadie ha visto, hasta ahora, el contrato de marras.

Por la resolución 00417, del 31 de mayo y firmada por José Spinelli como presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), César Peralta y Guillermo Dubra como directores del organismo, se aprobó el contrato con la firma Neogame SA –estrechamente ligada a Canal 9 Litoral- y se prorrogó un acuerdo hasta el 21 de diciembre de 2036. Allí, la firma se compromete a la remodelación de la sala de calle 25 de mayo y la apertura de una nueva sala en la antigua sede del Jockey Club. También se acordaron remodelaciones edilicias, recambio de parque de máquinas y de nuevos sistemas para el juego. Incluso, Neogame se compromete “a aumentar la recaudación de la sala de 25 de mayo, debiendo para ello incrementar, en forma periódica y progresiva, las utilidades brutas anuales”, tomándose como referencia el ejercicio 2010, de 49.568.670 pesos. El cálculo que se prevé es llegar a 59.482.404 en el ejercicio 2011; que entre el 2017 y 2021 se llegue a 69.396.138 pesos y desde el 2022 en adelante, alcanzar a 84.266.739. Cabe acotar que el Estado provincial se queda con el 42 por ciento, aunque antes el porcentaje llegaba al 50 por ciento para el IAFAS.

Ese mismo día, por la resolución 00418, también se firmó un nuevo acuerdo con Newtronic SA –con Antonio Ferrari-, por el que se hace uso de “las prórrogas establecidas en la cláusula segunda del contrato suscripto el 6 de marzo de 2003”, o sea, en el último año de la administración de Sergio Montiel, cuando Pablo Bertellotti era el titular del organismo. Por ende, se dispuso prorrogar la vigencia del contrato hasta el 6 de marzo de 2013.

El acuerdo prevé aumentar el cupo de máquinas tragamonedas operando en la provincia, hacer obras de remodelación –que deberá concretar en menos de 24 meses-, asumirá nuevos costos e incrementará sus utilidades, tal como lo dejara asentado Neogame. El ejercicio 2010 dio utilidades por 67 millones de pesos aproximadamente. El compromiso es aumentarlo a más de 80 millones (en el 2011) y llegar a más de 113 millones en el 2022.

Otros acuerdos

También el 31 de mayo se firmó la resolución 419, entre el IAFAS y Electric Line SRL, representada por Pablo Marcelo Asteggiano. El acuerdo es de similares características al firmado con Neogame, ya que también, el contrato inicial, se firmó en el 2003: 10 años de prórroga; un mayor número de máquinas (40 más) y nuevos locales. No obstante, se deja establecido que a partir del 2023, la empresa podrá tener 15 años más de prórroga. La utilidad neta de la firma, en el 2010, superó los 6,6 millones de pesos y el compromiso es llegar a casi 8 millones entre el 2011 y el 2016 y a partir del 2022 superar los 11 millones de pesos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)