Jorge Riani
Los servicios elementales en la provincia de Entre Ríos están viviendo una tragedia. Sin presupuestos, con endeudamiento, con un déficit de explicación del oficialismo sobre el modo en que se financió la aventura política del gobernador, abortada, frustrada y cara, la provincia no puede hacer frente con recursos propios los servicios de salud, educación, vivienda y seguridad.
Todo lo que se sostiene es con fondos enviados desde el gobierno nacional. El gobernador Sergio Urribarri optó por las “relaciones carnales” con el gobierno nacional, que manda recursos al ritmo de los aplausos entrerrianos que concentra la Casa Rosada.
Es el caso del nuevo hospital que se construye en Paraná: todo lo paga el PAMI, pese a que el crédito político quedó en manos del gobernador y, a lo sumo, de su gabinete.
Cuando ANÁLISIS publicó en la edición anterior un informe de tapa sobre los negocios que esconde la creación de una sociedad del estado para administrar el nuevo hospital, desde el oficialismo –con Urribarri a la cabeza- montaron un operativo para bancar el modelo de administración y, de boca del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicaron que si para la administración del hospital se buscó la figura empresaria, fue porque así lo exigió el PAMI.
En el seno del Ministerio de Salud la figura de una sociedad del Estado dividió las aguas. Por un lado los equipos técnicos que ponen el grito en el cielo y que dicen que se le quita a la cartera de Salud sus atribuciones para otorgárselas a una empresa del Estado con capacidad de manejar fondos, nombrar personal, tercerizar servicios, contratar sin el instrumento de la licitación, concentrar recursos. Por otro lado, los sectores identificados con el ministro Carlos Ramos que también afirman que PAMI no permitió que el nuevo hospital quede bajo la órbita del Estado entrerriano. ANÁLISIS habló con ambos sectores.
Entre los argumentos que dieron éstos últimos es que PAMI no quiere compartir poder con un personaje que de un tiempo a esta parte se ha erigido como un gobernador a la sombra, como un ministro todo terreno y paralelo, como un operador plenipotenciario que pone y saca personal a gusto y piaccere en lugares clave de la estructura del Estado entrerriano: el dipusindicalista millonario José Angel Allende.
(Más información en la edición gráfica número 1028 de la revista ANALISIS del 10 de septiembre de 2015)
