"No hubo oficialmente ninguna respuesta. Son expertos en no contestar los pedidos de informes o en contestarlos de una manera totalmente esquiva, tendenciosa a su favor, ambigua", cuestionó el concejal Esquivel.
El bloque de concejales de Unión por la Patria de La Paz presentó una denuncia judicial tras haber detectado irregularidades varias en la compra y entrega de alimentos destinados a ayuda social, confirmó el concejal José Esquivel (PJ).
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Esquivel recordó que “en mayo de 2024 desde el bloque de Unión por la Patria hicimos un pedido de informes donde pedíamos algunas explicaciones respecto a compras de alimentos que se habían hecho en enero, febrero y marzo de ese año –hubo un decreto por año-, de los cuales se especificaba que era para atender comedores, merenderos y personas en situación de vulnerabilidad. Eso fue contestado recién en octubre de 2024, y en esa contestación del secretario de Desarrollo Social y Salud, Josías Garnier, se nos informaba respecto al criterio que se utilizaba para la entrega de alimentos, y dicen que era mediante una previa entrevista socio ambiental, donde inclusive se realizaba un entrecruzamiento de datos con otros organismos; que las entrevistas quedaban documentadas en la Secretaría; que hacían una revisión minuciosa de cada entrevista para optimizar los recursos. A su vez, también nos contestaban que esas mercaderías se utilizaban para todo un acompañamiento de insumos a merenderos, comedores barriales; que los mismos recibían dependiendo de la nómina de personas que asistían al mismo, y que la entrega se registraba en un acta de entrega donde se completaban los insumos entregados y quien los recibía. También a pedido nuestro, informaban una lista de merenderos y una lista de comedores que asistía la Municipalidad”.
Explicitó que, con esa respuesta, “empezamos una investigación y encontramos que, de un total de 18 merenderos y comedores, había merenderos y comedores que ya no existían. Fuimos con un escribano y las personas respondían que no pudieron asistir más a las personas –en algunos lugares eran 50 personas, en otros 80- porque la Municipalidad no les entregaba la mercadería, no les entregaba los alimentos y por eso dejaron de funcionar. A esto se suma que, según el listado que nos acercaron, hay direcciones que no existen o dieron nombres de barrios, pero sin especificar dónde se ubica el merendero. También pudimos verificar mediante acta notarial que hay comedores que no están recibiendo alimentos según la nómina de asistidos que tienen”.
Como ejemplo, mencionó que “en lugares donde van entre 45 y 59 personas entregan dos pollos, un kilo de zanahoria, un kilo de papa, un tomate, un aceite y ahí se termina, y con eso no se los puede asistir”.
“Estas son irregularidades que la venimos constatando y lo pudimos hacer durante todo el año 2025 en todos los decretos donde especifican que se compran alimentos. Entonces, entre lo que pudimos corroborar del año 2024 hasta, más o menos, septiembre de 2025, rondan unos 300 millones de pesos de los cuales ellos especifican que son para merenderos y comedores, pero resulta que varios ya no existen porque les dejaron de entregar mercadería, hay varios que las direcciones no corresponden porque no existen, las alturas que dan de la dirección no existen, y otros donde sólo mencionan un barrio”, apuntó.
En este marco, sostuvo que “no hubo oficialmente ninguna respuesta”. “Recién ahora, que se está dando a conocer esta denuncia que se presentó el 30 de diciembre y la recepcionó la fiscal Giuliana Giovannini, tengo entendido que hoy va a salir el secretario de Desarrollo Social en una de las radios de La Paz a tratar de dar alguna contestación. Pero oficialmente a nosotros no nos han contestado nada. Nosotros ya veníamos requiriendo y viendo ciertas irregularidades porque conocemos todos los merenderos que realmente funcionan acá en La Paz y que veníamos recepcionando el reclamo de los distintos barrios muy carenciados que no se les estaba entregando mercadería ni alimentos que el municipio con fondos del erario público está comprando”, señaló.
En cuanto al mecanismo irregular, dijo que “no se puede aseverar, pero las hipótesis pueden ser que las compras se hicieron y los alimentos no fueron distribuidos o que directamente no se compró nada y hay alguien que se queda con la plata. Cualquiera de esas cosas puede estar sucediendo. Y que ahora el secretario de Desarrollo Social salga a decir algo verbalmente, sin mostrar la documentación, cae en abstracto porque ahora tendrá que recurrir a la justicia y mostrar, entregar toda la información con la documentación correspondiente”.
Especificó que “ante la consulta de cómo se hace la entrega, lo único que adjuntaron al informe fue una fotocopia, con todos los datos tachados, de un recibo común con el cual entregan la mercadería. También queremos saber quiénes son los responsables de los comedores, porque según las investigaciones que hemos hecho, hay una concejal del oficialismo que –según los vecinos- tendría un comedor en un barrio junto con otras personas, pero el municipio no ha dado informes, ni siquiera verbales, de quién administra esos comedores y merenderos, cuántas son las personas que están asistiendo, a quienes ellos como Municipalidad están entregando alimentos, quién es la persona responsable, dónde realmente funciona, cómo se le distribuye esa mercadería”.
Ante la situación, el edil acusó que “estas son cosas que ya se venían reclamando desde la época del ex intendente Bruno Sarubi, porque es el mismo color político que viene hace 10 años en esta Municipalidad de La Paz, pero nunca se informaba, nunca se respetaba lo que dice la Constitución ni la Ley 10.027, respecto a dar información en cuanto a los hechos y a los actos de gobierno. Y si los concejales anteriores de la oposición presentaban un pedido de informe, Sarubi era más que diestro en no contestar el informe como correspondía o no contestarlo nunca. Lo mismo quieren que pase ahora. Son expertos en no contestar los pedidos de informes o en contestarlos de una manera totalmente esquiva, tendenciosa a su favor, ambigua, y así quedan dudas como sucedió tras la muerte del obrero municipal donde nunca hubo contestación oficial a qué es lo que pasó y cuáles son las responsabilidades penales que tienen tanto el secretario de Obras Públicas como los demás”.
“Acá también nos contestaron escuetamente, pensando que con eso os íbamos a conformar, y no es así. Acá está en juego y es un tema social candente, y más en esta situación económica que estamos pasando, de la situación de emergencia económica que hay y la necesidad de gente carenciada de los barrios”, criticó.
Aseguró también que “la gente de los comedores y merenderos vienen haciendo también el reclamo, pero nadie se hace eco de los reclamos y necesidades de los vecinos. Ya desde la época del ex intendente Bruno Sarubi, el tema era tapar todos los reclamos, tapar las necesidades, y desviar la atención. Cuando fuimos con el escribano a varios de estos lugares, la respuesta era que reclamaban pero que les dicen que no hay mercadería, que no hay plata, que ya nos va a tocar, pero no entregaron más. Y también plantean que no pueden salir a los medios porque los están coaccionando siempre con que no reclamen porque si no no hay más entregas. Es toda una situación irregular que a nosotros nos habilita como concejales a denunciarla y que sea la justicia, en el ámbito penal, quien deslinde las responsabilidades y se encuadre en el tipo penal que corresponda estas situaciones”.
Sobre el accionar de la justicia tras la denuncia, indicó que “hasta el momento no se tomaron medidas, la fiscal nos dijo que estaban trabajando en esto pero que están de feria y hay un solo fiscal, pero que iban a ir trabajando y haciendo las averiguaciones correspondientes”.
“Acá tenemos varios tipos penales que estas situaciones irregulares podrían encuadrar, tanto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, acciones fraudulentas o engaño hacia la población de La Paz respecto a la distribución de la mercadería, la compra, distribución y demás. Y también hay que deslindar las eventuales responsabilidades, porque a estos expedientes que nacen en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud están firmados, avalados y firmados los decretos por el Intendente Municipal, Walter Martín, y el secretario de Gobierno Matías Alejandro Camino. Entonces acá hay que deslizar las responsabilidades como corresponde y hay que averiguar qué es lo que está pasando con esto”, concluyó.
