El abogado Miguel Cullen, defensor de varios de los imputados en la causa que investiga los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, dijo este lunes que no considera que exista delito en la causa, atribuyó funciones de los contratados al “financiamiento de la política”, entendida como “trabajo territorial”, y calificó de “llamativamente raro” lo sucedido con el robo de cheques, documentación que remarcó era una prueba solicitada por la Fiscalía.

“Nos enteramos por los medios, no teníamos la menor idea de que eso había sido pedido por la Fiscalía, desconocemos cuál es la importancia que le pretendía dar, habría que preguntarle a los fiscales”, explicó el letrado en diálogo con En el dos mil también (FM Nueva Litoral). Y agregó respecto del robo de la documentación: “Es tan confuso lo que se comenta, tan llamativamente raro, que no sabemos si esto es así, si se denunció 7 días después por el banco; por lo que he leído en la prensa, porque en la causa no ha tenido ningún tipo de repercusión”.

“Lo que sí es llamativo es todo el revuelo que se armó, incluso llegaron a decir que eran hasta maniobras de la defensa, o que había una mafia. No fue una prueba pedida por nosotros, hablé con todos los defensores. No teníamos idea que existía un depósito, unas cajas, unos cheques; muchísimo menos que iban a venir en una empresa de transporte determinada que es la que dice la noticia periodística. Estamos más sorprendidos por la repercusión que ha tenido y por lo llamativo de la causa”, señaló.

Seguidamente, sostuvo: “Como opinión personal creo que es tremendamente peligroso que se pueda robar así una caja. Según lo que leí el empleado de un transporte dejó la puerta abierta, pasó una persona, se llevó una caja con cheques, es de no creer. No sé si habrá existido la caja, si será cierto el robo, parece demasiado poco creíble lo que se ha comentado en la prensa. No parece cinematografico, sino como de estúpido (sic)”. “Esta causa tiene toda esta cosa increíble”, agregó, y recordó cómo se inició la investigación: “Un policía que estaba justo en un cajero, que ve actitudes sospechosas; todo parece un cuento fabulesco, ahora en el medio lo de los cheques”.

Sobre lo que busca determinar la investigación, negó que exista la presunta maniobra con los contratos truchos. “Yo la niego totalmente. Los contratos existían, habían presupuestos que votaba la Legislatura año tras año; todos los diputados de todos los bloques utilizan el sistema de contrataciones; el presupuesto anual de la Legislatura se votaba por todos los bloques, pasa a una comisión, este presupuesto específico para contratos está desagregado. O todos eran unos ilusos que votaban sin controlar nada o realmente lo de los famosos contratos truchos ni eran tan truchos y sí eran contratos, que es lo que vengo diciendo”.

“Pasa que hay una realidad que nadie quiere hablar, que tiene que ver con el financiamiento de la política”, analizó, y explicó que no refería con esa expresión al “financiamiento de los partidos políticos ni de prácticas políticas partidarias, sino de trabajo territorial”. Y ejemplificó: “Un senador de San Salvador, por ejemplo, que está acá y tiene que tener gente que recorra su ciudad para saber cuáles son las problemáticas. No son ñoquis, lo que no hacen es ir físicamente a la Legislatura. Es otro tipo de funcionamiento. El mayor trabajo de la Legislatura está fuera del propio ámbito de ella”.

Y afirmó Cullen: “Los contratos eran reales, no son tampoco los 400 contratados que dicen que no les daban nada ni que hacían ningún trabajo, no es así salvo que existan testimoniales que la Fiscalía no nos ha mostrado”.

Consultado en el programa radial sobre cómo se explica que un grupo de personas manejaba 20 o 30 tarjetas de terceros y le daba un porcentaje de lo que cobraban, el letrado observó: “Habría que preguntar a cada uno de los titulares de las tarjetas por qué se las habían dado, y hay gente que ha dicho que se lo daban por cuestión de comodidad. Y tampoco es que todos cobraban un 10%, sí algunos han manifestado que de buena fe entregaban parte porque lo entendían como una devolución para seguir haciendo política a las agrupaciones de base de la que participaban. No se lo devuelven a la gente que le da la plata”.

En ese punto, trazó un paralelo con lo que ocurre con algunos funcionarios públicos: “Es muy común, y yo no creo que sea delito, que parte del sueldo que cobran vaya para el pago de algunas cuestiones partidarias”. Aunque los periodistas le señalaron que se trata de una metodología distinta, como aportes voluntarios o incluso códigos de descuentos. “Y si a la persona a la que le dan un contrato de obra se siente con obligación moral porque pertenece a tal agrupación de darle parte de ese sueldo”, sugirió en ese sentido.

Inquirido respecto a la posibilidad de que en un eventual segundo juicio pueda llegarse a responsabilidades superiores, insistió en que no considera que haya delito: “Yo no creo que esto ni siquiera sea algo ilegal”, y adelantó que están “trabajando sobre muchas hipótesis”.

Sobre el final, recordó que aún no pesa condena sobre los imputados, y reclamó “tratar a las personas sometidas a proceso como inocentes”.