Radiografía del saqueo: el esquema detrás de las coimas en Enersa que duró 18 años

Los resultados de la investigación interna ordenada por el Directorio de ENERSA luego del escándalo por la causa de las coimas pagadas por las empresas Securitas y Tornell a funcionarios de la distribuidora provincial de energía, arrojó conclusiones categóricas acerca de las complicidades internas en todo el proceso de las licitaciones del servicio de seguridad, en la confección de los pliegos, en las firmas de los contratos y, sobre todo, en la composición de la fórmula por la cual se determinaban los frecuentes y sucesivos aumentos del costo del servicio de seguridad. El daño a la empresa quedó demostrado, según una Comisión de Investigación conformada para tal fin, tanto por el “menoscabo patrimonial” debido al pago de exagerados sobreprecios, como por el “perjuicio extrapatrimonial” que causó el impacto en la opinión pública de los hechos de corrupción ocurridos durante varios años.

“ENERSA pagó por un servicio que no recibió (…) y quienes debían controlar permanecieron en silencio”, es una de las conclusiones más punzantes del informe sobre el cual informaron a ANÁLISIS fuentes con conocimiento del mismo, realizado por dicha Comisión que estuvo integrada por el gerente de Asuntos Estratégicos, Eduardo Asueta, la abogada y jefa del Sector Legales, Carolina Marani, y el gerente de Recursos Humanos, Adrián Ledesma. Pasó casi un año desde la presentación de los resultados de la investigación y los responsables de haber participado por comisión u omisión en los hechos de corrupción no fueron denunciados ante la Justicia para determinar responsabilidades, según se confirmó desde Tribunales.

La investigación realizó una cronología de las cuatro licitaciones del servicio de seguridad desde 2006 hasta la de 2022, detalló las compulsivas y voraces adendas de redeterminación de precios, las irregulares cesiones de los contratos de una empresa a otra, los servicios y productos que se pagaron y no se recibieron, la vista gorda de quienes tenían el deber de analizar y observar cada paso, y hasta encontró decisiones insólitas del Directorio en busca de impunidad como la aprobación de una “autoindenmidad” para todos los gerentes y síndicos de ENERSA y la contratación de un seguro de responsabilidad civil para ellos mismos, poco antes del cambio de gobierno en 2023.

También se informó que los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul recibieron pagos de casi 900% más de lo que la empresa les debería haber pagado por el servicio de seguridad, con un monto superior a los 1.300 millones de pesos, solo en los dos últimos años de contrato, entre 2022 y 2024. “Se duplicaba el valor del incremento de costo”, se indicó. ¿Por qué se pidió calcular solo sobre estos dos años? Porque si abarcaban los años previos, se encontrarían obligados a informar la situación al Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que investiga las coimas entre 2016 y 2019, periodo en que la empresa Securitas tuvo la concesión del servicio de seguridad. Y, al parecer, aún hay funcionarios que vienen de aquella época y no quieren que se mezclen los tantos.

La investigación chocó con algunas dificultades teniendo en cuenta que los responsables internos de la empresa habían borrado todas las pruebas posibles, como el daño y vaciamiento de los discos rígidos de las computadoras o la desaparición de los chips de los celulares corporativos.

La madre de la corruptela

Las irregularidades en la contratación, prestación y pago del “servicio de custodia, vigilancia y seguridad interna de personas, bienes y establecimientos” fueron un montón, pero la principal se trató de la fórmula polinómica de actualización de precios que tiene su origen en la licitación del año 2006, elaborada por la propia empresa oferente, no por ENERSA.

En 2005, el gobernador Jorge Busti caduca la concesión a EDERSA y se la otorga a ENERSA, una sociedad anónima con el 100% de las acciones del Estado provincial. Hasta 2006, el servicio de seguridad era prestado por ELITE. El 18 de junio de 2006 se aprueban los pliegos para el llamado a licitación del mismo, donde se aclara que “la fórmula será el único factor por el cual se podrá incrementar el costo de la hora hombre (precio unitario del servicio)”. Decía que las partes debían reunirse cada seis meses para discutirlo, de acuerdo al aumento del costo laboral y la inflación. El Directorio lo aprobó por unanimidad.

Se presentaron cuatro oferentes: Sheriff SRL, Control, Seguridad y Prevención SRL, ELITE Sistema de Seguridad y El Guardián SRL. Los dos primeros fueron rechazados al momento de la apertura de ofertas por no cumplir con alguna de las condiciones, mientras que la propuesta de ELITE fue declarada inadmisible por razones de “incompatibilidad e inhabilidad” para contratar con ENERSA. De este modo, se adjudicó el servicio a El Guardián por ser “la mejor oferta y la más conveniente a los intereses de la compañía”.

El Directorio estaba conformado por: Carlos Molina (presidente), José Candelario Pérez (vicepresidente) y Silvio Ekkert (Director General), mientras que la Comisión Fiscalizadora estaba conformada por José Laporte, Miguel Ulrich y Néstor Alberto Ochoa (síndicos titulares). El 19 de julio de 2007 se firmó el contrato por cuatro años y opción de prórroga por dos más, por 650.145 horas hombre. ¿Quién firmó por El Guardián? Claudio Raúl Tórtul, un desconocido que emergía como el empresario de un rubro que, años más tarde, lo llevaría a la crema de la alta sociedad paranaense.

Laporte (fallecido en 2020) y Tórtul son los apellidos que iban a perdurar a lo largo del tiempo en este esquema. El mismo Tórtul en la oferta propuso la fórmula de ajuste de precios y fue avalada por ENERSA (como si ya hubiesen estado todos de acuerdo) que calculaba variables de la mano de obra sueldo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), con una trampa que llamativamente persistiría durante 18 años. La Comisión de Investigación observó que esta fórmula “fue expresada de manera lineal”: (0,8 MO f/MO o + 0,8 IPC f/IPC o -1) x100, cuando en realidad debía haberse planteado en fracciones. Ese “-1” se aplicó sobre el IPC 0 y no sobre el resultado de la sumatoria de ambos términos: debía ser (0,8 MO f/MO o + 085 IPC f/IPC o) -1 x100.

Este “error de tipeo” significó una diferencia enorme que bien podría llamarse “la fórmula del éxito” de Tórtul y los funcionarios que se llenaron los bolsillos. Esa fórmula fue propuesta por El Guardián y adoptada por la empresa para todos los pliegos sucesivos desde 2006 hasta la licitación de 2022. Y los responsables no podrían argumentar que se les pasó por alto en medio de numerosas planillas, ya que para la licitación del año 2022 modificaron los índices de mano de obra de 0,8 a 0,5, pero mantuvieron la misma composición, tal como señala en el informe la investigación interna.

La Comisión apuntó que esto significó entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 una diferencia de 446%. Pero, además, como ENERSA estaba muy generosa, pagó el valor de la hora hombre $1.446,40 y no $1.286,06 como lo disponía el contrato, según surge de la documentación que analizaron.

En este sentido, al hablar del “impacto económico” por la aplicación de tal fórmula de redeterminación de precios, señalan que al final del período la hora hombre debió ser $7.028,54 y se pagó $12.766,32. Teniendo en cuenta la tasa de actualización del Banco Nación Argentina, la misma que utiliza el Poder Judicial, el porcentual de ajuste real generado fue de 446%, mientras que el porcentual de ajuste pagado fue 893%. De este modo, la diferencia pagada al prestador fue de $1.332.442.219. Esto solo en los dos años del último contrato: en un mecanismo que perduró 18 años, las cifras del saqueo serían monumentales.

La fórmula no se toca

Pero no fue solo el primer Directorio de 2006 el que amañó el pliego y la contratación del servicio para con Tórtul, sino que las maniobras continuaron. Según consultó ANÁLISIS acerca de los contratos siguientes, en 2011 no se prorrogó la concesión a El Guardián y se llamó a una nueva licitación. El pliego incluye, obviamente, la mencionada fórmula polinómica. Se presentan como oferentes: Securitas Argentina SA, Sheriff SA y Prosegur SA. Se adjudica el servicio a Securitas por una suma total de $41.463124 más IVA, equivalente a 870.160 horas hombre, valuada cada una en $47,65.

En el Directorio de ENERSA había cambiado algunos rostros: Hugo Ballay era el presidente, Silvio Ekkert seguía como el vice y Sergio Menéndez era el director. La Comisión Fiscalizadora estaba integrada por Julio Rodríguez Signes, José Gervasio Laporte y Javier Abdala, como síndicos titulares. El 29 de noviembre de 2012 se firma el contrato entre Ballay y el presidente de Securitas: Marcelo Javier Tórtul, hermano de Claudio, por un plazo de 48 meses, prorrogables por 24 más.

Llega 2016 y se termina la concesión del servicio de seguridad. En octubre se reúne el Directorio y se aprueban por unanimidad el llamado a licitación de los pliegos. Los oferentes son Prosegur y Securitas Argentina SA. Se rechaza la propuesta de Prosegur por “vicios graves (subjetivos y objetivos)”. Gana cómodamente Securitas el contrato de $102.081.600 más IVA por un plazo de 24 meses.

Al momento de eta nueva adjudicación, vuelven a aparecer algunos cambios en el Directorio de ENERSA: Jorge González como presidente, Ballay, Guillermo Gianello y José Bechara como directores titulares. La Comisión Fiscalizadora: Rodríguez Signes, Javier Abdala, Luis Erbes y Lucio Aspillaga. El 28 de abril de 2017 firman el contrato por la empresa distribuidora de energía provincial los apoderados Mario Quiroga y José Pablo Bertochi, mientras que por Securitas aparece ahora Claudio Tórtul. Se acuerda el servicio de seguridad por 489.600 horas hombre, a un costo de $376,13 cada una.

Nadie advierte nada sobre la fórmula polinómica lineal que se arrastra en el pliego desde 2006. Luego se hacen cuatro adendas de redeterminación de precios, con reconocimiento de millonarios retroactivos e incremento de objetivos. A partir de julio de 2017, la hora se paga $241,78; en enero de 2018, $257,75; en julio de ese mismo año, $299,29; en enero de 2019 llega a $376,13. Luego se incorpora en una adenda un Plan de Seguridad con ajuste de servicio y valores, con “avance tecnológico y diseño profesional, equipamientos en sitios nuevos”, etc. Todo es aprobado por ENERSA tal y como lo propone Securitas. En el medio, aparece un informe positivo del director técnico: la firma “no ha tenido observaciones ni sanciones, prestado el servicio en los estándares exigidos por ENERSA”, cita la Comisión de Investigación sobre dicho documento. Más adelante se sabrá que esto no era así y que esos técnicos no habrían observado bien el desastre del servicio.

Pasamanos

En ese mismo 2019 se producen las polémicas cesiones del servicio de seguridad.  El 22 de abril el directorio aprueba la cesión del contrato de Securitas a SEGAR Seguridad SA, de Marcelo Segarra. El personal es cedido y transferido de una empresa a otra. Se aplica la misma fórmula de redeterminación de precios y el monto es de 489.600 horas hombre a $376,13 cada una.

Aunque el Directorio sostiene que SEGAR tiene “las mismas cualidades técnicas que Securitas” y “reúne la condiciones para cumplir con las inversiones requeridas”, esta empresa recién obtiene el decreto de habilitación para operar en Entre Ríos como empresa de seguridad privada el 6 de mayo de 2019. Iba a durar muy poco: el 9 de octubre de 2019, Segarra dice que no puede sotener el servicio por la situación económica del país, entre las corridas cambiarias y la escalada inflacionaria. Se produce así la nueva cesión gratuita de SEGAR a Tornell SA, de Claudio Marcelo Tórtul. El 28 de octubre de 2019 el Directorio lo aprueba por unanimidad. Tornell tampoco estaba todavía habilitada para operar por parte del Ministerio de Gobierno provincial, recién le llegó la autorización el 2 de diciembre. De más está decir que en esta cesión y en las siguientes adendas se aplica la misma fórmula de adecuación de precios, consentida por ENERSA. Desde ese momento hasta 2022, las adendas son cada vez más frecuentes, y ni los meses de pandemia las frenaron. Así iba aumentando el precio de la hora hombre:

-Septiembre de 2019: $475,81 + IVA

-Enero de 2020: $564,04 + IVA

-Febrero de 2020: $582,83 + IVA

-Septiembre de 2020: $639,85 + IVA

-Enero de 2021: $744,23 + IVA

-Julio de 2021: $931,32 + IVA

El 30 de abril de 2021 se dicta la prórroga del contrato con Tornell y luego se siguen firmando adendas:

-Noviembre de 2022: $938,85 + IVA

-Enero de 2022: $1.102,40 + IVA

En cada una de las adendas se firmó, además, el pago de montos millonarios por retroactivos, por encima de 9 millones de pesos (para tener una idea, eran unos 390.000 dólares al valor del paralelo en este último mes).

Último baile

Llegó 2022 y la cuarta y última licitación comprendida en la investigación interna. El Directorio aprobó por unanimidad el pliego para el servicio de seguridad patrimonial y actualización del sistema de video vigilancia. Acá es cuando la ya famosa fórmula varía en el índice de 0,8 a 0,5 sin cambiar la trampa del “-1” que quedó adentro del paréntesis. Gana nuevamente, por supuesto, Tornell SA de Claudio Tórtul. Pierden: SEGAR, por no presentar la garantía de mantenimiento; y TECNOSEG SA, bajo el argumento de no tener la habilitación vigente en Entre Ríos. El acta de adjudicación es firmada por el presidente de ENERSA, Ramiro Caminos, el vice Sergio Menéndez, y los directores Ballay, Gianello y Bechara, en tanto que por la Comisión Fiscalizadora lo hicieron Rodríguez Signes, Erbes y Aspillaga.

El contrato se firma el 16 de marzo de 2022 por un total de 19.998 horas hombre entre Tórtul y Mario Quiroga y Pablo Bertochi por ENERSA. Y comienzan las adendas compulsivas que van incrementando el costo de la hora hombre:

-Mayo de 2022: $1.728,98 +IVA

-Julio de 2022: $2012,62 +IVA

-Octubre de 2022: $2369,92 +IVA. Aquí, además se acuerda el pago de retroactivos por más de $7,6 millones y hasta un plus vacacional de un millón y medio de pesos.

-Noviembre de 2022: $2.638,81 +IVA

-Enero de 2023: $3.180,16 +IVA

-Marzo de 2023: $3986,15 +IVA

-Septiembre de 2023: $7461,04 +IVA

-Octubre de 2023: $8.847,44 +IVA

-El 27 de marzo de 2024, un par de semanas antes del allanamiento de Gendarmería se eleva a $12.671,47 +IVA

Este mismo día se resuelve la prórroga del contrato por 24 meses. El primer trimestre, por 18.000 horas hombre (un 10% menos), mientras que en julio el directorio resuelve bajar un 15%, a 17.000.

El 16 de abril de 2024 se produce el allanamiento de Gendarmería por orden de la jueza federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado. Se llevaron documentación de la licitación de 2016, sobre transferencias y cesiones de contratos, adendas, órdenes de pago, legajos del gerente de Área Administración y Finanzas, Carlos Malmierca, Laporte, Juan Carlos Pimentel, Alejandro Cis y del gerente de Asuntos Legales Marcelo Morales, así como copias y back up de los mails de 2016 a 2019. Días después fueron indagados Cis, Morales y Pimentel por su presunta participación en el esquema de coimas denunciado por Securitas.

El 6 de mayo de 2024, ante la escribana María José Gerber, ENERSA decide la rescisión unilateral del contrato con Tornell. Ambas empresas consensuan un período de transición hasta el 31 de julio de 2024, con el traspaso y la continuidad laboral del personal, y se labra un acta inventario.

El 12 de julio se firma un acta de extensión del contrato hasta el 31 de agosto de 2025. Para la nueva licitación se establece priorizar que se mantenga la totalidad del personal de seguridad. El 29 de agosto de 2024 se conocen los nuevos ganadores: el Directorio adjudica el servicio de seguridad a la empresa UT Watchman Seguridad SA – Sentry SRL por el monto de $2.749.944.000 +IVA por 12 meses.

Paquete cerrado

Desde los inicios de la tramoya, se había conformado un “comité” que elaboraba el pliego y lo eleva a la Gerencia General y al Directorio para su aprobación, lo que se daba casi en forma automática. “Los pliegos de seguridad y toda la gestión de este tema fue de manejo exclusivo de un grupo cerrado y electo de personal de ENERSA”, se citó a ANÁLISIS de aquel informe. El comité estaba integrado por: el Gerente General, el Gerente de Logística y Servicios, el Gerente de Asuntos Legales y el Gerente de Compras. Intervenía en todos los pliegos y también instaban todas las adendas. Por eso, los investigadores concluyeron que la fórmula polinómica de actualización “fue una acto voluntario, consensuado y querido del comité” y “luego apoyado por el Directorio”. La complicidad quedó plasmada en aquella mencionada variación de porcentuales de la fórmula, sin modificar el “error” de cálculo.

Otro aspecto irregular que se advirtió fue el de las cesiones de contratos del servicio de 2019. Resulta que la cesión como tal estaba prohibida, pero incluso más allá de esta ilegalidad las transferencias se hicieron “torciendo las exigencias de los propios decretos licitatorios”. La reglamentación interna señala la prohibición de subcontratar o deslindar responsabilidades en terceras empresas, por lo cual “la prohibición de subcontratación reviste o implica la prohibición de cesión del contrato”, teniendo en cuenta que el proceso de licitación está “sujeto a recaudos”. Por esto, señalaron que SEGAR y Tornell debían tener las mismas condiciones de Securitas y cumplir con todos los requisitos por el principio de igualdad de los oferentes. Sin embargo, ninguna estaba inscripta como proveedoras de ENERSA, ni tenían la habilitación para operar como empresas de seguridad privada al momento de la licitación (16 de noviembre de 2016). Y, al momento de las cesiones, hicieron todo a las apuradas.

Como proveedores de ENERSA, Segar se inscribió el 1° de abril de 2019 y Tornell el 29 de octubre de ese año. La habilitación del Gobierno para operar, Segar la recibió el 6 de mayo y Tornell el 2 de diciembre. Es decir, cuando se hicieron cargo el servicio, ninguna estaba habilitada. Por lo tanto, no cumplían con un requisito elemental por el cual se descartaron otras ofertas de empresas, como el caso de TECNOSEG.

Abriendo el paraguas

Dos meses antes de que el peronismo dejara en poder en la provincia para la asunción de Rogelio Frigerio al frente del Gobierno, el Directorio de ENERSA tomó una medida asimilable a una confesión del conocimiento que tenían todos sobre los desmanejos y la corrupción. Convocaron a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 11 de septiembre de 2023, donde el segundo punto de la orden del día fue el tratamiento y aprobación de una carta de indemnidad para directores, síndicos, gerente general y gerentes de área. La medida fue propuesta por el mismo Directorio, y era para reclamos, daños y perjuicios, multas, etcétera, que “serán compensados o afrontados por la sociedad” en caso de juicios procedimientos “ya sea civil, penal, administrativo, de arbitraje o de investigación”. Se aprobó por unanimidad, por supuesto.

Pero la necesidad de atajarse no quedó allí: el tercer punto de esa asamblea fue contratar un seguro de responsabilidad civil personal que “complementa la indemnidad”, a través del IAPSER. Aprobado.

Esto no había ocurrido nunca desde 2006 ante los sucesivos cambios de gobierno que hubo en la provincia. Se trató de una situación insólita que permite inferir que los responsables de la empresa sabían que la bomba podía explotar. Como finalmente explotó, aunque ya estaban lejos y las esquirlas alcanzaron a muy pocos.

Los doctores

El gerente de Asuntos Legales, Marcelo Morales, es uno de los imputados en la causa federal de Arroyo Salgado. Las fuentes que observaron la investigación interna destacaron que el 19 de diciembre de 2023, a días de haber asumido Frigerio, este funcionario le envió un correo electrónico “confidencial” a la secretaria, cuyo asunto era “Securitas-segar-tornell”. Morales le pedía: “Necesito que rescates todos los originales de la documentación relativa al último contrato con Securitas, cesión a Segar y luego a todo lo que haya sobre Tornell (desde 2019 a la fecha)”. La asistente de Legales le pidió los originales de los contratos al encargado del archivo.

Además, gran parte de las adendas no pasaron por el Sector Impuesto ni cuentan con informe legal de Procedimiento 18: lo debe hacer el Gerente de Legales (siempre para cada contrato) y remitirlo a distintos sectores para recibir “conformidades”. Nada de esto ocurrió, pero nos contratos se firmaban igual.

El 16 de abril de 2024 (día del allanamiento), la asistente de Legales le envió un mail a Marcos Aldana y a Morales, avisando que no había informe de Legales sobre las licitaciones que los gendarmes andaban buscando. El contador Aldana es el Gerente de Administración y Finanzas, quien ocupa ese cargo desde antes del cambio de gestión tras reemplazar a Quiroga (apoderado legal que firmaba los contratos con Tórtul), luego de que este reemplazara a Malmierca. Este último continúa en ENERSA aunque “lo tienen corrido”, se informó. Todos los que ocupaban este cargo tenían la responsabilidad de controlar la fórmula polinómica, la madre de las coimas.

Abandono y silencio oficial

Cuando la UTE conformada por las empresas Watchman SA (de Buenos Aires) y Sentry SRL (de Paraná, cuyo responsable según el listado oficial es el comisario Carlos Schmunk, actual jefe Departamental de La Paz) agarra el jugoso negocio de la seguridad privada en ENERSA, se encontraron con el desastre que dejaron sus predecesores. El Directorio les pidió una auditoría sobre el “servicio heredado” y el informe reveló que, además de los sobreprecios absurdos pagados a los Tórtul, el monto sustraído debió haber sido mucho mayor al calculado, teniendo en cuenta que ni siquiera se cumplía con el servicio pactado y por el cual les pagaban fortunas. Por ejemplo:

-Incumplimiento crítico en software de monitoreo: nunca se instaló el software preferencial DIGIFORT. Usaban uno doméstico gratuito y muy vulnerable.

-Falta de equipamiento y actualización tecnológica: nunca se implementó el control cruzado entre los cuatro centros de monitoreo ni se instalaron las 12 cámaras termográficas que se habían comprometido.

-Fallas operativas y de cobertura: había cámaras mal colocadas, y encima eran de origen chino de segunda marca. Las alarmas, si sonaban, no reportaban al centro de monitoreo. El equipamiento de computadoras donde se grababan las imágenes, si las había, estaban obsoletos. Nada recibía el mantenimiento adecuado

Pese a que en 2022 ENERSA les pagó a los Tórtul $25.718.627,88 por mes (cuyo monto se fue multiplicando con las famosas adendas), nunca recibió el servicio tal como se había acordado. La nueva empresa se encontró con un estado de abandono generalizado. “Quienes debían controlar permanecieron en silencio”, concluyó tajantemente la investigación interna.

Se menciona que en ese tiempo el sector administrador (Gerencia de Logística y Servicios) estaba a cargo de Cis (hasta su jubilación el 28 de febrero de 2023) y Diego Brunetti, que fue designado el 16 de junio de 2023 como “Gerente de Sector Servicios y Construcciones” con categoría 9, hasta que lo echaron el 8 de mayo de 2024.

Fuentes con conocimiento de la situación afirmaron a ANÁLISIS que la Comisión de Investigación puso todo esto (y mucho más) en conocimiento del Directorio de la empresa provincial en julio de 2025. Hasta el momento, nadie debe rendir cuentas ante la Justicia provincial ni ante los entrerrianos. Solo queda saber qué pasará en la causa federal de San Isidro sobre los tres años de coimas que se investigan. Todo lo demás, “bien, gracias”.

La causa Securitas, con próximas novedades

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, tiene en sus manos la investigación que puede provocar aún más un terremoto político en Entre Ríos. Porque además de haber procesado a los Tórtul, a empresarios, exdirectivos y exgerentes de ENERSA, cuenta con pruebas sobre las conversaciones de los empresarios de seguridad privada donde, por ejemplo, mencionan al exgobernador Gustavo Bordet un centenar de veces, así como unas cuatro veces a Rogelio Frigerio.

Hasta ahora, los procesados son: Jorge Daniel González, expresidente de ENERSA; Alejandro Cis, exgerente de ENERSA y acusado de ser el receptor de las coimas así como el distribuidor de los sobres. Los exgerentes Marcelo Morales y Juan Carlos Pimentel fueron procesados pero la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín los favoreció con la falta de mérito, aunque ahora el Ministerio Público Fiscal solicitó nuevamente el procesamiento, que debe resolver en breve la magistrada exesposa de Alberto Nisman. En tanto, por Securitas fueron procesados Claudio Tórtul y Marcelo Tórtul, hermanos y máximos responsables de la filial litoral de la empresa multinacional, así como el socio de Claudio en Tornell, Daniel Carbonell.

Cabe recordar que la investigación comenzó por un auto denuncia de Securitas, donde admitió el pago de coimas millonarias a representantes de organismos públicos para mantener y cobrar sus servicios, en Entre Ríos y otros puntos del país.

En tanto, Edgardo Darío Kueider (exsenador nacional y exsecretario de la Gobernación de Entre Ríos durante la primera gestión de Bordet, detenido en Paraguay por intento de contrabando de 211.000 dólares) está procesado en otra causa de Arroyo Salgado por presunto incremento patrimonial injustificado. Aquí, la jueza sostiene que parte del enriquecimiento ilícito tiene su origen en las coimas de la trama Securitas-ENERSA). A su vez, Iara Guinsel Costa, pareja y secretaria de Kueider, también está involucrada en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito como parte del entorno del exsenador.

La explicación de Rodríguez Signes

En una entrevista en diciembre de 2024 en Radio Plaza, el fiscal de Estado y exsíndico de Enersa, Julio Rodríguez Signes, explicó: “La función de la Sindicatura es un análisis jurídico formal del procedimiento de contratación. El sistema funciona de la siguiente manera: las gerencias de la empresa formulan un requerimiento que en este caso significa contratación de seguridad; es un tipo de contrato que emerge de las gerencias y empieza a transitar un procedimiento interno de contratación y al final la Sindicatura lo que hace es observar si las reglas de ese procedimiento interno se están cumpliendo o no”.

En ese marco, afirmó que “la Sindicatura siempre hace algún tipo de observación, pero en este caso no recuerdo observaciones que hagan a una irregularidad palmaria en el procedimiento, puede haber alguna corrección que se le haya hecho. Todo está en los libros de actas de la empresa, de la Sindicatura, y hoy está en poder del Juzgado”.

No obstante, aclaró que “ni remotamente éste es el contrato más importante que tiene Enersa, es realmente muy poco significativo. La Sindicatura apunta a contratos muy relevantes que tiene la empresa, en aquella época estábamos con la Estación Transformadora, por ejemplo. Pero la función de la Sindicatura se cumplió perfectamente bien”.