María Angélica Pivas
En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, ONU Mujeres -como entidad líder de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres- propuso: “El 8 de marzo de 2026, únete a las mujeres y niñas de todo el mundo para exigir la igualdad de derechos y una justicia igualitaria para hacer valer, ejercer y disfrutar esos derechos”.
Esto nos motiva, considerando la importancia de la unión y la acción colectiva que expresa su lema, a pesar de los desafíos del sexismo y la política, a reafirmar nuestro compromiso de avanzar en la lucha por los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, sin claudicar.
Nuestro aporte, a tal fin, lo centraremos en dos conceptos principales que estructurarán el análisis circunscripto a lo que actualmente percibimos: oposición a la igualdad de género y desdemocratización silenciosa en un contexto de democracia conservadora. Conceptos, seleccionados cuidadosamente por su centralidad en la comprensión de las dinámicas políticas y sociales recientes.
El primero aborda la oposición a la igualdad de género, entendida como la resistencia a la equiparación de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta reacción no es un fenómeno abstracto, sino que se expresa mediante diversas vías: desde políticas públicas restrictivas y discursos oficiales que perpetúan estereotipos, hasta acciones concretas que refuerzan desigualdades y discriminación. La oposición a la igualdad de género se convierte, así, en un obstáculo directo para el avance de una sociedad más justa e inclusiva, consolidando estructuras tradicionales que perpetúan la inequidad entre los géneros.
El segundo pilar conceptual es la noción de desdemocratización silenciosa en las democracias conservadoras. Este término refiere al proceso, muchas veces inadvertido, por el cual la democracia experimenta un retroceso en sus principios esenciales. Dicha regresión se manifiesta en la reducción de la participación ciudadana, la vulneración de derechos humanos, la restricción de libertades civiles y el debilitamiento de las instituciones fundamentales. En suma, implica la erosión de los valores que sostienen a la democracia como forma de gobierno legítima y plural.
Escogimos el tema para advertir cómo la oposición a la igualdad de género puede ser un indicador de las tendencias autoritarias en contextos de desdemocratización.
Estas premisas nos permitirán, visibilizar en nuestro país distintas dinámicas en las que se patentizan, en la actualidad, patrones de retroceso de las políticas de igualdad de género (policy backsliding). Se trata de un proceso gradual de erosión de instituciones, normas y libertades esenciales. La degradación es lenta, liderada por un gobernante electo que concentra poder, amparado en una popularidad que le permite una tolerancia inusitada y peligrosa en términos de democracia. La licencia social, en este escenario, se presenta como un obstáculo, ya que su existencia permite y ampara retrocesos en diversas áreas, generando un entorno donde las adhesiones se obtienen mediante argumentos que, aunque falaces, logran persuadir apelando directamente a las emociones, expectativas o necesidades de la población. La vulnerabilidad social facilita la aceptación de discursos poco fundamentados. La manipulación emocional y la instrumentalización de las carencias presentes contribuyen a consolidarla, legitimando acciones regresivas. Transformando, paulatinamente, un permiso social en la actual anomia estatal, debilitando las instituciones republicanas que deberían prevenir abusos y garantizar que las acciones del gobierno sean supervisadas, con un claro objetivo: que el sistema de frenos y contrapesos, esencial para asegurar una gobernanza equilibrada y democrática, se torne en utopía. Preocupante, especialmente ante un gobierno que, desde que asumió, dio claras muestras de su tendencia hacia la concentración del poder.
El retroceso se produce en distintas dimensiones, y que no es necesario para que ello acontezca que las mismas se den simultáneamente ya que se puede dar con una sola. Sin embargo, una que ya por sí implique un retroceso en algún aspecto, puede dar lugar a otra con un consecuente nuevo retroceso. Nos ocuparemos, sucintamente en tres de ellas.
1) Deslegitimación discursiva de los objetivos de las políticas de género;
“Las declaraciones contra la igualdad de género, formuladas por funcionarios políticos de alto rango que forman parte de la estructura de gobierno o del partido político gobernante, cuestionan la legitimidad de la igualdad de género como objetivo y desacreditan las políticas vigentes”. Roggeband, C. and Krizsán, A. (2020)
Argentina, o más precisamente su gobierno actual, se posiciona como un aliado incondicional de aquellas potencias internacionales que promueven y refuerzan la agenda conservadora a nivel global. De este modo, el país se integra a una estrategia que aspira a instaurar un nuevo orden mundial, caracterizado por la consolidación de valores, estructuras y prácticas conservadoras en los ámbitos político, social, cultural y económico. Las implicancias de este orden no pueden subestimarse, ya que afectan tanto los marcos normativos como las dinámicas cotidianas de la vida democrática.
Este contexto, de por sí desafiante, debe ser visto, en nuestra opinión, como una oportunidad genuina para la acción, pero para ello se debe inexorablemente comprender el contexto en el que se inscribe. Hete aquí, una de las motivaciones del presente artículo. No obstante, resulta esencial reconocer que, frente al avance de políticas conservadoras, se articula una resistencia local significativa. Diversos movimientos sociales emergen como respuesta a conflictos específicos, luchando activamente por los derechos humanos y la justicia social. Estos colectivos no solo encarnan la oposición al retroceso democrático, sino que también representan la esperanza y la posibilidad de transformación. Es fundamental acompañar y visibilizar estas luchas, fortaleciendo así su capacidad de incidir y de desafiar el statu quo impuesto.
2) Desmantelamiento y reencuadre de las políticas vigentes.
“Los retrocesos pueden tomar la forma del desmantelamiento o de eliminación de las políticas en curso. Sin embargo, también pueden producirse transformaciones radicales en los marcos interpretativos de las políticas para que sus objetivos cambien”. Roggeband, C. and Krizsán, A. (2020)
La dinámica de desmantelamiento institucional o la reformulación de los mecanismos de implementación de políticas públicas implica, en la práctica, que avances previamente valorados y reconocidos positivamente sean eliminados, debilitados o redefinidos. Este proceso conlleva una pérdida real de derechos conquistados y una alteración significativa de los marcos normativos que los sustentan.
Es en esta dimensión, donde el repliegue de las políticas de igualdad de género se manifiesta de manera más notoria y preocupante. Este retroceso puede comenzar con la desjerarquización de organismos o áreas clave, muchas veces en un marco de silencio institucional y opacidad. Dicha degradación suele producirse en etapas sucesivas, que van desde la reducción de rango o funciones hasta, en última instancia, la disolución total de las estructuras creadas para promover la igualdad de género.
Un elemento central de este proceso es la tendencia a transferir o delegar cada vez más responsabilidades, originalmente asumidas por el Estado Nacional, a las administraciones provinciales y éstas, a su vez, a los gobiernos locales o municipales. Esta fragmentación de competencias debilita la capacidad de respuesta integral y coordinada del Estado frente a las problemáticas de género, dificultando la implementación efectiva de políticas y la garantía de derechos en todo el territorio nacional.
Dejamos para el final de este acápite un ejemplo paradigmático de los retrocesos institucionales en materia de políticas públicas de género en Argentina y que encontramos en el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, institución creada para promover y proteger los derechos de las mujeres y las diversidades de género, todo un logro a nivel mundial que tomó a la Argentina como punta de lanza del feminismo. Sin embargo, el Ministerio fue objeto de un proceso de desjerarquización progresiva. Inicialmente, se redujo su rango institucional, convirtiéndolo en una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Posteriormente, esta subsecretaría fue transferida al Ministerio de Justicia de la Nación, donde operaría en junio de 2024, su cierre definitivo con la remanida justificación oficial de la reducción del gasto público, sin precisión alguna sobre la continuidad de los programas y políticas que venía desarrollando el Ministerio – que tiene sus raíces hundidas desde la recuperación de la democracia-. Esta falta de precisión y transparencia acentúa la preocupación por la pérdida de institucionalidad y pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de protección y promoción de derechos en el ámbito de género.
Argentina, que históricamente ha sido un país pionero en la lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género, se encuentra en una etapa crítica, al pasar a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de género. Es la primera vez, en más de cuatro décadas de democracia ininterrumpida, que las políticas para atención y prevención de casos de violencia de género carecen de institucionalidad.
3) Debilitamiento de la implementación.
“En esos casos, las políticas pueden permanecer en vigor, pero se cuestionan los arreglos institucionales que sirven para su implementación efectiva. Así pues, el retroceso puede afectar a los organismos encargados de hacer cumplir las políticas y a sus mecanismos de coordinación, a las relaciones intergubernamentales y de otro tipo, a los procesos estratégicos y programáticos o a los presupuestos asignados” Roggeband, C. and Krizsán, A. (2020)
Es la tercera dimensión del retroceso en las políticas de igualdad de género. Se manifiesta en el socavamiento de la implementación de políticas públicas, lo que desestabiliza el proceso de avance y consolidación de derechos. Es también llamado desmantelamiento por defecto, una forma menos frontal y más sutil que la anterior, que se da en una forma relativamente fácil y discreta, pero igualmente efectiva para limitar el alcance y la eficacia de las políticas de género.
En estos casos, si bien las políticas pueden continuar formalmente en vigor, lo cierto es que se cuestionan y debilitan los mecanismos institucionales que resultan fundamentales para su ejecución efectiva. Así, la regresión no recae exclusivamente en la derogación de normas, sino que afecta a los organismos responsables de la aplicación de las políticas, sus procedimientos de coordinación con otros organismos, las relaciones intergubernamentales, los procesos estratégicos y programáticos, y -tema no menor- los presupuestos asignados.
En este proceso se ve cómo opera una reducción drástica de recursos económicos y humanos, so pretexto de medidas de austeridad o la necesidad de reducir el gasto público. Así como la falta de apoyo institucional o la imposición de restricciones administrativas que dificultan el acceso efectivo a derechos y servicios.
Finalmente y en forma sucinta, la Desdemocratización silenciosa en las democracias conservadoras.
Resulta especialmente paradójico que el fenómeno de desdemocratización ocurra en el marco de una democracia autodenominada “liberalismo libertario”. Bajo esta fachada, se esconde una orientación conservadora que queda en evidencia por sus posiciones frente a los temas civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como por su actitud crítica hacia los movimientos progresistas y su resistencia a toda transformación dirigida a ampliar la igualdad y la equidad. Esta reinterpretación del liberalismo revela una inclinación a preservar el statu quo y limitar la expansión de derechos, evidenciando una tensión persistente entre la retórica democrática y las acciones concretas de poder.
En esta coyuntura, los movimientos colectivos que buscan visibilizar y combatir las diversas formas de desigualdad de género desempeñan un papel fundamental. Sin embargo, su accionar suele ser percibido como una amenaza a los valores tradicionales y al statu quo vigente. Por ello, estos movimientos enfrentan una fuerte oposición de instituciones y actores políticos que, en su empeño por preservar el orden establecido, no solo resisten el avance de derechos, sino que además contribuyen al debilitamiento de las estructuras democráticas.
Colofón de lo expuesto, en este contexto argentino contemporáneo, cada una de las dimensiones permite advertir cómo se articula esta reacción regresiva que deviene en un claro y dramático retroceso en las políticas públicas de género cumpliendo cabalmente un plan sistemático meticulosamente diseñado.
La retórica oficial, el desarme institucional y la limitación en la implementación constituyen, en conjunto, expresiones concretas de la reacción regresiva que caracteriza el backlash, evidenciando la intención de revertir conquistas previas en materia de igualdad y protección de derechos.
No podemos estar desprevenidos ante la pretensa regresión planteada, que es parte de algo más profundo y que encuentra pábulo en la propia ideología conservadora porque, para esta, resulta inaceptable el reconocimiento de derechos humanos en pos de una igualdad real y no formal. Esta reacción conservadora queda patentizada en lo que han dado en llamar “ideología de género”.
No entraremos en ese tópico porque consideramos que nos conduce a una discusión estéril que nos aleja del verdadero nudo de la cuestión.
En síntesis, todas las situaciones expuestas nos colocan ante un horizonte que, cada vez que lo observamos, se nos vuelve más oscuro en términos de derechos humanos, especialmente al intentar garantizar uno tan básico para las mujeres: la igualdad de derechos y una justicia igualitaria para hacer valer, ejercer y disfrutar esos derechos.
Ya se nos está volviendo inveterada práctica finalizar con una frase que nos pertenece: que la libertad avance no puede implicar, de modo alguno, que los derechos humanos retrocedan, porque es de su esencia la progresividad y la no regresividad.
(*) María Angélica Pivas es ex jueza y actual profesora titular de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).
