C.R.
El caso es tan llamativo que dejó en un segundo plano el problema que enmarca a la historia. Lo cierto es que la Argentina fue denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la Justicia le negó a una niña el acceso a su identidad y al padre a ejercer la paternidad.
Todo eso fue posible porque en este país, más precisamente en esta provincia de Entre Ríos, otorgar en adopción a un recién nacido por fuera de la normativa se convierte en un trámite tan sencillo como ir a comprar un yogurt al supermercado. Por eso ha puesto el grito en el cielo el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En Gualeguaychú, en La Paz, en Rosario del Tala se han detectado casos de ventas directas de recién nacido, pese a las modificaciones del sistema de adopción para agilizar los trámites y evitar el comercio en negro de seres humanos. Un menor puede costar en esta provincia hasta 40 mil dólares. Esa es la cifra que extraoficialmente manejan los trabajadores del Hospital Centenario que denunciaron un caso de venta de un bebé que tenía apenas horas de nacido. En el despacho del juez Gustavo Pimentel están en conocimiento de esa versión e investigan a un matrimonio porteño.
“Alarmante cantidad”
La diputada Ana D’Angelo fue una de las legisladora que presentó un proyecto intentando que el Estado se involucre ágilmente en la problemática, pero admite ante ANÁLISIS que siguen siendo “alarmantes” las cantidades de casos de venta de bebés en el norte entrerriano y en el sur de Corrientes.
Está convencida la legisladora que mientras no haya una legislación nacional única y con mucha claridad, el comercio de menores se verá favorecido. Y abona las posibilidades de adopción por izquierda el marco de enormes bolsones de pobreza que azotan a Entre Ríos, pese a que los discursos políticos y los índices de la macroeconomía hablan de otra realidad.
“La adopción es una cosa tan compleja, tan controvertida, tan trabajosa que si no hay un compromiso e idea común de los tres poderes del Estado, se dificulta poner un ordenamiento. Y por eso se planteó la necesidad de un registro único que se adhiera a la Ley nacional que es clara, pero siempre que haya una opinión de los organismos del Poder Ejecutivo y una comisión interdisciplinaria del Poder Judicial”, observó.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
