El concejal de Juntos por Entre Ríos esposado junto a otros dos consortes delictivos frente a la Prefectura Naval de Concepción del Uruguay.
La escena tiene algo de paradoja institucional. Mientras el viernes 6 de marzo en nombre del gobierno de la provincia de Entre Ríos, la secretaria de Ambiente Rosa Hojman, y el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, presentaban oficialmente a la nueva autoridad del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay -un área protegida creada para preservar uno de los ecosistemas fluviales más sensibles del litoral-, a pocos kilómetros donde se desarrolló ese acto un operativo de la Prefectura Naval Argentina terminaba con la aprehensión de un concejal de Juntos por Entre Ríos en un presunto episodio de caza furtiva.
El procedimiento ocurrió el viernes 6 de marzo en un camino rural cercano a la zona de Campichuelo. Allí, una patrulla preventiva de la Fuerza federal detectó un vehículo detenido con tres ocupantes en una zona que suele ser utilizada como acceso a áreas naturales ribereñas. La inspección posterior reveló elementos que, según las autoridades, configuraban un escenario típico de actividad de caza furtiva e ilegal.
Entre los ocupantes del automóvil se encontraba el concejal del bloque de Juntos por Entre Ríos de la Municipalidad de Colonia Elía, Fernando Javier Heidenreij, de 52 años. Junto a él viajaban dos hombres de 37 y 33 años. Durante la verificación del vehículo, un Volkswagen Gol, los prefectos hallaron una carabina de repetición calibre .30-06 equipada con mira telescópica, municiones del mismo calibre listas para su uso y varias vainas servidas. El hallazgo más significativo se encontraba en el baúl: un ejemplar de ciervo axis ya faenado.
Aunque el arma contaba con documentación, la combinación de elementos hallados motivó la intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de la fiscal Denise Caraballo. Por disposición judicial se procedió a la identificación formal de los tres hombres, el secuestro del vehículo, del arma de fuego y de las municiones, además del decomiso de la carne del animal.
Las autoridades estimaron que el valor total de los elementos incautados -considerando el vehículo y el armamento- supera los diez millones de pesos.
Más allá del expediente judicial, el episodio adquirió rápidamente una dimensión política debido al rol institucional de uno de los involucrados. Heidenreij integra el bloque de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Colonia Elía y responde políticamente a Alberto Zapata, dirigente de la misma estructura política que ese mismo día era presentado por el gobierno provincial como nuevo responsable del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.
La coincidencia temporal expone una tensión difícil de ignorar en el debate público entrerriano: mientras el Estado provincial intenta consolidar una política de preservación ambiental y desarrollo turístico sustentable en áreas protegidas, un dirigente del oficialismo local queda involucrado en un procedimiento vinculado justamente con la depredación de fauna y la puesta de riesgo de vida para terceros como lo constituye la caza furtiva.
En regiones donde los humedales y las islas del río Uruguay forman ecosistemas de alto valor ambiental, la caza furtiva representa uno de los principales desafíos para los organismos de control. Las dificultades logísticas para vigilar extensas áreas ribereñas y rurales hacen que la prevención dependa en gran medida de patrullajes esporádicos y denuncias.
En ese contexto, los episodios que involucran a actores con responsabilidades públicas adquieren una dimensión simbólica adicional. No sólo interpelan el cumplimiento de la ley, sino también la coherencia entre el discurso institucional de protección ambiental y las prácticas individuales de quienes forman parte del sistema político.
Por ahora, la causa judicial se encuentra en una etapa inicial. Los tres hombres quedaron sujetos a la evolución del expediente, mientras se aguardan las actuaciones administrativas de los organismos de control de fauna y de tránsito que deberán determinar las sanciones correspondientes.
Pero más allá de la resolución que eventualmente determine la Justicia, el caso ya dejó planteada una pregunta incómoda en el escenario político y ambiental entrerriano: qué ocurre cuando quienes forman parte de las estructuras del poder local aparecen involucrados en actividades que el propio Estado intenta erradicar de sus áreas naturales protegidas.
