El fiscal Federal Carlos García Escalada adelantó a que pedirán las imputaciones de los participantes en la choripaneada en calles Echeverría y Gobernador Crespo y del festejo en un local cercano a la peatonal San Martín, en Paraná. Enfrentarán acusaciones que conllevan penas que van desde los 6 meses a los dos años de cárcel.

“Hubo dos acontecimientos informados durante el fin de semana. La Fiscalía no tomó intervención porque esto ingresa a través del Juzgado Federal. Una vez allí, nos darán intervención para que decidamos qué es lo que corresponde hacer: requerir la instrucción, pedir medidas y generar las imputaciones correspondientes; desestimar las actuaciones o declarar la incompetencia”, explicó García Escalada a Apf.

Hasta ahora, los fiscales federales sólo han recibido la notificación de lo acaecido a través de la Policía provincial de la “choripaneada” que se detectó en calles Echeverría y Gobernador Crespo, de la que habrían participado unas treinta personas y que los vecinos denunciaron como fiesta electrónica, y en un local de San Martín y Colón, a metros de la peatonal.

“En estos casos, y solamente en base a la información recibida de manera informal, podemos adelantar que la Fiscalía va a requerir las medidas investigativas para determinar la identidad de las personas, qué hacían ahí y cuáles son los motivos que puedan alegar para justificar su presencia en ese lugar. En función de eso se harán las solicitudes al Juez (Federal, Leandro Ríos) para formular las imputaciones”, agregó.

Además, comentó que las medidas de aislamiento y todas las demás que ha dispuesto el Poder Ejecutivo nacional “tienen como objetivo evitar la propagación de una epidemia, en este caso la pandemia generada por el coronavirus. Violar estas medidas, hace incurrir al autor en el delito 205 del Código Penal”, reseñó García Escalada.

Esta infracción está contenida dentro del capítulo de los delitos contra la seguridad pública. El apartado en cuestión señalado por García Escalada fija: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.