Los aparatos detectados en dependencia oficiales son dispositivos de grabación de audios y videos usuales en espionajes y escuchas ilegales.
El Gobierno de Entre Ríos realizó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna ante el descubrimiento -realizado este miércoles- de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación.
Ante la extrema gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad. Se descuenta que en esos ámbitos hay cámaras de video seguridad, que seguramente deberán ser analizadas.
Una fuente del Ministerio de Seguridad y Justicia advirtió a ANÁLISIS que están analizando los dispositivos encontrados, que son muy similares por tecnología y sistemas al que instaló en su momento Edgardo Kueider cuando era secretario de la Gobernación, es decir, primera gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet.
Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
Desde el gobierno se emitió un comunicado en el que se destacó: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.
“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, escribió Frigerio en su cuenta de X.
“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, se publicó en el portal oficial del gobierno de Entre Ríos.
Asimismo, se insistió con que se investigará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.
“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, se insistió.
