Asuntos internos

Los últimos procedimientos por narcotráfico en Paraná revelaron que los investigados estaban advertidos de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal. El decepcionante resultado de las múltiples requisas contra la organización delictiva del clan Latorre y sus socios generó mucha bronca tanto en la Justicia como en la Policía y en el Ministerio de Seguridad. En la investigación a la nueva banda del “Tavi” Celis desbaratada en octubre reveló los contactos de sus integrantes con integrantes de fuerzas de seguridad y las advertencias sobre los allanamientos. El jefe de Policía, Claudio González, pasó la escoba y dispuso relevos y traslados, mientras la Justicia investiga los vínculos de corrupción.

José Amado

“Es la mejor Policía del país”, repite una y otra vez Rogelio Frigerio acerca de la fuerza de seguridad de la provincia que gobierna hace dos años. También lo decía antes, en su carrera hacia el poder en Entre Ríos. Y lo replican sus funcionarios. Hay en esto una cuestión cuantitativa: una fuerza de unas 12.000 personas, entre las mayores per cápita en el país, que representa por extensión una gran parte del electorado. Hay otra cuestión cualitativa: la Policía entrerriana tiene cierto prestigio en el país por una gran parte de sus integrantes con formación profesional en materia de investigación criminal y ciencias forenses; por esclarecimiento de casos resonantes y captura de algunos que llegan de otros lugares a cometer delitos; por tecnología y equipamiento avanzado respecto de otras fuerzas provinciales; por no padecer de una corrupción estructural y transversal como se ha observado en numerosos casos en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo. Sin embargo, todo tiene su lado B, que ni el gobernador, ni el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, ni el jefe de la Policía, Claudio González, desconocen. Hay sectores más o menos organizados que utilizan la estructura y el uniforme para construir poder y negocios. ¿Siempre los hubo? Claro. Pero hoy el factor de la droga se expande en todos los ámbitos institucionales y en la Policía es más grave: están los que hacen pactos con narcos y están los que consumen drogas y llegan a tener vínculos ilícitos con los que les venden.

En las últimas grandes investigaciones por narcotráfico en Paraná y alrededores quedó en evidencia una vez más el fluido contacto de los más importantes narcos con integrantes de la Policía. ¿Es una novedad? Para nada. En todas las causas más importantes de los últimos 15 años, al menos, contra bandas de diversos niveles en la provincia, se han comprobado desde filtraciones hasta complicidades directas entre uniformados y delincuentes, con sospechas de informantes o coautores condenados. Desde el fallecido “Gordo” González con el excomisario Mario Núñez en Concordia, hasta Leonardo Airaldi y sus 44 contactos de integrantes de fuerzas de seguridad en su celular.En los últimos años pareciera que esto se ha convertido en un problema recurrente que socava la confianza entre la Justicia Federal, donde se apunta a las organizaciones narcocriminales, y las fuerzas auxiliares. Más allá de la buena relación construida entre fiscales y jueces con algunos investigadores de cada fuerza de seguridad, a la hora de ordenar allanamientos es cada vez más difícil tapar los agujeros por donde se filtra la información que llega a los oídos de los sospechados. Esto también está replanteando los modos de investigar y sobre todo cómo llevar adelante procedimientos que necesariamente involucran a numerosos policías de diferentes áreas, divisiones y lugares de la provincia.

El último y más notorio caso de este problema fue el de los 46 allanamientos contra el clan Latorre y sus socios González, conocidos como “Los Fierro”, así como a los grupos de narcomenudeo que abastecían en Diamante y en Nogoyá, que comenzaron en la noche del miércoles 10 de diciembre. Se trata de la banda perfilada en la publicación de ANÁLISISen agosto de este año, donde se describió el poder territorial, económico y violento del numeroso grupo familiar originario del barrio Consejo que, en los últimos tiempos, se convirtieron en la banda narco más preponderante de Paraná y alrededores, con numerosos hechos violentos y balaceras, abastecimiento a otras bandas, inversiones inmobiliarias y el presunto abastecimiento de drogas mediante cargamentos que provienen desde el norte por el río y se descargan en la zona de Villa Urquiza.

El fenomenal despliegue de casi 500 uniformados en los 34 allanamientos realizados en Paraná y Villa Urquiza, nueve en Diamante y tres en Nogoyá, estuvo a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas, con el monitoreo del jefe provincial de la Policía y del propio ministro de Seguridad. El resultado fue una decepción, según lamentaron públicamente los mismos responsables del procedimiento. La bronca de las autoridades y de quienes estuvieron investigando durante más de un año a esta banda, bajo instrucciones del fiscal federal Leandro Ardoy, brotaba más por la evidente filtración de la información que alertó a los narcos que por el hecho en sí de no haber encontrado droga, como cada tanto suele pasar. Algunos comentaban que una persona incluso llegó a decir en una radio el mismo día que a la noche se iban a realizar los allanamientos. Se sabe que los organizadores del negocio no tienen la droga consigo, por ello en las investigaciones se reúnen las pruebas previamente en escuchas telefónicas (cuando no hablaban entre ellos mediante aplicaciones infranqueables) y en tareas de vigilancia donde se registran sus movimientos. Pero aun así en los allanamientos van a buscar los celulares de los acusados como una evidencia clave. Y la demostración de que los Latorre y los González estaban advertidos de los allanamientos fue que ninguno de los cabecillas tenía consigo sus teléfonos: ya los habían descartado o escondido vaya a saber dónde. Hubo domicilios donde vaciaron las viviendas, no dejaron ni colchones.

Otra cuestión muy comentada puertas adentro de la Policía y de la Justicia fue que la mencionada publicación de ANÁLISIS sobre los Latorre provocó cambios en las formas de moverse de la organización. Esto, que puede ser una confesión sin querer de aquello que se reveló, fue considerado negativamente. Drogas Peligrosas elevó un informe acerca de esa nueva situación. En diálogo con Radio Plaza luego de los allanamientos, el ahora exdirector de esta área, Alexis Rotundo, dijo: “Las posibilidades estaban de encontrar una mayor cantidad, pero hay que ser claros en cuanto a que ellos cambiaron la modalidad, sobre todo después de la publicación del medio ANALISIS, y hasta cambiaron los vehículos, que vendieron algunos y cambiaron la titularidad de otros, y eso complicó mucho la investigación, y obviamente el entorno de ellos estaba más alertado”. Y agregó: “Hasta ese momento veníamos llevando la investigación de una forma y después se dificultó porque cambiaron toda la modalidad. A esto lo informamos a la Justicia y está claro que los resultados no son los previstos”. No obstante, el comisario consideró que “otro punto de vista previsible” es que se pudo haber filtrado información, previo a los allanamientos. “Esto se está analizando a través de la Justicia, pero es más difícil de demostrar”, aclaró.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1167, del día 18 de diciembre de 2025)