Juan Cruz Varela
El salario de los jueces siempre fue un secreto en la provincia. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se ha negado sistemáticamente a divulgar una información que debería ser de libre acceso en tanto se trata de funcionarios públicos.
Ahora se sabe que un vocal del alto cuerpo recibe en mano una suma de seis cifras –libre del pago de impuesto a las ganancias que castiga a muchos trabajadores registrados– y que los salarios se ajustan automáticamente cada vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispone un aumento para el escalafón del Poder Judicial. Esto es así desde que en el año 2011, después de intensas gestiones, los jueces entrerrianos lograron arrancarle al Gobierno de Sergio Urribarri una ley de equiparación de salarios con la Justicia nacional.
La Ley de Sueldos del Poder Judicial fue aprobada por la Legislatura el 26 de octubre de 2011 y promulgada tres semanas después por el Poder Ejecutivo. Si bien la norma fue impulsada por el Gobierno, lo cierto es que detrás de esa ley hubo un fuerte lobbie de la corporación judicial, que negoció silenciosamente durante años para lograr una “armonización” de salarios, tal como ocurre, por ejemplo, en Santa Fe y Córdoba.
En concreto, la ley establece que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial, se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente” y agrega que “a tales fines, el Poder Judicial comunicará al Ministerio de Economía el incremento que resulte, con copia de la acordada respectiva (de la Corte Suprema), para su cumplimiento”.
En resumen, los jueces entrerrianos ahora solo deben esperar que la Corte Suprema disponga un aumento de salarios, que salga la acordada respectiva y remitir una copia de la misma al Poder Ejecutivo para que el Gobierno provincial efectivice el aumento que alcanza a todas las categorías. Así de simple, y sin ningún desgaste.
Así, a mediados de marzo, los magistrados entrerrianos recibieron una buena noticia: la Corte Suprema pidió a la Jefatura de Gabinete una modificación de partidas presupuestarias para otorgar un aumento salarial para todo el Poder Judicial y luego dispuso un incremento del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón a partir del 1º de marzo. La decisión tuvo un efecto directo e inmediato en Entre Ríos e impactó en los todos los trabajadores judiciales por imperio de aquella ley que establece una equiparación de salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales.
(Más información en la edición gráfica número 1001 de ANALISIS del miércoles 30 de abril de 2014)
