El Ministerio Público de la Defensa junto a autoridades del Poder Ejecutivo buscan garantizar la autonomía y cuidado de personas con discapacidad mayores de 18 años.
Autoridades provinciales mantuvieron un encuentro con el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de Entre Ríos para coordinar acciones en torno al Programa Contigo, una iniciativa que busca garantizar la autonomía y cuidado de personas con discapacidad mayores de 18 años.
La propuesta que vienen elaborando profesionales del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se basa en una iniciativa de esta gestión que apunta a acompañar y fomentar el proceso de desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad mayores de 18 años que han transitado su trayectoria de vida en residencias del organismo de protección provincial.
Esta iniciativa fue el eje de un encuentro virtual que mantuvieron la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y la directora del Iprodi, Inés Artusi, junto al defensor general del Poder Judicial de Entre Ríos, Maximiliano Benítez; la secretaria de la Defensoría, Lorena Cali; y el responsable del Órgano de Revisión de Salud Mental, Martín Cabrera. Allí se repasó la actualidad provincial en materia de residencias y se brindaron detalles de la iniciativa que se está trabajando, para propiciar líneas de acción en conjunto.
“Me parece importante compartir y dialogar con el órgano específico de la justicia el camino que venimos construyendo desde el Iprodi para trabajar, desde una mirada integral y territorial, los espacios de cuidado para personas con discapacidad. En este sentido, estamos trabajando a partir de la asistencia general y la garantía de derechos para personas mayores y menores de edad que se encuentran en residencias permanentes o transitorias”, señaló la titular de la cartera provincial.
Al respecto, Paira profundizó: “La decisión política del gobernador Gustavo Bordet es consolidar un Instituto con un rol activo en el diseño de las acciones de cuidado para las personas con discapacidad. Y sabemos que este proceso será posible en tanto y en cuanto articulemos las medidas con Salud, con la Justicia y con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esta tarea”.
Sobre el canal de diálogo entre los diversos organismos estatales, la ministra remarcó: “Estamos a disposición para que miremos las propuestas y se ajusten a las normativas previstas para que el trabajo conjunto nos posibilite, desde los roles que tenemos, garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.
Detalles del programa
La propuesta se enmarca en la Ley Provincial N° 9.891 de Discapacidad, que contempla el “funcionamiento de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad que carezcan de grupo familiar o cuya atención no sea posible en el mismo”, como así también de la Ley Nacional N° 24.901, relativa al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. En el mismo sentido, se citan aspectos de la Resolución N° 1328/2006 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a esta temática.
El objetivo del programa, entre otros aspectos, es brindar alojamiento, contención y acompañamiento a un grupo de jóvenes adultos con discapacidad sin contención ni guarda familiar que cumplieron la mayoría de edad y se encuentran viviendo en residencias dependientes del Consejo Provincial de Niño, el Adolescente y la Familia. La iniciativa busca brindar, durante la etapa de transición, los apoyos necesarios para la óptima preparación psicofísica y social de la persona, como así también lograr un pasaje de institución armoniosa, cuidando la salud integral como un derecho humano.
La directora del Iprodi, Inés Artusi, destacó que esta propuesta “nos permitirá, en base a estadísticas, certificados y trabajo territorial con los municipios y referentes locales, detectar a futuro cuáles van a ser las personas a incorporar al programa, previendo qué se les brindará”.
“Por último, remarcamos la necesidad de fomentar a través de la Junta Evaluadora de Servicios la creación de residencias, pequeños hogares y toda otra prestación que impulse la autonomía y el cuidado de las personas con discapacidad”, concluyó.
