Por superposición de debates, defensores piden la postergación del juicio a Urribarri

Defensores

Las causas comparten varios abogados defensores.

Abogados defensores pidieron que se postergue el juicio a Sergio Urribarri y buena parte de su gabinete, porque está ocupados con el juicio que ventila las causas “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio” en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Según informó Entre Ríos Ahora, un grupo de abogados hizo la petición al tribunal que componen Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Gervasio Labriola. Los jueces determinaron que se realice una audiencia para que los defensores expongan sus argumentos. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijará una fecha para eso.

De ese trámite dependerá si el debate comienza el 20 de este mes, o se aplaza. El tribunal, además, pidió “recabar la información que corrobore que la sustanciación del debate aludido -conocido como la causa ´Narcomunicipio´- en el Tribunal Oral Federal de Paraná, su cronograma de audiencias y el carácter que revisten los abogados peticionantes en el mencionado debate, librándose el despacho pertinente”.

El inicio del juicio por la conocida “causa de la vaca” ya fue postergado una vez, en julio pasado.

Defensores en común

  • Miguel Ángel Cullen: defiende, junto a Rubén Pagliotto, al intendente de Paraná Sergio Varisco, que está imputado en la causa Naromunicipio. En la “causa de la vaca defiende a Alejandro Almada, y Maximiliano Sena y es codefensor de la contadora Corina Cargnel.
  • Guillermo Vartorelli, defensor de María Esther Márquez en Narcoavioneta. En la “causa de la vaca” es abogado de Cargnel y Emiliano Giacoppuzzi.
  • Emilio Fouces defiende al concejal de Cambiemos, Pablo Hernández en Narcomunicipio. En la “causa de la vaca” defiende al empresario Hugo Montañana.
  • José Velázquez, defensor junto a Leopoldo Cappa de Daniel Andrés ‘Tavi’ Celis en Narcoavioneta y Narcomunicipio. En la “causa de la vaca” es codefensor junto a Ignacio Díaz del diputado y exministro Pedro Báez.
  • Marcos Rodríguez Allende es codefensor junto a Boris Cohen de Griselda Bordeira en Narcomunicipio. En la “causa de la vaca” defiende a Juan Pablo Aguilera.

Juicio por la “causa de la vaca”

Se investigó penalmente la distribución irregular de publicidad callejera entre 2010 y 2015 por un monto de $24.204.918,69, con fuertes sospechas de pago de coimas a firmas que se atribuyen a Juan Pablo Aguilera,  cuñado del exgobernador Sergio Urribarri.

En el nuevo cronograma fijado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se establecieron las audiencias para los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre próximos, a las 9. Los debates continuarán durante el mes de diciembre los días 4, 5, 6, 11 y 13, también a las 9.

El proceso, en principio debió empezar el lunes 29 de julio último, pero menos de una semana antes fue aplazado.

El 25 de julio, el tribunal conformado por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola dispuso suspender el inicio del juicio oral al exgobernador Sergio Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y, entre otros, al cuñado del actual titular de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Aguilera.

Ese aplazamiento  se resolvió en función de sendos certificados médicos presentados por los defensores Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces.

¿Qué investiga la Justicia?

La imputación fiscal sostiene que durante el gobierno de Urribarri y Báez, en “el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En la causa, están los abogados Raúl Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.

Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

Antes de que el tribunal decidiera aplazar los debates, el último 25 de julio, habían ocurrido una serie de incidentes.

La última estrategia por aplazar el inicio del juicio había ocurrido con la recusación de uno de los magistrados que juzgará a Urribarri, Báez, Aguilera y Cía, Gervasio Labriola, en una investigación penal conocida mediáticamente como “ causa de la vaca”, en la que los delitos investigados consistieron en el  supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía.

Labriola intervino en la megacausa contra el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré, que terminaron condenados. En ese proceso, el magistrado consideró que no hay “cosa juzgada” por más que los organismos de control se hayan expedido sin haber reprochado los actos de gobierno.

El planteo de los abogados defensores sostiene que Labriola ya tiene una opinión en contra de sus clientes. En los argumentos, recuerdan que el 3 de mayo pasado, en el marco de la megacausa denominada del “Sueño Entrerriano”,  el magistrado les rechazó un planteo que técnicamente se conoce como excepción por falta de acción.

Aunque finalmente esa recusación fue desestimada.

En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.

Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

La Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.

Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.

Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.

En tanto, se espera fijación de fecha para el segundo juicio por corrupción a Urribarri, el conocido como Sueño Entrerriano. La causa megacausa del Sueño Entrerriano  incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

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