La basura en debate

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Ciudadanos paranaenses impulsan un plan para gestionar los residuos

Silvio Méndez

Al poco de asumir la intendencia, Blanca Osuna se encontrará con que habrá vencido durante este mes el plazo de 120 días hábiles estipulados por la Justicia para que la Municipalidad informe cómo se efectuará el muy mentado y nunca ejecutado plan de gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad. Esta circunstancia se origina a partir de una resolución dictada en junio del corriente por la jueza en lo Civil y Comercial Nº 8, Andrea Morales, a instancia de un presentación que obliga al cumplimiento de una serie de medidas por parte del municipio para con los residuos urbanos y que se remonta a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de julio de 2007.

Éste, en rigor, será uno de los tantos temas candentes que deberá asumir la nueva gestión, pero que aún hoy se desconoce cómo será encarado. Algo se puede insinuar a partir del encuentro que mantuvo la semana pasada Osuna con el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para poder coordinar trabajos conjuntos, aunque todo esta por verse.

Con la administración saliente quedarán una serie de proyectos frustrados para resolver la problemática de la basura marcados por la improvisación y la inoperancia.

Desidias

Entre las tentativas impulsadas, se recordará el plan surgido en 2008 para la construcción de una planta de reducción de residuos en Paraná con tecnología que, se dijo, proveería el grupo francés Oxalor. Con esta idea el municipio planeaba cambiar del depósito final de los residuos que produce Paraná. El proyecto preveía destinar un predio en el límite sudoeste de la ciudad, el cual se iba a disponer de una planta de reciclado y tratamiento.

Esta iniciativa se basaba en un procedimiento de deshidratación de los desperdicios húmedos en base a un reactivo a base de óxido de calcio que requería cal en abundante cantidad; incluso se barajó la posibilidad que la comuna adquiriera una cantera.

Pero el corazón del proyecto se sostenía en la financiación a través de los denominados “bonos verdes” o “bonos de carbón”. Este fondo de capitalización se crea por empresas de países centrales que emiten gases que producen efecto invernadero por encima de los valores y que se han comprometido a reducir en consonancia con el Protocolo de Kyoto de cambio climático de las Naciones Unidas. Oficialmente el monto del proyecto rondaba los 35 millones de pesos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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Locales