Silvio Méndez
La gran mayoría de los empleados administrativos del Estado entrerriano sabe, o está al tanto, de la denominada 7060, así, a secas, se la llama. Se trata de la Ley Nº 7.060 –publicada oficialmente en enero de 1983–, de Procedimientos para Trámites Administrativos de la Provincia de Entre Ríos. La 7060 es conocida precisamente porque representa el marco normativo al cual se debe ajustar toda gestión en la administración pública provincial central y descentralizada. Y así pues que entre sus principales medidas, esta legislación prescribe que los expedientes que reciba cada una de las oficinas del Estado deberán diligenciar en el término de tres días los expedientes que se reciban. Con “excepción de aquellos que requieran informes técnicos, en cuyo caso el plazo será de veinte días, que podrá ampliarse por resolución ministerial”, tal como reza el artículo 35º.
Si bien esta ley está en plena vigencia, siempre se presentan particularidades por demás llamativas. Por ejemplo, la del expediente con el número ID 58865, iniciado el 2 de junio de 2009 por la Subdirección de Mantenimiento y Obras Viales del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, que inexplicable e injustificadamente yace desde el 18 de octubre de 2010 en algún cajón de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado provincial.
¿Pero qué relevancia presenta este trámite que en distintas y sucesivas oportunidades se ha prolongado su derrotero, a pesar de haberse pedido reiteradamente prioridad?
En este expediente, tal como reveló ANÁLISIS en su edición del 28 de mayo, se denuncia el movimiento de tierras y el trabajo de maquinaria pesada de un privado sobre la zona de seguridad del Túnel. Las faenas consistentes en el trazado de calles, instalación de luminarias, canteros y pilotes para los medidores de energía eléctrica, eran parte de las tareas efectuadas para la construcción del country Amarras del Sol, sobre la margen Este del complejo, en el que fuera el camping y playa pública Los Arenales.
La situación que afecta a este sector bajo jurisdicción del ente interprovincial fue puesta en consideración para su análisis “con carácter de urgente” a los directores representantes entrerriano y santafesino. El alerta luego derivó en la intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno provincial, que el 20 de agosto de 2009 certificó la remoción del terreno en el predio en cuestión y que debiera estar en resguardo. Las actuaciones fueron derivándose hasta llegar a interesar a la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos y luego a los integrantes del Consejo Interministerial por la provincia: el entonces ministro de Planeamiento Infraestructura y Servicios, Guillermo Federik, y el de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero.
(Más información en la edición gráfica número 1022 de ANALISIS del día 11 de junio de 2015)
