C.R.
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) deberá rever la sentencia que encontró un culpable en el caso donde se juzgó a dos profesionales por la transfusión del virus en el Hospital San Roque de Paraná. La defensa de Ricardo Alcain apeló lo resuelto por la Sala I de la Cámara del Crimen en noviembre pasado. Algunos hechos que quedaron evidenciados en la sala de audiencias, otros en el propio expediente y algunos más en los pasillos de tribunales, dejaron dudas sobre el denunciante del caso, Carlos Zanaschi, quien cuando ocurrió el hecho ocupaba un lugar relevante y de responsabilidad en la estructura del Estado ante un caso de estas características. Es que como responsable del Programa Sangre Segura, a Zanaschi no solo que no se lo procesó, sino que fue corrido del centro de la escena, pese a llevar adelante maniobras difusas durante el proceso de instrucción.

El abogado querellante, Raúl Barrandeguy, marcó un posible encubrimiento de este hombre por parte de la fiscal de Cámara, Cecilia Goyeneche, durante los alegatos al no ser ni siquiera nombrado en la exposición de la parte acusatoria. La funcionaria judicial apuntó sólo contra Alcain, incluso fuera de la sala de audiencias. En esta nota, ANÁLISIS cuenta testimonios de agentes judiciales que vieron de cerca el expediente y se animaron a pronosticar un resultado que luego no se dio.

Una vez conocida la sentencia surgieron nuevos interrogantes. Pocos días después de conocerse los argumentos, el intento de motorizar una nueva causa en la que se pretende involucrar a Alcain generó un manto de dudas sobre el trabajo de la jueza de Instrucción Elisa Zilli.

El caso: el 25 de septiembre de 2006 un joven de 18 años oriundo de Concordia realizó una donación de sangre para una pariente internada en el Hospital de Niños San Roque. Unos días después, una mujer de 28 años que cursaba un embarazo de ocho meses recibió una transfusión y tres meses después se supo que esa sangre estaba infectada de HIV. Alcain fue condenado a tres años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos, luego de que el tribunal conformado por Miguel Ángel Giorgio, Hugo Perotti y José María Chémez entendiera que era él quien ejercía el cargo de “jefe” del Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque. El tribunal le endilgó no haber avisado al dador que era portador del virus del Sida ni a la mujer que recibió la transfusión de sangre infectada. La bioquímica Gabriela Coronel Campana –que se desempeñaba en Hemoterapia de ese nosocomio- fue absuelta.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)